El 14 de junio de 2017 las firmas Apollo y Frontier presentaron a Petróleos de Venezuela (PDVSA) una propuesta para la reestructuración de la deuda de Citgo-Citgo Holding, filial de la estatal venezolana en Estados Unidos.
La presentación se realizó ante la junta directiva de la petrolera estatal, conformada por Eulogio Del Pino (presidente); Maribel Parra (VP-Ejecutivo); Delcy Eloina Rodríguez (Vicepresidente, y actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente); Mariany Gómez (VP); César Triana (V.P); Nelson Ferrer (VP); Yurbis Gómez (Directora Externa; Wils Rangel (Director Externo); Ricardo Menéndez (Director Externo); Rodolfo Marcos Torres (Director Externo); José Pereira (Presidente Internacional de Citgo); Vicky Zárate (Consultora Jurídica de Pdvsa).
El proyecto debía ser firmado previo a una revisión por parte de la Consultoría de Pdvsa. De acuerdo a evidencias publicadas por la periodista venezolana Maibort Petit en su blog, la propuesta de refinanciamiento de la deuda de Citgo con las firmas Frontier y Apollo finalmente fue aprobada por la petrolera en junio de 2017.
Es decir, la directiva de Pdvsa conocía los términos de la reestructuración.
Sin embargo, agobiado por las acusaciones internas y externas, el régimen chavista apuntó contra dirigentes de Citgo. El fiscal general, designado por la Asamblea Constituyente, Tareck William Saab, acusó a seis directivos de la compañía en el marco de ese caso.
José Ángel Pereira Ruimwyk, presidente de la filial, y los vicepresidentes, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano, fueron detenidos por las autoridades chavistas acusados de corrupción.
Durante una rueda de prensa desde el Ministerio Público del 21 de noviembre de 2017, Saab anunció que altos funcionarios de Citgo habían firmado contratos que comprometían el futuro de la filial de Pdvsa.
Detalló, además, que se les imputaron los cargos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.
El fiscal chavista sostuvo que la gerencia de Citgo, "valiéndose de su investidura, firmó un acuerdo internacional con dos empresas financieras", e indicó que el contrato se hizo para "solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para PDVSA".
Segú lo señalado por Maibort Petit en su reporte, "la normativa señala que le corresponde a PDVSA como el accionista de CITGO reportar al Ministerio y al Ejecutivo".
"CITGO estaba obligado a pedir aprobación a PDVSA", concluye.
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