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El equipo del presidente electo dijo que se comprometía a revelar los nombres de sus donantes y a no aceptar donaciones de extranjeros, pero no está legalmente obligado a hacerlo.
La negativa del equipo del presidente electo Donald Trump a firmar un acuerdo de transición con la Administración de Servicios Generales (GSA, por su sigla en inglés) significa que, a pesar de las promesas del equipo de respetar varias tradiciones de transparencia de los traspasos presidenciales, no está legalmente obligado a cumplir sus promesas.
Las transiciones presidenciales se rigen por una serie de leyes y normas que permiten al gobierno saliente dar información no pública a los funcionarios entrantes y financiar las operaciones de transición. El equipo de transición de Trump, tras renunciar a los 7,2 millones de dólares en fondos gubernamentales que la GSA le habría proporcionado si hubieran llegado a un acuerdo, ha prometido ser transparente revelando los nombres de sus donantes y dijo que no aceptaría donaciones de extranjeros. En un acuerdo con la Casa Blanca, el equipo de transición también hizo público un compromiso ético, pero este podría no cumplir las normas de transición.
El equipo de transición de Trump publicó esta semana una declaración en la que afirmaba que la decisión de optar únicamente por la financiación privada ahorra dinero de los contribuyentes.
El equipo de Trump, sin embargo, no indicó cuándo se harían públicos los nombres de los donantes, ni aclaró si, además de sus nombres, se darían a conocer los importes de sus donaciones. Si el equipo de Trump aceptara la ayuda de la GSA, los donantes tendrían que ser revelados en un plazo de 30 días a partir de la toma de posesión, prevista para el 20 de enero. Las transiciones presidenciales anteriores también han limitado las donaciones individuales a 5000 dólares, un límite al que el equipo de Trump no se ha comprometido. La GSA también habría proporcionado líneas de comunicación seguras y espacio de oficinas para celebrar reuniones internas.
Tras incumplir inicialmente el plazo del 1 de octubre, el equipo de Trump firmó esta semana un acuerdo con la Casa Blanca por el que se iniciarán las reuniones informativas formales dirigidas por los miembros salientes del gobierno. Pero Trump ha seguido negándose a firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia que permitiría al FBI realizar comprobaciones de seguridad del personal de transición. Sin autorizaciones, los funcionarios del gobierno de Joe Biden no pueden compartir información clasificada con muchos miembros del equipo de transición.
Esta semana, el equipo de Trump publicó un plan ético para su personal de transición. Aunque el personal del presidente Biden aceptó el plan en su acuerdo con Trump, el plan puede contravenir la Ley de Transición Presidencial, que exige que dichos planes detallen cómo abordará el presidente electo sus propios conflictos de intereses. El plan de Trump no parece hacerlo.
Los representantes del equipo de transición de Trump y de la Casa Blanca no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
"Este compromiso permite a nuestros pretendidos candidatos al gabinete iniciar preparativos clave, como el traslado de equipos en cada departamento y agencia, y completar la transición ordenada del poder", dijo Susie Wiles, jefa de gabinete entrante de Trump, en el comunicado del martes sobre el acuerdo con la Casa Blanca.
Durante su transición presidencial de 2016, Trump firmó el acuerdo con la GSA. Para su toma de posesión, la transición contaba con unos 120 empleados y declaró 6,5 millones de dólares en fondos recaudados, así como 2,4 millones de dólares en reembolsos del gobierno federal.
Ken Bensinger colaboró con reportería.
Simon J. Levien es un reportero de política del Times que cubre las elecciones de 2024 y forma parte de la generación 2024-25 de Times Fellowship, un programa para periodistas al comienzo de sus carreras. Más de Simon J. Levien
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