Lo que se sabe sobre la decisión de Trump de involucrar a las fuerzas armadas en deportaciones masivas

El presidente electo Donald Trump confirmó este lunes que tenía la intención de declarar una emergencia nacional y utilizar al Ejército estadounidense de alguna manera para ayudar en sus planes de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

En su plataforma de medios sociales, Truth Social, Trump respondió a una publicación hecha a principios de este mes por Tom Fitton, quien dirige el grupo conservador Judicial Watch, y quien escribió que el gobierno de Trump iba a “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para enfrentar la inmigración ilegal “a través de un programa de deportación masiva”.

Trump compartió la publicación de Fitton con el comentario: “¡¡¡VERDAD!!!”.

El Congreso ha otorgado a los presidentes amplios poderes para declarar emergencias nacionales a su discreción, desbloqueando poderes de reserva que incluyen redirigir fondos que los legisladores habían destinado para otros fines. Por ejemplo, durante su primer mandato, Trump invocó este poder para gastar más en un muro fronterizo de lo que el Congreso había estado dispuesto a autorizar.

En entrevistas con The New York Times durante la campaña de las primarias republicanas, citadas en un artículo publicado en noviembre de 2023, el principal asesor de Trump en política de inmigración, Stephen Miller, dijo que los fondos militares se utilizarían para construir “vastas instalaciones de retención que funcionarían como centros de parada” para los inmigrantes mientras sus casos avanzaban y esperaban a ser trasladados en avión a otros países.

Dijo que el Departamento de Seguridad Nacional gestionaría esas instalaciones.

Uno de los principales impedimentos para la vasta operación de deportación que el equipo de Trump ha prometido en su segundo mandato es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), carece de espacios para retener a un número significativamente mayor de detenidos del que tiene actualmente.

A veces, eso ha ocasionado que se permita que los solicitantes de asilo entren al país mientras esperan las citas en la corte con los jueces de inmigración, una práctica que los críticos ridiculizan al calificarla como “captura y liberación”.

El equipo de Trump cree que esos campamentos podrían permitir al Gobierno acelerar las deportaciones de indocumentados que luchan contra su expulsión del país.

El objetivo es que más personas opten por aceptar voluntariamente la expulsión en lugar de emprender una lucha prolongada para permanecer en el país, enfrentando la posibilidad de ser confinados mientras tanto.

Miller también ha mencionado invocar un poder de emergencia de salud pública para restringir la recepción de solicitudes de asilo, como hizo el gobierno de Trump durante la pandemia por COVID-19.

La declaración de Trump de una emergencia nacional en la frontera sur en medio de un aumento de los solicitantes de asilo y su reprogramación de fondos militares para su muro fronterizo en 2019 fue una manera de salvar la cara y salir de un enfrentamiento con el Congreso en materia presupuestal que habría ocasionado un cierre del gobierno. Esto originó desafíos legales que no se habían resuelto definitivamente antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo y detuviera la construcción del muro fronterizo.

El equipo de Trump dijo que había desarrollado un plan multifacético para aumentar de manera significativa el número de deportaciones y que pensaba que podría lograrse sin una nueva legislación del Congreso, aunque anticipaba desafíos legales.

Otros elementos del plan del equipo incluyen reforzar las filas de los oficiales de ICE con agentes de la ley que serían reasignados temporalmente de otras agencias, y con elementos de la Guardia Nacional estatales y soldados federales activados para hacer cumplir la ley en suelo nacional bajo la Ley de Insurrección.

El equipo también planea ampliar una forma de expulsión sin garantías procesales conocida como expulsión acelerada, que en la actualidad se utiliza cerca de la frontera para los recién llegados, y en los casos de personas que viven en el interior del país y no pueden demostrar que llevan más de dos años en Estados Unidos.

Además, el equipo planea dejar de expedir documentos que confirmen la ciudadanía, como pasaportes y tarjetas de Seguridad Social, a los bebés nacidos en suelo nacional de padres inmigrantes indocumentados, en un intento de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Trump ya ha dado muestras de su intención de cumplir sus promesas con las designaciones del personal de su próximo gobierno. Nombró a Miller como jefe de gabinete adjunto, con influencia en la política interior.

Además dijo que nombraría a Thomas Homan, quien dirigió ICE durante el primer año y medio de su gobierno anterior y fue uno de los primeros partidarios de separar a las familias para disuadir a los migrantes, como el “zar fronterizo” de su próxima gestión.

En 2023, Homan le dijo a The New York Times que se había reunido con Trump poco después de que el ahora presidente electo anunciara que volvería a postularse a las elecciones. Durante esa reunión, según Homan, “acordó volver” en un segundo mandato a fin de “ayudar a organizar y dirigir la mayor operación de deportación que este país haya visto jamás”.

© The New York Times 2024.