WASHINGTON -- Elon Musk tiene una influencia extraordinaria --y extraordinariamente lucrativa-- sobre el gobierno federal.
De hecho, SpaceX, la empresa de cohetes de Musk, dicta el calendario de lanzamientos de la NASA. Además, el Departamento de Defensa necesita a Musk para poner en órbita la mayoría de sus satélites. El año pasado, las empresas de Musk suscribieron casi 100 contratos distintos con 17 dependencias federales en virtud de los cuales el gobierno convino en entregarles 3000 millones de dólares.
También está involucrado en numerosos y conflictivos embrollos con las reguladoras federales. Sus empresas son objeto de por lo menos 20 investigaciones o evaluaciones recientes, una de ellas en relación con la seguridad de sus autos Tesla y otra con el daño ambiental causado por sus cohetes.
Dada la inmensa presencia comercial de Musk, será un actor importante independientemente de quién gane las elecciones.
Pero el empresario ha decidido usar su fortuna y poder para apoyar al expresidente Donald Trump; a cambio, Trump se comprometió a poner a Musk al frente de una nueva "comisión de eficiencia del gobierno" con facultades para recomendar amplios recortes en las agencias federales y cambios en las normas federales.
En esencia, ese cargo le daría al hombre más rico del mundo y uno de los principales contratistas del gobierno facultades para regular a las reguladoras que deciden la suerte de sus empresas, lo que podría crear un tremendo conflicto de intereses.
The New York Times revisó documentos judiciales, expedientes normativos y datos de contratos del sector público a fin de hacer un recuento de los numerosos convenios mercantiles de Musk con el gobierno federal, así como las violaciones, multas, sentencias por transacción y otras indagaciones decretadas por agencias federales contra sus empresas. En conjunto, muestran una extensa red de relaciones: Musk no asumiría este nuevo cargo en carácter de observador neutral, sino que estaría en posición de emitir juicios sobre sus propios clientes y reguladores.
Musk ya ha mencionado cómo aprovecharía el nuevo cargo para ayudar a sus propias empresas.
Puso en tela de juicio una norma que le exigía a SpaceX obtener un permiso para liberar enormes cantidades de agua posiblemente contaminada en su plataforma de lanzamiento en Texas. También afirmó que limitar este tipo de supervisión ayudaría a SpaceX a llegar a Marte más pronto ("siempre y cuando no la asfixie la burocracia", escribió en X, su plataforma de redes sociales). "El Departamento de Eficiencia Gubernamental es la única vía posible para prolongar la vida más allá de la Tierra".
Independientemente de quién resulte electo presidente, nada parece indicar que los profundos vínculos entre Musk y el gobierno estadounidense vayan a cambiar pronto, pues las dependencias gubernamentales utilizan cada vez más los vehículos y cohetes de sus empresas, así como servicios de internet y de otro tipo prestados por estas.
Cada vez le hace más entregas al gobierno estadounidense, según datos de contratos federales.
La idea de una comisión de eficiencia fue de Musk. Cuando Musk entrevistó a Trump en X en agosto, habló del tema tres veces y volvía a sacarlo a colación cuando Trump se desviaba y comenzaba a hablar de otras cosas.
"Creo que sería maravilloso tener una comisión encargada de supervisar la eficiencia del gobierno para que analice esto y se asegure de que el dinero de los contribuyentes --el dinero que los contribuyentes han ganado con tanto esfuerzo-- se gaste bien", señaló Musk la tercera vez. "Y estaría dispuesto a ayudar en esta comisión".
"Me encantaría", respondió Trump, a fin de cuentas. "Claro, tú eres el mejor recortador".
Maya MacGuineas, presidenta de la organización sin afiliación partidista Committee for a Responsible Federal Budget, alabó la idea de una comisión de eficiencia e indicó que la experiencia de Musk en el ámbito empresarial podría ser una buena preparación para encabezarla.
Explicó que lo más probable es que las facultades formales de Musk sean limitadas. Otros presidentes, desde Theodore Roosevelt, han intentado crear comités dedicados a revisar las decisiones del gobierno integrados por personas del mundo empresarial. MacGuineas aclaró que, para que sus ideas lleguen a convertirse en legislación, el Congreso debe aprobarlas y, por lo regular, eso no sucede.
Sin embargo, incluso una sugerencia de Musk podría ser dañina para una dependencia de gobierno, si la identificara ante Trump como un ejemplo de desperdicio o mala gestión.
Algunos expertos legales que han estudiado normas federales sobre ética y el uso de ejecutivos empresariales externos como asesores del gobierno opinan que Musk tiene tantas interacciones con el gobierno federal que quizá no le sería posible desempeñarse como un asesor prominente del presidente sin crear conflictos de interés considerables.
Musk "ha tenido interacciones y líos muy polémicos con las reguladoras", afirmó Kathleen Clark, abogada de ética que ha fungido como asesora de la oficina del fiscal general del Distrito de Columbia. "Es totalmente razonable creer que lo que traería a este tipo de organismo de auditoría federal sería su propio conjunto de sesgos, resentimientos e intereses financieros".
Musk y sus empresas cuestionan con frecuencia las normas federales, en particular cuando pueden llegar a demorar sus planes de ampliar más sus operaciones.
En años recientes, Musk ha atacado en particular a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), que lo acusó en 2018 de fraude bursátil por una serie de tuits falsos y engañosos sobre sus intenciones de transformar a Tesla en una empresa privada. Musk había publicado en Twitter que estaba planeando retirar de la bolsa a la empresa a un precio de 420 dólares por acción y que tenía "financiamiento asegurado" para una transacción. Más tarde, llegó a un acuerdo extrajudicial con la SEC en virtud del cual aceptó renunciar al cargo de presidente de Tesla y la empresa pagó una multa de 20 millones de dólares.
En una TED Talk de 2022, Musk arremetió contra las reguladoras, a las que calificó de "malnacidas".
Incluso antes de tener un cargo formal en el gobierno federal, Musk ha propuesto en repetidas ocasiones varias acciones para debilitar o abolir reglamentos federales, además de recortar el gasto federal. "Si Trump gana, tendremos la oportunidad única de llevar a cabo una especie de desregulación y reducción del intervencionismo del gobierno", comentó Musk durante una conferencia en Los Ángeles el mes pasado.
Clark señaló que, si Musk llega a ser un asesor distinguido en el gobierno de Trump, las reguladoras quizá deban tener presente que tomar medidas contra alguna de las empresas de Musk podría afectar su presupuesto o autoridad regulatoria, aun si él no obligara directamente a esas agencias a dar marcha atrás.
Musk ha dado a entender que un ejemplo de eficiencia gubernamental que le gustaría ver es la eliminación del contrato del programa Starliner de la NASA con Boeing, su principal competencia en la industria.
"El mundo no necesita otra cápsula", escribió a principios de este año con respecto al muy demorado sistema de Boeing, que sufrió un revés este mes tras algunas dificultades en su primer vuelo de prueba con tripulación humana (no ha indicado si el comité de eficiencia propuesto se encargaría de esto).
A Trump ya se le ha acusado en el pasado de crear conflictos cuando designó como asesores a algunos ejecutivos empresariales.
Un caso fue la designación del inversionista multimillonario Carl Icahn como asesor especial en temas de regulación en 2017, justo cuando Icahn cabildeaba con reguladoras federales con el objetivo de renovar una norma que le traería un ahorro de cientos de millones de dólares a una refinería petrolera de Texas en la que tenía participación. Icahn terminó por abandonar el cargo sin paga unos cuantos meses después de su designación, después de que la situación generó amplias críticas.
Elon Musk en el Lincoln Center de Nueva York el 29 de noviembre de 2023. (Haiyun Jiang/The New York Times)
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