El 23 de enero es un día clave para los venezolanos. La oposición espera que millones de personas salgan a las calles del país, pero también del mundo, para manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro, que asumió su segundo mandato el 10 de enero en medio de un gran repudio internacional por la ilegitimidad de su elección.
Liderados por Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y militante del partido político de Leopoldo López, Voluntad Popular, los opositores esperan tomar pacíficamente el país. Además, apuesta a que los millones y millones de venezolanos que dejaron el país espantados por la brutal crisis económica y la persecución política, hagan lo mismo en el exterior. Así, habrá marchas en Miami, Madrid, Berlín, Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México, entre otras decenas de ciudades.
El contexto es de alta tensión, porque además de la movilización opositora, habrá una del régimen chavista que llamó a concentrarse para "defender la revolución". "Yo sé que les van a dar la lata, pero después nos vemos en las calles de Venezuela", dijo Guaidó frente al Parlamento el lunes.
"Dar la lata" no es otra cosa que el aparato chavista en acción: movilizar gente a fuerza de amenaza de recortar planes sociales, subvenciones o recorte de empleo público. Es tan grande el entramado burocrático que desplegó el chavismo en los últimos 20 años que no hay un solo venezolano que no dependa -él mismo o algún familiar- del régimen: empleados públicos, pensionados, estudiantes, bolsas de comida, etc.
¿Cómo combatir ese aparato? La oposición ensaya una nueva respuesta. En los últimos años la unidad que los llevó a ganar la mayoría parlamentaria se desdibujó. Muchos emigraron, y los que quedaron tomaron diferentes caminos, entre los que apostaron a diálogos que siempre fracasaron y los que fueron más intransigentes. Claro que todos sufrieron y sufren persecuciones. Esta vez, parecen estar unidos. Y los que no comulgan, por lo menos no lo expresan públicamente.
La estrategia es lo que Guaidó llama "la ruta" y tiene tres etapas: "cese de usurpación, transición y elecciones libres". El contexto, por primera vez, los encuentra cobijados internacionalmente. Ni el Grupo de Lima, ni la OEA, ni la UE, ni los EEUU reconocieron el segundo mandato de Nicolás Maduro. Y la mayoría de estos países ya contactó a Guaidó para dejar en claro que la única autoridad legítima de Venezuela es la Asamblea Nacional.
"La ruta" es complicada. El régimen encuentra la manera de bloquear la difusión de la oposición en las redes sociales así que la estrategia incluye la comunicación directa. Así, proliferaron los cabildos abiertos donde los dirigentes hablan directamente con los ciudadanos y los mensajes ya no circulan por Twitter o Instagram, sino que se comparten en el boca en boca moderno, el Whatsapp.
En paralelo, el Parlamento declaró "usurpador" a Nicolás Maduro, acordó pedir a 46 países que no permitan al Gobierno chavista disponer de los activos y fondos de Venezuela en esos territorios, y dictó un decreto ley de amnistía para garantizar la "reinserción" de los funcionarios civiles y militares que ayuden a restaurar el orden constitucional.
El mensaje comenzó a calar. La situación estalló el lunes luego de que, en medio de intensos llamados de la oposición a la Fuerza Armada para que rompa con Maduro, 27 militares robaran armas de un cuartel y se atrincheraran en un destacamento en Cotiza (norte de Caracas), donde fueron detenidos.
El alzamiento, según la oposición, demuestra que los militares son venezolanos comunes, que sufren todas las penurias que sufre el resto y que tampoco quieren a Maduro. "No te estamos pidiendo que des un golpe de Estado, que dispares. Todo lo contrario, te estamos pidiendo que defiendas junto con nosotros el derecho del pueblo a ser libre", dijo Guaidó en un mensaje a los militares, difundido la noche del lunes.
Para la experta en temas militares Sebastiana Barráez, la amnistía -que también favorecería a funcionarios civiles- "puso en alerta al poder establecido. Le abre una puerta a aquellos militares que están hastiados de lo que sucede al interior de la FANB", dijo.
La FANB, que se dice chavista y antiimperialisa, asegura que está unida. Pero según la ONG Control Ciudadano, unos 180 efectivos fueron detenidos en 2018 acusados de conspirar, unos 10.000 militares pidieron la baja desde 2015 y más de 4.000 desertaron de la Guardia Nacional en 2018.
El Tribunal Supremo de Justicia, otra de las piezas determinantes de drama venezolano, ratificó su alineación chavista y declaró nula la nueva cúpula de la Asamblea Nacional y por lo tanto también cualquier norma que haya emanado de ella. Por lo tanto, para el régimen, Juan Guaidó está en desacato y la amnistía no tiene validez. La decisión suma tensión, porque aumenta el riesgo de que los líderes opositores terminen presos, o peor…
La jornada del 23 de enero, en definitiva, será el primer gran pulso en las calles tras las brutalmente reprimidas protestas que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio de 2017, en medio de la peor crisis en la historia moderna del país petrolero, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que el FMI proyecta 10.000.000% para 2019.
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