¿Qué puede hacer el máximo órgano judicial del mundo respecto al cambio climático?

PARÍS - La Corte Internacional de Justicia comenzó el lunes a escuchar información en un importante caso sobre la posibilidad de aplicar leyes internacionales para proteger el clima en vista de la aceleración del calentamiento global. Es la primera vez que la Corte, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, se ocupa del tema del clima, y una cuestión clave en juego es determinar si será posible demandar a los grandes contaminadores por no frenar el cambio climático.

La Corte, un órgano de La Haya compuesto por 15 magistrados y dedicado al arreglo de controversias entre naciones, celebrará audiencias durante las dos próximas semanas en respuesta a una solicitud presentada el año pasado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Asamblea General le pidió a la Corte que se pronunciara sobre dos cuestiones: ¿Qué obligaciones tienen los gobiernos, según el derecho internacional, de proteger el sistema climático de la Tierra de los gases de efecto invernadero? Y ¿qué "consecuencias jurídicas" deben enfrentar los gobiernos si no cumplen sus obligaciones y le "causan daños significativos"?

La crisis climática es objeto desde hace tiempo de advertencias de los científicos y de tres décadas de negociaciones mundiales con el propósito de reducir las emisiones nocivas, y las audiencias se celebran poco después de la cumbre más reciente de las Naciones Unidas sobre el clima, conocida como COP 29.

Dicha cumbre, que concluyó la semana pasada en Bakú (Azerbaiyán), se centró en negociar la financiación de la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias y en ayudar a los países más pobres a mejorar su resistencia a los fenómenos meteorológicos extremos.

Esto es lo que hay que saber sobre las audiencias de La Haya, que pueden seguirse desde el sitio web de la Corte.

¿Quién intervendrá en las audiencias?

Los magistrados buscan una amplia gama de opiniones, y han pedido la palabra representantes de más de 100 países y organizaciones internacionales. La lista incluye representantes de pequeñas naciones insulares amenazadas por la subida del nivel del mar; países que están trabajando para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles y remplazarlos con energías limpias; y grandes productores que dependen de los ingresos procedentes del carbón, el petróleo y el gas.

Estados Unidos es uno de los países que tienen previsto hacer uso de la palabra, al igual que Australia, el Reino Unido, China, India, Irán, Rusia, Arabia Saudita y Sudáfrica. La Corte también escuchará a grupos tan variados como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

¿Quién espera beneficiarse de las audiencias?

Aunque la Asamblea General solicitó la opinión de la Corte, la idea de las audiencias partió inicialmente de un grupo de estudiantes de Derecho de Vanuatu y otras islas del Pacífico. Luego se sumaron otros del Caribe y Asia.

El grupo argumentó que, aunque las naciones pequeñas como la suya han hecho poco para contribuir al calentamiento del planeta, se ven golpeadas por las consecuencias catastróficas del cambio climático. Estas naciones se han endeudado mucho a fin de hacerles frente a los ciclones, al desmoronamiento de las infraestructuras, a la pérdida de tierras cultivables y a la desaparición de las poblaciones de peces a medida que se calienta el agua del mar. Varias islas sencillamente se ahogarán.

Ese grupo que alzó la voz creció desde entonces hasta convertirse en una alianza con los países en desarrollo que busca utilizar todos los medios disponibles para su lucha, en particular la ley.

Llegaron a la conclusión de que, en tanto los acuerdos climáticos se basen en compromisos voluntarios, sus naciones nunca obtendrán la ayuda a la que creen tener derecho por ser víctimas de los principales países contaminantes. Argumentan que la lista de promesas incumplidas y compromisos ignorados es larga, y que demandar por daños y perjuicios es la mejor manera de que se les tome en serio.

Aunque la opinión consultiva de la Corte sobre las cuestiones jurídicas no será vinculante, debido a la talla del órgano judicial, su dictamen será una declaración oficial que podrá orientar o presionar más a los responsables de las políticas.

También es posible que influya en los tribunales nacionales, donde los activistas presentan cada vez más demandas contra los gobiernos y las empresas energéticas por los daños climáticos causados.

¿Qué dicen las leyes internacionales sobre el cambio climático?

Muchos países tienen leyes nacionales sólidas aplicables a la contaminación y la protección de la naturaleza y las especies amenazadas. Por desgracia, el derecho internacional en el tema del sistema climático en general es un conjunto de normas reducido, aunque está creciendo lentamente.

El Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito en 2015 es un tratado vinculante, pero solo les pide a los países que adopten medidas voluntarias para mantener bajas las temperaturas globales. No plantea ningún mecanismo para hacer cumplir sus objetivos ni para exigir pagos por pérdidas y daños derivados del cambio climático.

Los especialistas han citado la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, el marco jurídico de las Naciones Unidas para los océanos y el medio marino que cubre el 70 por ciento del planeta.

En mayo, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un órgano judicial especializado establecido por las Naciones Unidas con sede en Hamburgo (Alemania), abrió nuevos caminos al emitir una opinión consultiva unánime según la cual los gases de efecto invernadero en exceso son contaminantes que podrían dañar irreversiblemente el medio marino y deben reducirse. El tribunal afirmó que sería posible pedirles cuentas a los países contaminantes, aunque el lenguaje fue vago, pues solo señaló que las naciones más ricas deberían hacer más para ayudar a los países con menos recursos.

Se espera que los magistrados de la CIJ tomen nota de esa opinión consultiva, que también solicitó el grupo de pequeñas naciones insulares.

La central eléctrica Naughton y la mina de carbón adyacente en Kemmerer, Wyoming, el 9 de junio de 2024. Estados Unidos se encuentra entre los países que tienen previsto intervenir en las audiencias. (Benjamin Rasmussen/The New York Times)

El embalse mexicano de Valle de Bravo el 12 de abril de 2024. Se le solicitó a la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones que tienen los gobiernos para proteger el sistema climático mundial. (César Rodríguez/The New York Times)