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Desde el interior de la sofocante prisión de Tocorón, los detenidos se asomaban el domingo para saludar a sus angustiados familiares, mientras lanzaban besos desde pequeñas ventanas y gritaban: "¡Falta poco!".
Casi tres meses después de que el gobierno autoritario de Venezuela detuviera a unas 2000 personas en una campaña represiva tras unas disputadas elecciones presidenciales, las autoridades han anunciado planes para liberar a más de 200 presos.
Hasta el domingo, al menos 131 personas habían sido liberadas, según Foro Penal, una organización no gubernamental de derechos humanos. Algunos analistas consideraron la excarcelación masiva, en parte, como un gesto del gobierno para obtener algo del nuevo gobierno de Donald Trump.
Pero el anuncio dejó a aproximadamente otras 1800 familias en un angustioso limbo, con la esperanza de que sus hijos, hijas, hermanos, maridos y esposas también estuvieran entre los liberados. Durante el fin de semana, cientos de personas se congregaron frente a Tocorón, una prisión situada a dos horas de Caracas, con la esperanza de ver salir a sus seres queridos.
Hace solo unas semanas, el presidente del país, Nicolás Maduro, se había jactado de haber llenado a Tocorón con sus opositores políticos, a quienes llamó "criminales fascistas".
El gobierno ha acusado a la mayoría de ellos de terrorismo, un cargo que se ha convertido en una manera habitual de atacar a los enemigos políticos. Muchos de los encarcelados han negado los cargos, y sus familias han declarado a The New York Times que sus familiares no habían cometido ningún delito.
Belkys Altuve, de 59 años, estaba entre quienes esperaban bajo un sol intenso. Dijo que dos de sus hijos y dos de sus nietos, todos veinteañeros, estaban encerrados desde el 28 de julio y fueron acusados de terrorismo tras salir de casa en busca de comida y bebida para una fiesta de cumpleaños.
Ese día era la jornada electoral y Altuve había votado por Maduro, cuyo movimiento ha dirigido el país durante una generación. Había creído en su llamado a una revolución socialista, dijo.
Ahora, "siento que me traicionaron quitándome a mis hijos", dijo.
A última hora del domingo, sus hijos y nietos seguían detenidos.
Durante años, las medidas enérgicas en Venezuela han ido acompañadas de pequeños indultos, como la liberación de presos, un ciclo que ha desgastado los corazones y las mentes de las personas.
Tamara Taraciuk Broner, experta en Venezuela del Diálogo Interamericano, una organización de investigación de Washington, dijo que las excarcelaciones de presos casi siempre estaban relacionadas con un objetivo político.
En este caso, afirmó que Maduro podría estar intentando comunicar al presidente electo Donald Trump que está dispuesto a suavizar las violaciones de los derechos humanos a cambio de un trato favorable.
En su primer mandato, Trump impuso duras medidas, incluidas severas sanciones económicas, para intentar derrocar al líder venezolano.
El gobierno de Maduro tiene "claramente más miedo" a las medidas punitivas del gobierno de Trump que a las del presidente Joe Biden, dijo Taraciuk Broner. "Quieren demostrar que estarían dispuestos a negociar".
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dijo al Times que quienes seguían detenidos lo estaban porque se les acusaba de delitos graves "y se teme su evasión del proceso".
Añadió, en un mensaje de texto, que su oficina "no ha recibido denuncias por violaciones a los derechos humanos durante las protestas, ni durante las detenciones".
La excarcelación se produce pocos días después de la muerte de Jesús Manuel Martínez, un colaborador de la oposición con diabetes tipo 2 y problemas cardíacos, quien falleció mientras estaba detenido por el gobierno. Dirigentes de la oposición han acusado al gobierno de negarle atención médica adecuada, aunque Saab dijo que estaba hospitalizado desde octubre.
Los cargos de terrorismo conllevan una pena de hasta 30 años, dijo Martha Tineo, abogada de derechos humanos de Venezuela. Los presos excarcelados no han sido absueltos de sus cargos, y aún tendrán que defender sus casos ante los tribunales.
Afuera de Tocorón, muchas personas dijeron que habían venido desde horas de distancia, y varias llevaban camisetas con los rostros de sus seres queridos encarcelados enmarcados por una bandera venezolana.
Yajaira Gutiérrez, de 44 años, dijo que ella también había votado por Maduro el 28 de julio. Su hijo, de 21 años, no había votado, dijo. Pero el 7 de agosto se lo llevaron de su casa poco después de medianoche. También ha sido acusado de terrorismo.
"No me parece que yo haya dado todo por él", dijo Gutiérrez sobre Maduro, "y me hayan castigado de esta manera".
La votación de julio enfrentó a Maduro con Edmundo González, diplomático que contaba con el respaldo de la popular líder de la oposición del país, María Corina Machado.
Maduro, quien tiene un largo historial de amañar las elecciones a su favor, declaró la victoria casi en cuanto se cerraron las urnas, pero no ha publicado las actas de escrutinio para respaldar esa afirmación.
En respuesta, el movimiento de González y Machado recogió las actas de más del 80 por ciento de los centros de votación, las publicó en internet y afirmó que las actas mostraban que González había ganado casi el 70 por ciento de los votos.
Estados Unidos y otros países han reconocido a González como legítimo vencedor de las elecciones, y observadores independientes han dicho que la declaración de Maduro no es creíble.
La represión gubernamental comenzó justo al terminar la votación, el 28 de julio, cuando Maduro animó a la gente a denunciar a sus vecinos que manifestaran deslealtad y la policía estableció controles en algunos barrios y revisó los teléfonos en busca de señales de apoyo a la oposición.
Aunque el gobierno de Maduro siempre ha perseguido a los organizadores de la oposición, sobre todo a dirigentes destacados, nunca había detenido durante tanto tiempo a tantas personas cuya relación con la política era tan limitada.
Luis Mata, de 25 años, originario de la isla venezolana de Margarita, fue uno de los liberados de Tocorón durante el fin de semana. Dijo que es activista de derechos humanos y que ya estuvo detenido una vez, durante nueve días en 2017, en medio de las protestas contra Maduro.
Esta vez, dijo, lo obligaron a desnudarse, lo llamaron terrorista y lo golpearon en el cuello tras entrar en la prisión. Durante su estancia, compartió celda con media decena de personas y le dieron de comer carne podrida y bebió agua contaminada.
Estuvo detenido con otras 47 personas de la isla de Margarita y fue uno de los ocho que quedaron en libertad, dijo. Por eso, al día siguiente de su liberación, regresó a la prisión para ver si liberaban a otros de Margarita.
Muchos de los que esperaban afuera de Tocorón tenían miedo de hablar, temerosos de que eso provocara represalias. Mata dijo que él no temía.
"Ya me encarcelaste", dijo dirigiéndose al gobierno. "Ya me torturaste. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere de mí? ¿Qué más vas a querer de nosotros? ¿Callarnos? No vas a poder callarnos porque nuestras voces de libertad siempre serán alzadas"
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, radicada en Bogotá, Colombia, cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz