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El presidente conmutó el lunes las penas de casi todos los presos del corredor de la muerte federal, a un mes de que Donald Trump asuma el poder con el plan de reiniciar las ejecuciones federales.
El presidente Joe Biden conmutó el lunes las penas de casi todos los presos del corredor de la muerte a nivel federal, perdonando así la vida a 37 hombres justo un mes antes de que Donald Trump regrese al Despacho Oval con la promesa de reiniciar las ejecuciones federales.
Los beneficiados por la medida de Biden, todos ellos condenados por asesinato, cumplirán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en lugar de enfrentarse a la ejecución. Solo tres hombres, cada uno de los cuales llevó a cabo notorios asesinatos en masa, permanecerán en el corredor de la muerte federal.
El presidente hizo campaña en 2020 para poner fin a la pena de muerte federal. Aunque la legislación propuesta a tal efecto no avanzó en el Congreso durante su gobierno, Biden ordenó al Departamento de Justicia que decretara una moratoria de las ejecuciones federales. Trece presos del corredor de la muerte federal fueron ejecutados durante el primer mandato de Trump.
"Estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal", dijo Biden en un comunicado el lunes. "Sinceramente, no puedo quedarme al margen y dejar que un nuevo gobierno reanude las ejecuciones que yo detuve".
Biden dijo que las conmutaciones eran coherentes con la norma que ha impuesto de detener las ejecuciones "en casos distintos del terrorismo y los asesinatos en masa motivados por el odio".
"No se equivoquen: condeno a estos asesinos, me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables", dijo Biden.
La Casa Blanca difundió declaraciones de apoyo de líderes religiosos, grupos de derechos civiles y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de amigos y familiares de los asesinados por hombres condenados a muerte.
"Condenar a muerte a la persona que mató a mi compañero de policía y mejor amigo no me habría traído ninguna paz", dijo Donnie Oliverio, agente de policía retirado, quien aludió a que Biden es católico. "El presidente ha hecho aquí lo que es correcto, y lo que es coherente con la fe que él y yo compartimos". Su compañero, Bryan Hurst, estaba de servicio cuando fue asesinado a tiros por Daryl Lawrence durante un intento de robo a un banco en Columbus, Ohio. Lawrence fue condenado a muerte en 2006.
De los 37 hombres cuyas condenas fueron conmutadas, 15 son blancos, 15 personas negras, seis latinos y una persona asiática. Fueron condenados en 16 estados, incluidos tres que han abolido la pena de muerte. Nueve están en el corredor de la muerte porque fueron condenados por matar a compañeros presos federales.
Los tres hombres que aún pueden enfrentarse a una ejecución federal son Robert Bowers, de 52 años, quien en 2018 mató a tiros a 11 fieles en la Sinagoga Árbol de la Vida de Pittsburgh; Dylann Roof, de 30 años, supremacista blanco que en 2015 abrió fuego contra feligreses negros en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, matando a nueve personas; y Dzhokhar Tsarnaev, de 31 años, uno de los dos hermanos que perpetraron el atentado contra la Maratón de Boston en 2013, en el que murieron tres personas y más de una decena resultaron mutiladas.
Varios grupos habían pedido al presidente que conmutara las penas de los condenados a muerte, entre ellos miembros de su partido y varias organizaciones de derechos civiles. Biden también sostuvo una llamada telefónica con el papa Francisco la semana pasada, quien este mes rezó para que se conmutaran las penas de los presos federales que se enfrentan a la ejecución. En un artículo sobre la llamada, la agencia de noticias del Vaticano informó de que el papa tenía"preocupación por los condenados a muerte".
Los obispos católicos de Estados Unidos también habían pedido que se conmutaran las penas de muerte.
Trump apoya la pena de muerte, y durante su campaña presidencial de 2024 pidió que se ampliara, sugiriendo que "los traficantes de drogas y de personas" y los abusadores sexuales de menores deberían ser condenados a muerte. Durante su primer mandato, Trump reanudó las ejecuciones federales tras una pausa de casi 20 años; y 13 se llevaron a cabo en los últimos seis meses de su gobierno. No ha dicho cómo ampliará la pena de muerte a nuevos delitos federales.
Biden no repitió su promesa de acabar con la pena de muerte federal durante su última campaña. Pero como presidente, ordenó al Departamento de Justicia que decretara una moratoria de las ejecuciones federales. También se dijo a los fiscales federales que no solicitaran la pena capital, pero el gobierno de Biden cambió de rumbo en enero, cuando el Departamento de Justicia anunció que solicitaría por primera vez la pena de muerte en un caso federal contra el pistolero que en 2022 mató a 10 personas negras en un tiroteo racista y motivado por el odio en un supermercado de Buffalo. El hombre, Payton Gendron, ya ha sido condenado a cadena perpetua por cargos estatales.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, desde 1973 se ha exonerado al menos a 200 personas condenadas a muerte en Estados Unidos. A menudo, apelar al presidente es la última acción que tiene la capacidad de salvar la vida de un preso. Pero la competencia presidencial de otorgar clemencia es para quienes cometieron delitos federales, una pequeña fracción de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos.
Los presidentes en Estados Unidos suelen ordenar una ronda de indultos hacia el final de su mandato, y Biden se ha enfrentado a la presión de los demócratas para que utilice esos poderes con mayor amplitud mientras pueda. El acto de clemencia del lunes se produce después de que Biden decretara este mes 1500 conmutaciones para quienes se encuentran en reclusión domiciliaria desde la pandemia de coronavirus, una cifra récord para un solo día. Biden ya ha concedido indultos generales, entre ellos a miles de personas condenadas por posesión federal de marihuana y a veteranos condenados por mantener relaciones homosexuales mientras servían en el ejército. Ninguna de esas personas estaba aún en prisión cuando fueron indultadas.
Los demócratas siguen presionando a Biden en sus últimos días para que emita más actos de perdón para quienes están tras las rejas en virtud de leyes obsoletas que contribuyeron a las disparidades en las condenas por drogas y al encarcelamiento masivo de estadounidenses negros. Más de 60 demócratas, incluidos aliados cercanos, firmaron una carta el mes pasado instándolo a ayudar a los miles de personas cuyas condenas se reducirían si algunas de las disposiciones de la Ley del Primer Paso de Trump se aplicaran con carácter retroactivo.
El presidente también se ha enfrentado a presiones para que ayude a los encarcelados por delitos relacionados con el crack que estarían libres si la droga hubiera sido cocaína en polvo. Como senador, Biden trabajó en la legislación de 1986 que impuso esas disparidades en las condenas. Desde entonces ha expresado su arrepentimiento por el papel que desempeñó.
La congresista Ayanna Pressley, demócrata por Massachusetts, dijo en una entrevista este mes que no actuar en relación con el indulto supondría un riesgo político para los demócratas.
"En más de una ocasión, los demócratas hemos intentado defender que somos los adultos en la sala, pero el pueblo estadounidense no siempre cree que seamos los luchadores en la sala", dijo Pressley. "Y eso se debe a menudo a que tenemos el poder pero no lo utilizamos. Un poder asustado no es poder para nada. Y el presidente Biden tiene el poder".
Este mes, Biden concedió el indulto total e incondicional a su hijo Hunter Biden tras haber insistido repetidamente en que no lo haría, una decisión que fue ampliamente criticada por los adversarios políticos del presidente, así como por muchos miembros de su partido.
Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.
Aishvarya Kavi trabaja desde la corresponsalía en Washington. Más de Aishvarya Kavi
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