El Tribunal Supremo venezolano en el exilio ordenó a la Fuerza Armada Bolivariana detener al dictador Nicolás Maduro

"Se declaró la destitución del cargo de Presidente de la República, existiendo un vacío institucional del poder Ejecutivo en Venezuela", afirmaron los magistrados, que además pidieron a la comunidad internacional una "intervención humanitaria"

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El Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) en el exilio ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana detener al dictador Nicolás Maduro, luego de dar a conocer el texto completo de la sentencia definitiva que lo condena a 18 años de prisión por el caso Odebrecht.

En un comunicado leído por Miguel Ángel Martín, presidente del Supremo en el exilio, recordó que la decisión fue avalada el pasado 21 de agosto por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

"Se declaró la destitución del cargo de Presidente de la República, existiendo un vacío institucional del poder Ejecutivo en Venezuela", afirmó Martín en un video.

El Supremo en el exilio agregó que no es momento de dialogar con el régimen de Nicolás Maduro: "Un diálogo en estos momentos constituye una burla para el pueblo de Venezuela, toda vez que el régimen ha cerrado toda posibilidad de un acuerdo negociado en el país".

En otro orden, enviaron un mensaje a la comunidad internacional: "Le pedimos aplicar el principio de proteger a los venezolanos a través de una intervención humanitaria".

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro

El TSJ en el exilio condenó en agosto pasado a Maduro a 18 años y 3 meses de prisión por delitos de corrupción. El mandatario chavista también deberá resarcir al Estado con 35 millones de dólares, al tiempo que queda inhabilitado para ejercer cargos públicos.

La sentencia, que fue emitida desde el Congreso de Colombia, en Bogotá, se dio en el marco de la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela.

"Aquí hay un ejemplo de que sí se puede condenar a los corruptos y rescatar el patrimonio que ha desaparecido de las arcas de nuestro país. Y si hay países y organismos internacionales dispuestos a ayudar a nuestra República", manifestó en su momento el magistrado Miguel Ángel Martín.

"Cada magistrado tuvo el valor de decidir de manera individual e imparcial. No hay que ser abogado para entender las pruebas, para ver si las pruebas demuestran un hecho punible o no. De las pruebas surgió que mucho dinero involucrado en obras grandes desapareció del país sin que se hubieran construido las infraestructuras", señaló el TSJ tras el fallo.

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