WASHINGTON.- Wuilly Arteaga fue detenido el 27 de julio de este año en Caracas. Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo subieron a una tanqueta junto con otros detenidos durante una marcha contra el proyecto chavista, entonces en ciernes, de convocar a una Asamblea Constituyente. Ese día empezó para él un calvario. Lo ataron y golpearon, lo llevaron preso al Fuerte Tiuna, donde le quemaron el pelo con un encendedor, y siguieron luego nuevos traslados y nuevas golpizas. Fue interrogado y humillado durante días. Según su propio testimonio, con el objeto de saber si líderes de la oposición le pagaban por protestar contra el régimen. Finalmente fue liberado en un parque de Caracas el 15 de agosto, con una pesada carga de acusaciones falsas en su contra. Pocos días después huyó de la Venezuela de Nicolas Maduro.
El de Arteaga es uno de los casos más conocidos y comentados de los últimos meses. Fue ampliamente difundido por la prensa internacional como emblema de la brutalidad creciente y de los abusos cada vez más arbitrarios del chavismo. Pero este violinista de 23 años, ex integrante del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, es apenas una más de las muchísimas víctimas de la violencia que ejerce el gobierno de Maduro en su radicalización política y su uso de la represión contra opositores al régimen bolivariano.
El desolador panorama de opresión, abuso e impunidad durante 2017 fue exhaustivamente documentado por la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en forma conjunta con el Foro Penal de Venezuela (FPV), en un informe lapidario que da cuenta de una situación de extrema gravedad. Registra 88 casos, incluido el de Arteaga, que afectan a al menos 314 personas. Todos fueron minuciosamente relevados y confirmados y el detalle está contenido en el trabajo "Arremetida contra opositores, brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela", presentado hoy en la sede de HRW en esta capital.
Una de las conclusiones centrales del informe es que los abusos formaron parte de una "práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas", lo que está sostenido por el hecho de que fueran generalizados y cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas y en múltiples lugares en trece estados del país y en la capital.
Más aún, HRW señala responsabilidades directas de la cúpula política y militar del régimen. "Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles", observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización de derechos humanos. "No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas", abundó.
Más concretamente, el informe señala al presidente Maduro entre los funcionarios que "no han adoptado medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por sus subordinados". También incluye -entre otros- al mayor general José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana; al general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa; al mayor general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; al general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana, y al mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
A lo largo de 73 páginas profusamente nutridas por el testimonio crudo de las víctimas, el informe denuncia que entre abril y septiembre de 2017 hubo "actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas". Consigna que esa fue la reacción brutal del chavismo contra las masivas marchas opositoras de este año y sostiene que, por su violencia, "la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela".
Además de las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra la disidencia los testimonios dan cuenta de tormentos que incluyeron la utilización de descargas eléctricas, golpizas brutales, privación de sueño, asfixia, abusos sexuales con violación en algunos casos y prácticas como ser colgados en posiciones incómodas y forzadas. La mayoría de los abusos, detalla, tuvieron lugar en bases de la Guardia Nacional Bolivariana o en sedes del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
El trabajo fue presentado por Vivanco y Tamara Taraciuk Broner, quien integró el equipo de HRW que investigó la situación en Venezuela y supervisó la elaboración del informe. En diálogo con Infobae, Taraciuk Broner dijo que la importancia de registrar, verificar y documentar los abusos radica en el hecho de que el gobierno de Maduro "no tiene ninguna intención" de frenar la represión. "Si Venezuela no está hoy en los titulares no es porque haya terminado la represión sino porque cesaron las marchas", señaló.
El objetivo último del relevamiento, según la responsable de HRW, es darle material a la comunidad internacional para que cuente con información precisa sobre la magnitud de los abusos que tuvieron lugar este año.
"Es necesario documentar y difundir lo que está pasando para que los responsables sean llevados ante la justicia y para que la presión internacional contenga una señal clara al régimen de que estos abusos no van a ser tolerados", enfatizó Taraciuk Broner. La fiscalía de la Corte Penal Internacional recibió copia del informe de HRW, al igual que la OEA, que lleva adelante su propia investigación sobre los abusos cometidos por el chavismo.
En las consideraciones iniciales el informe señala que "miembros de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno (llamadas "colectivos" en Venezuela) atacaron a manifestantes en las calles, empleando fuerza extrema y en ocasiones letal, provocando decenas de muertes y cientos de heridos". Añade que "las autoridades detuvieron a miles de manifestantes y transeúntes, muchos de los cuales fueron luego procesados por tribunales militares".
Sobre la bases de su investigación, HRW y el Foro Penal afirman además que "la represión se ha extendido más allá de las protestas, y agentes de inteligencia del gobierno se han llevado a personas de sus viviendas o las han detenido en la vía pública, incluso mientras no se estaban produciendo manifestaciones". Según el informe, "una vez detenidos, agentes del gobierno han sometido a los opositores a abusos que incluyeron desde golpizas violentas hasta torturas con descargas eléctricas, asfixia y otras tácticas".
En muchos casos el informe utiliza pseudónimos para referirse a víctimas del chavismo, para evitar posibles represalias contra ellos o sus familias y para no poner en riesgo la pesquisa. Con esos mismos objetivos, y contrariamente a la práctica habitual de la organización, HRW optó por no contactar a las autoridades locales ni llamar la atención sobre su trabajo en territorio venezolano. Una vez concluida la investigación, la organización le envió a varios ministros de Maduro las principales conclusiones del trabajo, a fin de que pudieran comentar. Nadie respondió desde Caracas.
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