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La presidenta de Honduras ha sido la primera dirigente de la región en plantear una respuesta concreta al plan de Trump de las deportaciones. Los secretarios de Relaciones Exteriores de su país y de México se reunirán para discutir sus acciones.
La presidenta de Honduras amenazó con expulsar al ejército estadounidense de una base que construyó hace décadas en el país centroamericano si el presidente electo Donald Trump lleva a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados desde Estados Unidos.
La respuesta de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en un discurso transmitido por radio y televisión el miércoles, fue la primera oposición concreta de un dirigente de la región al plan de Trump de devolver a millones de ciudadanos latinoamericanos que viven en Estados Unidos.
La amenaza se produjo cuando los ministros de Asuntos Exteriores tenían previsto reunirse a finales de este mes para abordar la cuestión de las deportaciones.
"Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar", dijo Castro.
"Sin pagar un centavo, por décadas", añadió, "mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras".
El secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, dijo después en una entrevista radiofónica que la presidenta hondureña tenía potestad para suspender sin la aprobación del Congreso del país un acuerdo de décadas con Estados Unidos que le permitió construir la base aérea Soto Cano y operar desde allí la mayor fuerza militar estadounidense en Centroamérica.
La medida supondría graves riesgos para el pequeño país, que depende de Estados Unidos como principal socio comercial y fuente de ayuda humanitaria.
Will Freeman, especialista en estudios sobre América Latina del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, dijo, refiriéndose a la declaración de la presidenta hondureña: "Me sorprendió un poco su arrojo".
Un portavoz del equipo de transición de Trump, Brian Hughes, respondió a la advertencia de Castro, diciendo en un comunicado: "El gobierno de Trump espera comprometerse con nuestros socios latinoamericanos para garantizar que nuestra frontera sur sea segura y que los inmigrantes ilegales puedan ser devueltos a su país de origen".
Trump prometió deportar rápidamente a los inmigrantes indocumentados cuando asuma el cargo, pero su equipo de transición no ha compartido ningún plan concreto, lo que ha levantado dudas en los gobiernos latinoamericanos incluso mientras intentan prepararse. Trump también prometió imponer un arancel del 25 por ciento a México y Canadá si no detenían el flujo de inmigrantes y fentanilo hacia Estados Unidos.
La mayoría de los gobiernos de América Latina, incluido el de México, se han esforzado por mantener una buena relación con Trump, aunque han tratado de hacer hincapié en las contribuciones que sus ciudadanos hacen a la economía estadounidense, sea cual sea su situación legal.
Esta semana, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reiteró "nosotros siempre vamos a defender que las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos. No comería Estados Unidos si no fuera por las y los trabajadores del campo mexicanos".
Los gobiernos también han intentado tranquilizar a sus ciudadanos en Estados Unidos asegurándoles que se están preparando para cualquier expulsión a gran escala. Honduras ha dicho que establecerá consulados móviles, y México creó una aplicación en línea para que sus ciudadanos alerten a las autoridades consulares si corren riesgo inminente de ser detenidos.
El viernes, en un cambio aparente respecto a su objetivo anterior de llegar a un acuerdo con Trump para evitar recibir a esos migrantes, Sheinbaum también sugirió que México podría acoger a deportados de otros países, aunque reiteró que su gobierno no estaba de acuerdo con las deportaciones masivas.
"Vamos a solicitar a Estados Unidos que, en la medida de lo posible, los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen y, si no, nosotros podemos colaborar a través de distintos mecanismos", dijo Sheinbaum.
"Ya habrá tiempo de hablar con el gobierno de Estados Unidos si realmente ocurren estas deportaciones", agregó. "Pero aquí los vamos a recibir; los vamos a recibir bien, y tenemos un plan".
Los gobiernos de la región dependen de las remesas de los inmigrantes en Estados Unidos. Representan hasta el 25 por ciento de la economía de Honduras. Se calcula que más de medio millón de hondureños indocumentados --alrededor del 5 por ciento de la población de Honduras-- vivían en Estados Unidos en 2022, según el Centro de Investigaciones Pew.
Desde la década de 1980, una fuerza especial estadounidense opera desde Soto Cano, una base aérea propiedad del gobierno hondureño en Comayagua, localidad situada a unos 80 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Fue construida originalmente por Estados Unidos en la década de 1980 para ayudar a contener la amenaza comunista en la región.
Soto Cano acoge actualmente a más de mil militares y civiles estadounidenses, dijo el viernes una portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.
"Somos huéspedes del gobierno hondureño en una base hondureña", dijo la portavoz, la capitana Hillary Gibson.
Aunque la fuerza especial ha desempeñado un papel en la lucha contra el narcotráfico, dijo Gibson, últimamente se ha centrado en la ayuda en caso de catástrofe y en la gestión de ayuda humanitaria.
La embajada de Estados Unidos en Honduras no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El ejército estadounidense mantiene presencia en bases de otros países de la región, entre ellos El Salvador, aunque éstas cuentan con menos soldados estadounidenses que Soto Cano.
Aunque muchos hondureños celebraron las declaraciones de Castro, algunos funcionarios electos intentaron distanciarse de la presidenta. Varios miembros del Congreso señalaron la necesidad de dialogar con el gobierno de Trump e indicaron que expulsar a los militares estadounidenses de la base no impediría que Trump llevara a cabo deportaciones masivas.
Reina, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo el jueves que Honduras tenía la intención de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Pero respaldó las declaraciones de la presidenta, y afirmó que si se producen deportaciones masivas que violan los derechos de los migrantes, los dirigentes del país tenían "todo el derecho" de replantear su relación con Estados Unidos.
Reina también anunció en las redes sociales que los dirigentes de Honduras y México habían convocado la reunión de ministros de Asuntos Exteriores para hablar de las deportaciones masivas. La publicación iba acompañada de una foto de Castro tomada de la mano con Sheinbaum.
Freeman, el especialista en estudios sobre América Latina del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que, dijo que la postura del gobierno hondureño había sido una sorpresa porque, si bien Castro había adoptado recientemente lo que describió como un enfoque de confrontación pública con Estados Unidos --incluida la decisión de poner fin a un antiguo tratado de extradición--, el país seguía siendo su mayor socio comercial. Y Castro era conocida por "jugar amistosamente" a puerta cerrada con el embajador estadounidense, dijo, tratando de obtener el apoyo permanente de Estados Unidos. incluida la ayuda humanitaria en torno a la crisis migratoria.
También dijo que también resultaba sorpresivo que Castro adoptara esta postura antes de que Trump asumiera el cargo, sobre todo a la luz de las declaraciones de Marco Rubio, el senador republicano por Florida elegido por Trump para ocupar el cargo de secretario de Estado.
Rubio había advertido que Honduras, bajo el gobierno de Castro, podría convertirse en "la próxima Venezuela", dijo Freeman, donde una crisis en espiral bajo el gobierno autoritario de Nicolás Maduro ha provocado migraciones masivas.
"Creo que agriará la relación, que ya habría sido agria, con el gobierno de Trump", dijo Freeman. "Y no veo que estos países del norte de Centroamérica estén en condiciones de influir mucho en Estados Unidos sobre la forma de la política migratoria".
"Ahora bien, México", añadió, "es una historia totalmente diferente".
Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas plenas con algunos países de la región, como Venezuela y Cuba, que se han enfrentado a duras sanciones estadounidenses. En consecuencia, es poco probable que estos países acepten un gran número de vuelos de deportación.
Emiliano Rodríguez Mega colaboró con reportería.
Annie Correal reporta desde Estados Unidos y América Latina para el Times. Más de Annie Correal
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