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Salvo 3, los ministros del máximo tribunal del país anunciaron que renunciarían en lugar de participar en las controversiales elecciones ordenadas por el rediseño del poder judicial.
En una serie de cartas de renuncia publicadas el miércoles, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México anunciaron que renunciarían a sus cargos en lugar de participar en una polémica elección de miles de jueces el próximo año. Los magistrados cumplirán el resto de sus mandatos, la mayoría de los cuales concluyen en agosto.
Los anuncios fueron la última andanada en un enfrentamiento sobre un conjunto de cambios en las leyes que regulan al poder judicial que fue aprobado por el partido gobernante y sus aliados en septiembre y que promete terminar con el sistema por el que se eligen los jueces de México hasta ahora y la forma en que operan.
Las renuncias se producen tras una serie de ataques a los tribunales por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacados miembros de su partido, Morena, quienes han dicho que la respuesta de los jueces a los cambios legales está motivada por su deseo de proteger sus propios privilegios.
"Es un mensaje político que manda no solo la Suprema Corte, sino toda la estructura del poder judicial", dijo Fernanda Caso, analista política en Ciudad de México. "Esta renuncia y la decisión de no participar como un asunto de dignidad pues sí responde a los ataques y a la forma en la que se les ha tratado".
Entre otros cambios, el rediseño del poder judicial exige que todos los jueces del país sean elegidos por voto popular y los someterá a la revisión de un tribunal disciplinario formado por funcionarios electos, quien tendrá la facultad de investigar y destituir a los jueces.
Sus partidarios afirman que la medida contribuirá a detener la corrupción en el poder judicial. Los críticos dicen que socavará la independencia judicial y dará a Morena el control sobre un contrapeso clave de su poder. La medida ha sido objeto de más de 500 recursos legales por parte de jueces federales y otros críticos, algunos de los cuales afirman que viola la Constitución.
"Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030", escribió la presidenta de la Corte, Norma Piña, en su carta de renuncia, "sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige".
Piña fue blanco frecuente del enfado de Andrés Manuel López Obrador, quien precedió a Sheinbaum en la presidencia de México y quien inicialmente propuso los cambios y presionó para rediseñar el sistema judicial.
"La demolición del Poder Judicial no es la vía", dijo Piña, quien se ha opuesto a la reforma, en un mensaje televisado el mes pasado.
Uno de los jueces que anunció su dimisión, Luis María Aguilar Morales, terminará su mandato en noviembre. En México, los magistrados desempeñaban sus cargos durante 15 años, pero con las nuevas normas, la duración de su mandato se reducirá a 12 años.
Como parte del rediseño del sistema judicial, en junio de 2025 los votantes elegirán a cerca de la mitad de los 7000 jueces del país, incluidos los ministros de la Suprema Corte. Será una tarea enorme y probablemente costosa, que ninguna otra democracia moderna ha intentado antes.
La Suprema Corte estudiará la próxima semana la posibilidad de aprobar una resolución que invalidaría elementos clave de la propuesta de rediseño del sistema judicial, creando un posible conflicto con los poderes ejecutivo y legislativo. Aunque mantendría la elección popular de los magistrados de la Suprema Corte, la medida declararía inconstitucional la elección de miles de jueces federales y locales.
Si ocho de los 11 magistrados aprueban la resolución, esta sería técnicamente ejecutable, dijeron expertos legales, aunque el líder del partido gobernante en la cámara baja del Congreso ya ha dicho que los legisladores no obedecerían tal fallo.
"Habrá elección de jueces", dijo el líder de ese partido, Ricardo Monreal, a la prensa a principios de esta semana, afirmando que la medida de la corte de bloquear potencialmente elementos de las modificaciones era "ilegal, arbitrario, que raya en una barbaridad constitucional".
Las renuncias se suman a una sensación de incertidumbre en la Suprema Corte, que ya está "muy debilitada", dijo Sergio López Ayllón, profesor de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Existe la preocupación de que en los meses previos a las elecciones de junio, la mayoría gobernante pueda simplemente hacer caso omiso de cualquiera de las resoluciones del tribunal.
"No sabemos si lo que decidan los ministros lo van a acatar", dijo López Ayllón "o no".
Natalie Kitroeff es la jefa de la corresponsalía del Times para México, Centroamérica y el Caribe. Más de Natalie Kitroeff
Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega