El presidente destituido de Corea del Sur resiste un intento de detención

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Tras ser bloqueados por guardaespaldas en un enfrentamiento que duró horas, las autoridades se retiraron sin cumplir la orden judicial de detener al presidente Yoon Suk Yeol para interrogarlo por cargos de insurrección.

Cuando un centenar de investigadores criminales y agentes de policía entraron el viernes por la mañana a un complejo ubicado en una zona boscosa del centro de Seúl, intentaban lograr algo que nunca antes se había hecho en Corea del Sur: detener a un presidente en funciones.

Primero, atravesaron dos bloqueos formados por vehículos aparcados y personas. Luego, cuando se acercaron a menos de 200 metros del edificio donde se creía que estaba refugiado el presidente Yoon Suk Yeol, se encontraron cara a cara con una barrera aún más grande: 10 autobuses y coches junto con 200 soldados de élite y guardaespaldas pertenecientes al Servicio de Seguridad Presidencial de Yoon. Mientras los investigadores intentaban en vano abrirse paso y presentar una orden judicial para llevarse a Yoon, se produjeron pequeños altercados.

Se permitió a tres fiscales acercarse al edificio. Pero ahí los abogados de Yoon les dijeron que no podían entregar la orden porque había sido emitida "ilegalmente", según funcionarios que informaron a los medios de comunicación sobre lo ocurrido dentro del recinto.

Superados en número, los 100 funcionarios se retiraron tras una confrontación de cinco horas y media.

"Es muy lamentable", dijo en un comunicado la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios, organismo gubernamental independiente que dirigió la redada del viernes en el complejo presidencial. Acusó a Yoon --quien ya fue suspendido de su cargo tras ser destituido por el Parlamento el mes pasado-- de negarse a cumplir una orden judicial. "Debatiremos cuál debe ser nuestro siguiente paso".

El fracaso a la hora de hacer comparecer al profundamente impopular presidente intensificó una creciente sensación de impotencia entre los surcoreanos, exacerbada por la aguda polarización política del país. La nación parece estar a la deriva y distraída por luchas internas en un momento en que enfrenta grandes desafíos, dentro del país y en el ámbito internacional.

Ya existe incertidumbre en torno a su alianza con Estados Unidos, mientras el impredecible Donald Trump se prepara para volver a la Casa Blanca. Corea del Norte, enemiga de Seúl desde hace décadas, ha intentado ganar puntos propagandísticos con el atolladero político del Sur, y sus medios de comunicación estatales han informado de que su vecino se encontraba en una "parálisis de su administración estatal y una espiral de confusión sociopolítica".

Y, en el país, el accidente de un avión de pasajeros de Jeju Air, en el que murieron 179 de las 181 personas que iban a bordo el domingo, se ha sumado a una lista de problemas que van desde huelgas laborales generalizadas hasta el aumento de las deudas de los hogares. El jueves, el Ministerio de Hacienda rebajó drásticamente su previsión de crecimiento para 2025.

El Tribunal Constitucional está deliberando si quitar a Yoon, quien fue destituido el 14 de diciembre por la Asamblea Nacional. Esto se produjo después de que declarara abruptamente la ley marcial 11 días antes, lo que provocó la indignación nacional y llamamientos a su destitución.

El viernes, el asediado Yoon prometió luchar para volver al cargo a través del juicio del Tribunal Constitucional y demostró que no tenía intención de someterse voluntariamente a investigaciones penales. Yoon se enfrenta a acusaciones de haber cometido insurrección al enviar soldados armados a la Asamblea Nacional durante su efímero gobierno militar.

Al negarse a cumplir la orden, Yoon "añadía más razones por las que debería ser destituido del cargo mediante un juicio político", dijo Lim Ji-bong, profesor de Derecho de la Universidad Sogang de Seúl.

"Puede que piense que hoy ha sobrevivido, pero lo que ha hecho hoy no le sentaría muy bien a los magistrados del Tribunal Constitucional y a los jueces que en algún momento juzgarían su caso de insurrección".

Yoon no es el primer político surcoreano que ha desafiado las órdenes judiciales de detención. En 1995, los fiscales querían interrogar al exdictador militar Chun Doo-hwan por cargos de insurrección y motín derivados de su papel en el golpe de estado de 1979 y en la masacre de manifestantes del año siguiente. Él desafió la citación y se fue a su ciudad natal, en el sur, seguido por una multitud de partidarios.

Los fiscales lo persiguieron hasta allí. Tras un enfrentamiento nocturno, Chun se entregó.

Pero, a diferencia de Yoon, Chun ya no estaba en el cargo cuando se enfrentó a la acusación de insurrección. Yoon, aunque suspendido, sigue protegido con el pleno apoyo de su Servicio de Seguridad Presidencial, una agencia gubernamental que contrata equipos de guardaespaldas de élite y expertos antiterroristas seleccionados entre la policía, el ejército y otros servicios gubernamentales.

"La gente que lo ha visto depender de sus guardaespaldas como escudo contra sus problemas legales lo verá como un cobarde", dijo Lim.

Los investigadores advirtieron que acusarían a los guardaespaldas presidenciales de obstrucción a la justicia.

"Haremos todo lo posible para proporcionar seguridad al objeto de nuestro servicio de acuerdo con las leyes y los principios", dijo el Servicio de Seguridad Presidencial en un comunicado.

Las encuestas públicas mostraban que la mayoría de los surcoreanos querían que Yoon fuera destituido y castigado por insurrección. Pero su partido gobernante, que se opuso a su destitución, denunció los intentos de detenerlo.

Yoon también tiene partidarios acérrimos, sobre todo entre los surcoreanos de más edad. Miles de sus partidarios llevan días acampados en la acera, coreando: "¡Protejamos a Yoon Suk Yeol!".

En un mensaje pronunciado el día de Año Nuevo, Yoon los llamó "ciudadanos que aman la libertad y la democracia" y les agradeció que desafiaran el frío para mostrar su apoyo en la calle, cerca de su casa.

"Lucharé con ustedes hasta el final para salvar este país", dijo Yoon.

Cuando los funcionarios se retiraron del recinto de Yoon, gritaron: "¡Hemos ganado!".

Los manifestantes que han estado pidiendo la detención de Yoon empezaron a reunirse de nuevo el viernes, marchando cerca de la residencia de Yoon y gritando "¡Detengan a Yoon Suk Yeol!". Tanto ellos como los partidos de la oposición del país expresaron su furia por el hecho de que no se detuviera a Yoon, y calificaron a su servicio de seguridad presidencial de "cómplices" de una insurrección.

"Estoy muy enfadada", dijo Lee Ye-seul, una estudiante universitaria de 19 años en Seúl. "Protestaré hasta que lo destituyan y castiguen a los implicados en la insurrección".

Para los partidarios de Yoon fuera de su residencia, el servicio de seguridad era la última línea de defensa para salvarlo.

"La guardia presidencial debería lanzar granadas si fuera necesario para impedir que se acercaran al presidente", dijo Lee Young-jin, de 65 años.

Sin embargo, la táctica de Yoon de avivar las divisiones políticas para evitar sus problemas legales hizo que Corea del Sur se viera mal, dijo Ahn Byong-jin, profesor de ciencias políticas de la Universidad Kyung Hee de Seúl.

"Expuso las debilidades de Corea del Sur como democracia", dijo.

Choe Sang-Hun es el jefe de la corresponsalía de The New York Times en Seúl. Cubre noticias de Corea del Norte y del Sur. Más de Choe Sang-Hun

John Yoon es un reportero del Times radicado en Seúl que cubre noticias de última hora y de actualidad. Más de John Yoon

Jin Yu Young informa desde Seúl sobre Corea del Sur, la región Asia-Pacífico y las últimas noticias mundiales. Más de Jin Yu Young