La Unión Europea dio este miércoles luz verde a nuevas sanciones contra funcionarios chavistas, acordadas tras la celebración de la última elección presidencial en Venezuela, considerada "fraudulenta" por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional. Sin embargo, la decisión de aplicar esas medidas la deben confirmar formalmente los cancilleres europeos el lunes, indicó a la agencia AFP una fuente europea.
Los representantes de los 28 países europeos ante la UE en Bruselas apoyaron por unanimidad la decisión de imponer sanciones que, según explicó en mayo una fuente diplomática, se centrarán principalmente en "los actores vinculados a la organización" de la presidencial.
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, renovó su cargo después que el 20 de mayo obtuviera el 68% de los sufragios emitidos en una elección presidencial anticipada, que los principales partidos de la oposición boicotearon al considerarla fraudulenta.
Ocho días después, los cancilleres europeos durante su reunión mensual se comprometieron a imponer "rápidamente" nuevas sanciones contra responsables venezolanos, al considerar que los resultados "carecen de credibilidad" por lo que pidieron "nuevas elecciones presidenciales".
Una fuente diplomática europea explicó recientemente que el nuevo paquete de sanciones consiste en añadir 11 nuevos nombres a la lista de personas a las que se les prohíbe viajar a la UE y a las que se le congelan los activos en el bloque, aunque no especificó su identidad.
En enero, los europeos sancionaron a siete personas por menoscabar, a juicio de la UE, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en este país latinoamericano, sumido en una profunda crisis política y económica.
Entre los sancionados entonces figura la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, flamante presidente de la oficialista Asamblea Constituyente.
En noviembre, los 28 países europeos aprobaron su primer paquete de sanciones, consistentes en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la "represión interna", preocupada por la situación en el país tras la manifestaciones opositoras que dejaron 125 muertos en cuatro meses en 2017.
Con información de AFP
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