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No quedó claro si el esfuerzo diplomático era un intento genuino de la Casa Blanca de abordar la difícil situación del migrante Kilmar Armando Abrego Garcia.
El gobierno de Donald Trump envió recientemente una nota diplomática a funcionarios de El Salvador para preguntarles sobre la liberación de un migrante salvadoreño sobre quien la Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado a funcionarios del gobierno que lo ayuden a liberar, según tres personas con conocimiento del asunto.
Pero el gobierno autoritario de Nayib Bukele, líder de El Salvador, se negó, dijeron dos de las personas. El gobierno de Bukele afirmó que el hombre debía permanecer en El Salvador porque era ciudadano salvadoreño, según una de esas personas.
Seguía sin estar claro si el esfuerzo diplomático era un intento auténtico de la Casa Blanca de abordar la difícil situación del migrante, Kilmar Armando Abrego Garcia, sobre quien funcionarios del gobierno estadounidense han reconocido en varias ocasiones que fue expulsado indebidamente a El Salvador el mes pasado, en violación de una orden judicial que prohibía expresamente su envío allí.
Algunos expertos en derecho sugirieron que la secuencia de acontecimientos podría haber sido un intento por parte de los funcionarios de guardar las apariencias de estar cumpliendo la reciente sentencia de la Corte Suprema que ordenaba a la Casa Blanca "facilitar" la liberación de Abrego Garcia.
La revelación de la nota aumenta la confusión sobre los esfuerzos del gobierno de Trump para liberar a Abrego Garcia y sobre si este está intentando cumplir las órdenes judiciales. Aunque el gobierno parecía estar trabajando en privado para conseguir la liberación de Abrego Garcia, ha expresado públicamente su renuencia a traerlo de vuelta a Estados Unidos.
La revelación se produjo apenas unas horas después de que el presidente, dando marcha atrás respecto a declaraciones anteriores de su gobierno, dijera en una entrevista con ABC News que tenía capacidad para traer de vuelta a Abrego Garcia. El presidente añadió que no creía que Abrego Garcia fuera una buena persona y que los abogados de su gobierno terminarían por decidir. El Departamento de Justicia también tiene de plazo hasta principios de la próxima semana para proporcionar información sobre lo que ha hecho para conseguir su libertad.
La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre la nota diplomática. Una portavoz del Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios. Una portavoz de Bukele no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declinó el miércoles decir si el Departamento de Estado había estado en contacto con El Salvador sobre la liberación y devolución de Abrego Garcia.
"Nunca te lo diría", dijo Rubio durante una sesión de preguntas y respuestas de una reunión de gabinete con Trump. "¿Y sabes a quién tampoco se lo diría nunca? A un juez. Porque la dirección de nuestra política exterior pertenece al presidente de Estados Unidos y al poder ejecutivo. No a un juez".
En un comunicado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: "En el Despacho Oval, el presidente Bukele dejó muy claro que no volverá a introducir en Estados Unidos a Abrego Garcia, quien es un terrorista extranjero designado, miembro de la banda MS-13 y ciudadano de El Salvador".
La juez Paula Xinis, quien supervisa el caso de Abrego Garcia en el Tribunal Federal de Distrito de Maryland, ha abierto una investigación sobre el caso. Está investigando si los funcionarios de Trump actuaron de mala fe al ignorar tanto sus instrucciones como las de la Corte Suprema de trabajar para liberar a Abrego Garcia y obtener para él el tipo de garantías procesales que se le habrían concedido si no hubiera sido enviado injustamente a El Salvador el 15 de marzo.
Xinis, tras poner esa investigación en una vía rápida extraordinaria de dos semanas, la suspendió abruptamente la semana pasada después de que el gobierno de Trump pidiera un aplazamiento tras revelar que el Departamento de Estado había "entablado las conversaciones diplomáticas oportunas con El Salvador en relación con Abrego Garcia".
El martes, el Departamento de Justicia solicitó un aplazamiento adicional, pero Xinis rechazó la petición tras un procedimiento judicial sellado el miércoles.
De este modo, el gobierno sigue teniendo de plazo hasta el lunes para proporcionar a los abogados de Abrego Garcia información detallada sobre quién autorizó su detención en El Salvador y qué medidas ha adoptado y piensa adoptar la Casa Blanca para conseguir su puesta en libertad. Los abogados también tomarán declaración, a más tardar el 9 de mayo, a cuatro asesores de Trump, entre ellos Michael G. Kozak, funcionario del Departamento de Estado.
Stephen Miller, arquitecto del programa político interno de Trump, y la fiscala general, Pam Bondi, habían dicho que, dado que Abrego Garcia se encontraba en una prisión salvadoreña, la responsabilidad de su liberación recaía únicamente en Bukele. El Departamento de Justicia ha argumentado que estaría cumpliendo la orden de la Corte Suprema de facilitar el regreso de Abrego Garcia simplemente al dejarlo entrar en Estados Unidos si alguna vez llegara a un puerto de entrada.
Sentado junto a Trump en el Despacho Oval este mes, Bukele dijo que no liberaría a Abrego Garcia, argumentando que sería similar a liberar a un terrorista.
Pero en la entrevista que concedió el martes a ABC News, Trump reconoció que él sí tenía poder para traer de vuelta a Abrego Garcia. Dijo que su gobierno, concretamente los abogados de su gobierno, simplemente no querían hacerlo.
"No soy yo quien toma esta decisión", dijo Trump en la entrevista. "Tenemos abogados que no quieren hacerlo".
Stephen I. Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo que la Corte Suprema había dado a Trump "una salida elegante" del embrollo legal que implicaba a Abrego Garcia al ordenarle simplemente que tomara medidas para solicitar la liberación del migrante de la custodia extranjera. La nota diplomática podría haber satisfecho las exigencias de la Corte Suprema, aunque de forma extremadamente limitada, añadió.
"Pero, como de costumbre, el presidente es su peor enemigo en los tribunales", dijo Vladeck. "Cuando el presidente dice públicamente que hay cosas que puede hacer, pero decide no hacerlas, creo que cualquier juez federal o magistrado de la Corte Suprema que se precie puede llegar a ordenarle que las haga. Creo que si el presidente hubiera mantenido la boca cerrada, el caso del gobierno habría sido mucho más sólido".
Abrego Garcia entró de manera ilegal en Estados Unidos en 2012 y fue detenido en 2019 mientras buscaba trabajo ocasional a las puertas de un Home Depot en los suburbios de Maryland. Los propios funcionarios de carrera del gobierno han reconocido en escritos judiciales que incluirlo en una serie de deportaciones a El Salvador el mes pasado fue un "error administrativo".
En octubre de 2019, un juez de migración dictaminó que Abrego Garcia no podía ser deportado a El Salvador porque podía sufrir violencia o persecución por parte de una pandilla, Barrio 18. Se le permitió permanecer en Estados Unidos y se le concedió un permiso de trabajo.
Pero Trump y sus asesores han dicho en las últimas semanas que estaban en lo correcto al deportarlo a El Salvador. Aunque se han enfrentado a la presión de los tribunales para que devuelvan a Abrego Garcia, el gobierno ha intentado ganar la batalla de la opinión pública difundiendo fotos en las redes sociales de los tatuajes de Abrego Garcia, incluida una etiqueta manipulada que decía que los símbolos de su mano estaban relacionados con la banda MS-13.
Los tatuajes en sí parecen reales, pero algunos expertos en las pandillas han puesto en duda que sean realmente símbolos de la MS-13, o que los tatuajes en general sean pruebas fiables para identificar a miembros de bandas.
Michael S. Schmidt es reportero de investigación para el Times y cubre Washington. Su trabajo se centra en seguir y explicar investigaciones federales de alto nivel.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
Zolan Kanno-Youngs es corresponsal de la Casa Blanca para el Times, y cubre al presidente Trump y su gobierno.
Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.
Maria Abi-Habib es corresponsal de investigación radicada en Ciudad de México y cubre América Latina.
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