Illegal ImmigrationBailey, Andrew (Attorney General)Barker, J CampbellPaxton, Ken
La sentencia dictada por un juez federal de Texas anuló una nueva iniciativa destinada a ayudar a los cónyuges indocumentados de ciudadanos de EE. UU. a permanecer en el país.
Un juez federal de Texas anuló el jueves un nuevo programa del gobierno de Biden que pretendía ofrecer una vía hacia la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses.
El fallo, emitido por el juez J. Campbell Barker del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Texas, se produjo meses después de que 16 estados liderados por republicanos, encabezados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentaran una demanda alegando que el gobierno carecía de autoridad legal para promulgar el programa. En agosto, Barker bloqueó temporalmente la iniciativa, pocos días después de que entrara en vigor.
El jueves, en una decisión de 74 páginas, explicó que el gobierno de Biden no tenía autoridad para crear el programa, que probablemente no seguiría en vigor después de la toma de posesión del presidente electo Trump en enero.
El gobierno de Biden lanzó en agosto la iniciativa, conocida como Keeping Families Together, que permitía a los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos de EE. UU. y que llevaran 10 años o más en el país, la posibilidad de obtener la tarjeta de residencia permanente, o green card, sin tener que salir del territorio.
Por lo general, los inmigrantes que han entrado ilegalmente en Estados Unidos deben salir del país para completar el proceso de obtención de la green card, que puede llevar años. El programa de Biden, que estuvo en vigor durante una semana, permitía a quienes estaban casados con ciudadanos de EE. UU. permanecer en el país concediéndoles lo que el sistema de inmigración denomina "libertad condicional", un estatus que también los protegía de la deportación.
En su momento, el presidente Biden elogió el esfuerzo como una forma de mantener unidas a las familias y ofrecerles el consuelo de saber que evitarían la deportación.
"Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos, contribuyendo a nuestro país", dijo en junio cuando anunció la medida. "Están viviendo en Estados Unidos todo este tiempo con miedo e incertidumbre. Podemos arreglar eso".
Los estados liderados por los republicanos dijeron que la medida no solo generaba costos para sus estados, sino que también era un atractivo para los migrantes.
"El tribunal acaba de acceder a nuestra petición de anular el programa ilegal de libertad condicional del gobierno de Biden-Harris que permitía a los extranjeros ilegales permanecer en nuestro país después de haber cruzado la frontera. Una gran victoria para el Estado de derecho", dijo en las redes sociales Andrew Bailey, fiscal general de Missouri, que fue uno de los estados que ayudó a presentar la demanda.
Los abogados que trabajan con inmigrantes y que apoyaron la iniciativa dijeron que el fallo era un duro golpe para un sistema de inmigración que ya tiene que lidiar con muchos más casos de los que puede procesar.
"Es extremadamente decepcionante porque se trata de personas que han estado aquí durante muchos años y que avanzarán en el sistema de inmigración", dijo Dan Berger, un abogado de inmigración que presentó un memorando en apoyo de la política al gobierno de Biden antes de que fuera anunciada. Ahora, dijo, "sus casos tardarán muchos años y atascarán aún más el sistema".
Rebecca Shi, directora de la American Business Immigration Coalition, que defendió el programa, dijo que la demanda era un esfuerzo equivocado.
"En algún momento, los líderes republicanos tendrán que representar a todas las familias en sus estados en lugar de oponerse a cada paso sensato que se está tomando", dijo en un correo electrónico. "Las encuestas mostraron que el 41 por ciento de los votantes de Trump apoyan el estatus legal para los cónyuges indocumentados de ciudadanos de EE. UU.".
El gobierno de Biden no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios sobre si el gobierno apelaría el fallo.
Miriam Jordan y Mattathias Schwartz colaboraron con reportería.
Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias. Más de Hamed Aleaziz
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