Jueces supremos venezolanos en el exilio: "Hace años que los crímenes de lesa humanidad ocurren todos los días en Venezuela"

Desde Washington. Luego de la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), principal ámbito de político de discusión del continente y frente a la resolución que tomó el organismo sobre Venezuela, los magistrados del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela que funciona en el exilio, Gabriel Calleja y Ramsis Ghazzaoui, afirman que "los venezolanos y el mundo abogan por un 'cambio', con garantías y sin exclusiones para resolver la crisis institucional que vive el país, la peor de su historia y la difícil situación política, económica y social que vive el país".

Ambos, fueron sometidos a una implacable persecución política por parte del Gobierno de Venezuela luego de ser designados Magistrados por el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional de Venezuela.  

-¿Cuál es el cambio que debe producirse en Venezuela?

Gabriel Calleja: El cambio no se puede establecer sin tener en cuenta el clamor de los legítimos titulares de la soberanía en Venezuela, "el pueblo" que a través de sus distintos modos de expresión de su voluntad activa (referendo, consulta popular, elecciones) o pasiva (abstención) están enviando un mensaje claro inequívoco al gobierno, la oposición y a todos los países de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y sus instituciones. 

-¿Cómo se encuentra la situación institucional de la República de Venezuela?

Ramsis Ghazzaoui: En nuestras sentencias se ha enfatizado que "El Estado Venezolano, actualmente carece de la separación de poderes y de la autonomía necesaria para procurar la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, generando en consecuencia que los tribunales de instancias, cuyos jueces en un 90% son provisorios o temporales, estén a la orden del poder ejecutivo para mantener un control político.

-Frente a esta situación, los juzgados inferiores de Venezuela, cómo se desenvuelven frente a tal atropello institucional

RG: El Gobierno de Nicolás Maduro haciendo uso de un "Tribunal Supremo de facto" -el cual está subordinado públicamente a una Asamblea Nacional Constituyente designada de manera fraudulenta por no haberse convocado su aprobación vía del referendo consultivo-, ha pretendido otorgar el carácter de legalidad a una serie de actos írritos con el único objetivo de mantener al  Gobierno en el poder, instaurando un régimen de opresión contra todas aquellas personas o representantes de los organismo públicos que disientan de sus acciones o políticas.

-¿Este proceso constituyente, se encuentra legitimados?

GC: El proceso constituyente está viciado, fue declarado oportunamente nulo e inexistente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que integran estos magistrados, por cuanto este proceso atenta contra los valores que la sociedad venezolana y el derecho internacional de derechos humanos ha establecido como inherentes a la persona humana tales como: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, entre otros. 

-Frente a esta descripción, ¿cómo se encuentra la situación constitucional?

El Poder Ejecutivo, el consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional Constituyente, creada de manera sagaz, para secuestrar las funciones y por vía de consecuencia, la autonomía de todos los poderes públicos que conforman la estructura del Estado, cometen un fraude constitucional continuado, con la convocatoria a unas elecciones presidenciales ilegitimas.

-¿Cuál es la situación de la sociedad civil y de derechos humanos en su país?

GC: No hay que olvidar las persecuciones por razones políticas, la represión de la población civil en el ejercicio a su derecho a manifestar, las muertes, lesiones, privaciones ilegítimas de libertad, entre otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que vienen ocurriendo desde hace años todos los días en Venezuela, como reacción a la disidencia por parte de los venezolanos contra las aberraciones y arbitrariedades cometidas por el Gobierno de Nicolás Maduro, la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente,  el Tribunal Supremo de facto, la Fiscalía de facto y una Fuerza Armada Nacional amparada de sus deberes constitucionales que convierten  a Venezuela  en un Estado forajido y  fallido.

-¿Qué resoluciones han tomado en este tiempo en el exilio?

RG: nuestras sentencias han declarado que la "desobediencia civil" prevista en la Carta Magna, emerge como un acto de protección de la totalidad el cuerpo Constitucional que comprende el "derecho y el deber a rebelarme"; "derecho y deber a desobedecer"; "derecho y el deber a resistirme ";  y "derecho y deber a ser insurgir" y el "derecho y el deber a la lucha por la Independencia". Esta doble dimensión está recogida en palabras de Lafayette al expresar que "cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes" así como también lo proclamó Simón Bolívar al decir: "Cuando la tiranía se hace Ley la rebelión es un derecho".

-¿La comunidad internacional acompaña la lucha por el derecho y las libertades en Venezuela?

GC: Nos encontramos acompañados por la comunidad internacional en todas las muestras de rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, al proceso de elecciones sin garantías, a la ausencia de separación de poderes,  a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro a aceptar la ayuda humanitaria, a la violación de los derechos humanos, estén recogidas en distintas manifestaciones de Organizaciones Internacionales, Gobiernos y Parlamentos y especialmente en el informe  del  "Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis en Venezuela"; el informe de la "Comisión Interamericana de Derechos Humanos" sobre la situación de Venezuela ; el  llamado de ACNUR para el apoyo de los migrantes; el acuerdo del Grupo de Cancilleres de lima;  el informe del Parlamento Europeo;  el informe de expertos de la OEA sobre los delitos de lesa humanidad; y más reciente la resolución de rechazo de la Asamblea Ordinaria de la OEA sobre las elecciones presidenciales de la OEA.

Ambos magistrados manifestaron en diálogo con Infobae que están comprometidos a restituir la democracia participativa y protagónica, con división e independencia del Poder Público Nacional y en especial el Poder Judicial, "para reivindicar el Estado democrático social de derecho y de justicia; así como también alcanzar la defensa y desarrollo de la persona humana, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo conforme lo dispone Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos".

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