En una Venezuela democrática, y según la Constitución, el presidente legítimamente elegido debería jurar ante la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral del país. Pero desde 2015, cuando la oposición ganó la mayoría absoluta de los escaños, el régimen de Nicolás Maduro comenzó una carrera para quitarle poder.
Además de declarar a los diputados en "desacato" e intentar disolver el Parlamento por la vía judicial –sentencia que debió ser anulada ante la presión internacional-, erigió una fraudulenta Asamblea Constituyente, que lidera el sancionado por los EEUU por narcotráfico Diosdado Cabello. Tan irregular es esa Constituyente que Maduro decidió que se juramentaría ante el TSJ y no ante ellos, por eso los actos de hoy se desarrollaron en la Corte chavista.
El magistrado Maikel José Moreno Pérez, que ha estado dos veces preso por asesinato, es el presidente de ese Tribunal Supremo de Justicia, y el encargado de tomarle juramento a Nicolás Maduro.
El oscuro pasado del magistrado se remonta a la década de los 80, cuando era policía. El primer crimen ocurrió en 1987, en el estado de Bolívar, donde asesinó a balazos a una mujer. Solo estuvo preso dos años por el homicidio y cuando recuperó su libertad fue readmitido en las fuerzas de seguridad.
Pero reincidió. En 1989, cuando Moreno era oficial de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, fue declarado culpable de la muerte de Rubén Gil Márquez. Lo mató en un tiroteo en el centro de la capital. Fue destituido y encarcelado. Sin embargo, solo cumplió un año de su condena, por un beneficio procesal que lo dejó libre en 1990.
Enseguida comenzó a trabajar en el Poder Judicial y se graduó como abogado por la Universidad Santa María en 1995.
Moreno, quien como juez ratificó la condena por 14 de prisión a Leopoldo López, se desempeñaba como vicepresidente del TSJ desde 2015 y presidente de la Sala de Casación Penal desde 2014, hasta que Maduro lo promovió a presidente del cuerpo en febrero de 2017.
Su poder dentro del régimen es importantísimo: es que desde que Maduro anuló las competencias del Parlamento, el poder judicial chavista también legisla. Ahora, el ex convicto devenido en juez fue el encargado de "fiscalizar" la asunción de un presidente cuyo mandato es desconocido por más de 50 países del mundo, que denunciaron la ilegalidad del régimen.
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