La asunción de Nicolás Maduro para un segundo período de Gobierno en Venezuela provocó una fuerte división entre la Iglesia venezolana y el Vaticano. Mientras que la primera se mostró crítica y consideró "ilegítima" la jura del dictador, la Santa Sede insiste en su política de no romper relaciones con ese Estado, como sí lo hicieron EEUU, la mayoría de los países de América Latina y la Unión Europea.
Este jueves, el Vaticano envió a un diplomático al acto de asunción de Maduro para el período 2019-2025. Se trata de monseñor George Koovakod, encargado de negocios de la Santa Sede, a quien el jefe de Estado venezolano le agradeció su presencia al inicio de su discurso.
El lunes pasado, tras las críticas de 20 ex presidentes, el papa Francisco ratificó que no piensa "interferir" en las crisis de Venezuela y Nicaragua.
El Sumo Pontífice subrayó que "la Santa Sede no busca interferir en la vida de los Estados" y dijo que su pretensión es "ponerse al servicio del bien de todo ser humano" y "trabajar por favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas".
Deseo que se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la persistente crisis política, social y económica en Venezuela (El papa Francisco)
Respecto a Venezuela, deseó "que se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la persistente crisis política, social y económica".
"Vías que consientan asistir, sobre todo, a los que son probados por las tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y de paz", agregó.
También agradeció a "Colombia, que, junto con otros países del continente, en los últimos meses ha recibido a un gran número de personas de Venezuela".
"No puedo dejar de agradecer los esfuerzos de muchos gobiernos e instituciones que, impulsados por un espíritu generoso de solidaridad y caridad cristiana, colaboran fraternalmente en favor de los migrantes", señaló.
La Iglesia venezolana alertó que la jura de Maduro es "ilegítima"
Los obispos venezolanos alertaron en la previa que "todas las dudas" enmarcan la jura que hizo Nicolás Maduro este 10 de enero, un nuevo mandato presidencial que la oposición y parte de la comunidad internacional no reconocen.
"¿Legítima?, ¿ilegítima? La historia, cuando sea el momento a través de los actores que propiciaron unas elecciones tan dudosas en un marco de ventajismo, dará su veredicto", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor José Luis Azuaje, al leer un comunicado ante periodistas.
Sostuvo, además, que el Gobierno de Maduro ha causado "un deterioro humano y social en la población y en las riquezas de la nación".
Así, un nuevo mandato de Maduro "se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable", añadió Azuaje al continuar la lectura del escrito, y en el marco de la Asamblea Ordinaria de la iglesia venezolana.
Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, atraviesa una grave crisis económica expresada en hiperinflación, fallos en los servicios públicos y escasez de alimentos y medicinas.
Se ha hecho ilegítimo y moralmente inaceptable (Monseñor Azuaje, sobre el nuevo mandato de Maduro)
"Con este racimo de deterioro, podemos imaginarnos los sufrimientos que tendrá que pasar el pueblo en un nuevo período de Gobierno, si no se ponen las correcciones necesarias que pasa por un cambio integral de política y de actores políticos", reiteró Azuaje.
Igualmente puntualizó que la Asamblea Nacional, cuya nueva directiva se instaló el sábado, es "el único órgano democrático vigente", al tiempo que exhortó a este cuerpo a trabajar "para que se recomponga el orden democrático desde el ámbito constitucional".
Pese a que insistió en dejar claro que el rol de la iglesia no es el de un actor político, Azuaje fue enfático en pedirle a los opositores venezolanos "consolidar una unidad política, dejar los intereses partidistas, los intereses personales para entrar en un interés social, del pueblo".
La Iglesia Católica venezolana ha mantenido tensas relaciones con el Gobierno chavista casi desde su instalación, en 1999, y ha sido considerada por la Administración de Nicolás Maduro como un agente político que apuesta a la desestabilización de Venezuela.
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