La traición de un cártel convierte un estado mexicano en zona de guerra

Cuerpos tirados a la orilla del camino. Balaceras en barrios de lujo. Tractocamiones incendiados en la autopista. Personas sustraídas de sus coches por hombres armados a plena luz del día.

Así es como luce cuando la guerra estalla en el interior de una de las mafias criminales más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa, en la que se enfrentan dos facciones rivales en una sangrienta lucha por controlar un narcoimperio multimillonario.

Los últimos años habían sido relativamente calmados en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, donde el dominio de una organización criminal única y cohesionada mantenía las guerras territoriales al mínimo y las tasas oficiales de homicidios se mantenían más bajas que en muchas grandes ciudades de EE. UU.

Luego, a finales de julio, se produjo una traición impensable: Ismael “El Mayo” Zambada García, padrino del cártel, fue engañado por el hijo de su antiguo aliado, secuestrado, obligado a tomar un vuelo a EE. UU. y detenido por agentes estadounidenses, según funcionarios de ese país.

Zambada describió la traición en una carta difundida por su abogado, en la que el narcotraficante decía que el día que fue detenido, había sido atraído a una reunión supuestamente amistosa y luego “emboscado” y “secuestrado” por uno de los hijos de su compañero cofundador del cártel, Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo.

No era la primera vez que las familias de los capos se traicionaban entre sí. Las tensiones han estado latentes entre las dos partes desde que el Chapo fue capturado y juzgado en un tribunal federal de EE. UU., donde uno de los hijos del Mayo ofreció un testimonio condenatorio contra el capo de la droga en 2019 que ayudó a ponerlo en prisión de por vida.

Después del secuestro y arresto del Mayo, el estado de Sinaloa estuvo en vilo durante aproximadamente un mes, esperando a ver si los herederos del cártel podían llegar a una resolución. A principios de septiembre llegó una respuesta: una oleada de asesinatos marcó el inicio de una guerra civil total.

“Todavía no estamos al fin de un largo periodo de violencia que nos está abrumando mucho”, dijo en una entrevista el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y añadió: “No está rebasado para nada el gobierno, sino al contrario: estamos cada vez teniendo mejores posicionamientos en el enfrentamiento de la violencia”.

Pero los habitantes de Sinaloa no parecen confiar en que alguien controle la brutalidad.

Los habitantes siguen ahora un toque de queda autoimpuesto, refugiándose en interiores cuando oscurece. Los padres se niegan a enviar a sus hijos a la escuela por miedo a que queden atrapados en un enfrentamiento. El lunes, hombres armados bajaron a la fuerza de sus vehículos a dos alcaldes de la localidad y robaron sus autos, según un portavoz del fiscal general del estado.

La parálisis se ha apoderado de la economía local, ya que muchos empleados han dejado de ir a trabajar y las empresas han reducido sus horarios o suspendido por completo sus operaciones. La capital, Culiacán, ya ha sufrido pérdidas de cientos de millones de dólares, según los líderes empresariales.

Con más de 140 muertos en tan solo un mes, funcionarios temen que la violencia se extienda pronto a todo el país, lo que pone en juego los intereses de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Estamos en un momento crítico”, dijo Eduardo Guerrero, un analista de seguridad afincado en Ciudad de México. “Si no intentan parar lo que está pasando en Sinaloa, la violencia se va a volver inmanejable”.

El gobierno federal envió 1100 soldados a patrullar las calles y el ejército confiscó las armas de la policía municipal de Culiacán, una medida que, según los expertos, refleja una preocupación de que haya colusión entre el cártel y los agentes locales.

Con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno trató de evitar enfrentamientos directos con los grupos armados en un esfuerzo por limitar las bajas masivas. Sheinbaum, su protegida, ha prometido continuar con esa estrategia.

“Entrar con poder de fuego generaría una guerra” dijo recientemente Sheinbaum, añadiendo que las fuerzas de seguridad deben priorizar la protección de los civiles, “pero no generando más confrontación que provoque más muertes”.

El general Francisco Jesús Leana Ojeda, que hasta hace poco era el comandante de las fuerzas armadas en la zona de Sinaloa, dijo a los periodistas que la seguridad del estado “no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer confrontación entre ellos”. Fue retirado de su cargo este mes, según informaron los medios locales.

El gobernador Rocha Moya se distanció de los comentarios que desataron indignación. “Obviamente el gobierno no puede sentarse a esperar a ver cuándo se les ocurre dejar de pelearse”, dijo.

Antes de terminar su mandato, López Obrador culpó a EE. UU. de la violencia, pues dijo que solo había iniciado “por una decisión que no fue correcta y que se fraguó en el extranjero”, sugiriendo que el gobierno de EE. UU. orquestó el plan para detener al Mayo.

“No hubo ninguna operación policial de EE. UU. realizada en México relacionada con la detención de Ismael Zambada García”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Un viernes reciente, la policía de Sinaloa encontró una camioneta blanca pintada con aerosol con la leyenda “Bienvenidos a Culiacán” frente a una taquería de la capital. En su interior había los cadáveres de al menos cinco hombres que debieron ser asesinados días antes, según un agente de policía, a juzgar por el olor a descomposición humana que impregnaba el aire.

Cuando se le preguntó si la violencia estaba disminuyendo, el agente exhaló bruscamente.

“¡Nombre!”, dijo, “esto apenas va empezando”.

En Elota, a una hora al sur de Culiacán, Rosario Salazar, de 70 años, se dispuso a resguardarse en cuanto las caravanas de hombres armados empezaron a atravesar el pueblo. Al oír el ruido de las camionetas pesadas, ella y su marido corrían al interior de su pequeña casa de bloques de concreto, apagaban las luces y se encerraban, a veces durante días.

“No nos acercábamos ni a la ventana”, dijo. Los distribuidores de alimentos dejaron de llegar al pueblo. Los vecinos apagaban la luz a las 8 p. m. Salazar cerró su tienda y empezó a racionar la comida.

“Siempre hemos sido pobres, sabemos adaptarnos y vivir con poquito”, dijo, “pero el miedo es más difícil de sobrellevar”.

En un momento dado, una tigresa llamada Tita escapó de una casa que se incendió y que según las autoridades pertenecía a un supuesto miembro del cártel.

En una acusación federal contra los líderes del Cártel de Sinaloa, los fiscales de EE. UU. afirman que el grupo alimentaba a tigres de los hijos del Chapo con sus enemigos, “vivos o muertos”, aunque los vecinos dicen que a Tita la tenían como mascota. Finalmente fue capturada y ahora se encuentra en el zoológico de Culiacán.

Entre los únicos objetos que sobrevivieron al incendio de la casa —encontrados entre los escombros carbonizados por periodistas del Times que visitaron el lugar— había un pequeño vial de naloxona, el fármaco utilizado para revertir la sobredosis de opiáceos.

La violencia en Elota y sus alrededores puede ser parte de una batalla por terreno que es muy adecuada para los campos de marihuana y los laboratorios de drogas sintéticas, dijo Juan Carlos Ayala Barrón, analista de seguridad y profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Los laboratorios normalmente se instalan en la zona serrana”, dijo Ayala Barrón, “donde se pueden cubrir en el monte debajo del follaje de árboles”.

El municipio era el hogar de dos hermanos acusados por la Administración de Control de Drogas de ser los principales traficantes de fentanilo para el cártel, hasta agosto, cuando uno de los hombres, Martín García Corrales, fue encontrado muerto a la orilla de la carretera y su hermano desapareció. Sus casas quedaron calcinadas y acribilladas a balazos.

El Departamento de Estado afirma que el Cártel de Sinaloa “es responsable en gran medida de la entrada masiva” de fentanilo a Estados Unidos.

Otros estallidos de violencia han sacudido Sinaloa antes, pero los residentes dicen que la ola actual es más intensa que cualquier otra que hayan vivido.

En 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron brevemente a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, en Culiacán y luego se vieron obligadas a liberarlo después de que hombres armados del cártel sitiaron la ciudad.

Cuando Guzmán López fue capturado otra vez el año pasado, sus secuaces volvieron a sembrar el caos en las calles, lo que obligó a cerrar el aeropuerto y los edificios gubernamentales.

Pero esos episodios terminaron en pocos días.

En el sur de Sinaloa, muchos habitantes siguen atrapados en sus casas un mes después del inicio del conflicto.

“¿Cómo les voy a dar de comer a estas niñas?”, dijo Luis Sapiens, un peón agrícola de Elota.

Sapiens, de 37 años, trabaja normalmente siete días a la semana en un invernadero para mantener a su mujer y a sus dos hijas, de 5 y 7 años. Ahora solo acude cada pocos días, cuando su jefe dice que es suficientemente seguro.

El gobierno local distribuyó alimentos en su barrio hace un par de semanas, pero aparte de eso, los residentes se las arreglan solos. La escuela local sigue cerrada, dijo Esmeralda, la mujer de Sapiens, porque los profesores tienen demasiado miedo para venir al municipio.

“Se están retrasando”, dijo, mientras las dos niñas veían dibujos animados, “y no hay nada que pueda hacer”.