El Presidente de México deja el cargo: algunos alaban su legado, pero otros lo temen

Para algunos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un reformador que condujo al país hacia el progreso durante sus seis años de presidencia. Para otros, es quien erosionó las instituciones democráticas y está dejando una serie de problemas a su sucesora.

Sin embargo, a medida que se acerca el final de su mandato, sus críticos y partidarios coinciden en algo: que López Obrador transformó su nación más que ningún otro líder en la historia reciente del país.

“Se trata sin duda de una presidencia decisiva que ha cambiado el rumbo del país”, dijo Andrew Paxman, historiador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, quien actualmente está escribiendo una biografía de López Obrador.

Mezclando retórica populista con tácticas de línea dura, López Obrador amplió su propia influencia. En la última década, ha forjado un movimiento político que reflejaba sus propias reivindicaciones personales y aprovechó el deseo de cambio de los ciudadanos. Fusionando ideales nacionalistas e izquierdistas, prometió traer el cambio a este país de 130 millones de habitantes.

Y en muchos aspectos cumplió su promesa. Ahora deja el cargo con unos índices de aprobación superiores al 70%. El martes, López Obrador dejará el cargo y cederá el manto a su protegida Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La aplastante victoria en junio de Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, fue vista por muchos como un claro voto de confianza en López Obrador y Morena, el partido que fundó en 2014.

Las elecciones de junio también le dieron a Morena amplias mayorías legislativas nunca vistas en México desde la transición a la democracia en el 2000.

“Sentamos las bases para la transformación que el país necesitaba”, dijo López Obrador a una multitud de simpatizantes en su último discurso sobre el Estado de la Unión este mes. “Dejamos en claro que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando cuando se pone al servicio de los demás”.

López Obrador casi triplicó el salario mínimo y sacó a millones de personas de la pobreza. Al hacer de la desigualdad un tema importante de la conversación nacional, dicen los analistas y sus partidarios, también empoderó a millones de mexicanos que se sentían desatendidos por la clase política durante décadas y les infundió una sensación de validación.

Al mismo tiempo, fue excepcionalmente divisivo, enfrentándose a críticas por buscar venganza contra sus detractores, al erosionar los controles democráticos y no impedir la expansión de la violencia generada por los cárteles.

Invirtió miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura en el subdesarrollado sur del país que crearon puestos de trabajo y redujeron el desempleo. Pero sus iniciativas también generaron enormes sobrecostes, causaron daños medioambientales y graves problemas legales.

En uno de sus últimos actos como presidente, López Obrador reformó el sistema judicial que había frustrado algunas de sus propuestas más ambiciosas, como la de poner trabas al organismo de control electoral que ayudó a que México dejara de ser un país de un partido único. La medida hará que el poder judicial pase de un sistema basado en nombramientos, con formación y cualificaciones, a otro en el que los votantes deben elegir a los jueces.

El cambio era necesario para modernizar los tribunales, según el Presidente y sus partidarios, y para infundir confianza en un sistema plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo.

Pero la propuesta se encontró con una feroz resistencia por parte de los trabajadores judiciales, expertos en derecho, inversores, legisladores de la oposición y otros. La determinación de López Obrador de aprobarla mantuvo a los mercados financieros al borde y provocó una disputa diplomática con los embajadores de Estados Unidos y Canadá.

Los críticos advirtieron que el plan haría poco para librar al poder judicial de sus propios problemas. En cambio, dijeron que erosionaría la independencia judicial en un país en el que presentarse a las elecciones puede ser una sentencia de muerte, además de que permitiría al movimiento político de López Obrador concentrar el poder.

Si López Obrador gobernó como un extraño, es porque lo era.

En una cultura política en la que los vástagos de familias prominentes han ocupado posiciones de poder, él procedía de una familia de pequeños comerciantes de Tabasco, un estado en el sureste de México. Su cercanía desde una edad muy temprana con algunas de las personas más pobres de México determinó su enfoque de la política, según los analistas.

Después de la universidad, pasó años viviendo y trabajando con los mayas chontales, un pueblo indígena, con el fin de mejorar sus condiciones de vida antes de dedicarse a la política.

En 2000 fue elegido jefe de Gobierno de la Ciudad de México y empezó a promover programas sociales como pensiones de jubilación y apoyos económicos a madres solteras. En 2006 fue su primera candidatura a la presidencia. Tras perder por un estrecho margen, se negó a aceptar los resultados y organizó una gran ceremonia pública para autoproclamarse “presidente legítimo” de un gobierno paralelo.

López Obrador volvió a contender por la presidencia en 2012 y perdió. Dos años después, en 2014, fundó su propio partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena. Él montó ese movimiento para una aplastante victoria presidencial en 2018, prometiendo mejorar la vida de los pobres, reducir la violencia y erradicar la corrupción.

Reviviendo un eslogan de su campaña de 2006, “Por el bien de todos, primero los pobres”, López Obrador se propuso rápidamente hacer lo que los gobiernos anteriores no pudieron —o, según algunos mexicanos— no quisieron hacer.

En seis años, casi triplicó el salario mínimo y duplicó con creces las pensiones de adultos mayores, las cuales se distribuyen cada dos meses a todos los ciudadanos mayores de 65 años.

“Hizo algo muy grande: sacarnos del abismo de la pobreza”, dijo Gilgenio López Aguilar, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en el sureño estado de Chiapas. El sr. López Aguilar, de 76 años, dice que ya no tiene que vender estiércol seco de caballo para ganar lo suficiente como para comprar frijoles y tortillas.

Además de la pensión de más de 300 dólares que el Sr. López Aguilar recibe cada dos meses, su familia también recibe un subsidio escolar para su nieto y una pensión de discapacidad para su nieta, quien nació con un trastorno metabólico, todo ello como parte de los beneficios introducidos por López Obrador.

El número de hogares cubiertos por al menos uno de los programas sociales del Presidente alcanzó cifras récord durante su mandato, y aproximadamente 5,1 millones de personas salieron de la pobreza, según datos del Gobierno. Las transferencias de dinero ayudaron a reducir la disparidad de ingresos.

Pero la estrategia tuvo consecuencias imprevistas: Las políticas del gobierno llegaron en menor medida a las familias más pobres de México, según varios estudios. Al mismo tiempo, se triplicó el número de hogares adinerados que se beneficiaban de los programas sociales del gobierno.

Hoy, México se mantiene como un país desigual. Bajo el mandato de López Obrador, la riqueza de las personas más acaudaladas de México aumentó, mientras que 46,8 millones de personas siguen viviendo en la pobreza, según Oxfam México.

No obstante, el interés de López Obrador por los pobres explica por qué este mes decenas de miles de personas acudieron al Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, para su último discurso sobre el Estado de la Unión. Algunos sollozaban mientras hablaba; otros cantaban o coreaban en señal de adulación.

“¿Quién dice que nada cambia en este país?”, cuestionó Vanessa Romero Rocha, abogada y analista política, en un ensayo en El País.

“Los cambios de 2018 a 2024 están a la vista aunque algunos prefieran no verlos, mucho menos entenderlos”, dijo Romero Rocha.

López Obrador dejará el cargo con uno de los índices de aprobación más altos del mundo. Sin embargo, sus críticos afirman que su mandato ha dejado al país en una situación vulnerable.

Trató de debilitar el organismo electoral de la nación, asestando un golpe a una institución que contribuyó a que el país dejara de ser unipartidista a principios de siglo. Ha debilitado la comisión antimonopolio, el organismo que vela por el cumplimiento de las leyes sobre libertad de información y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, otorgó a un ejército con muy poca supervisión y un largo historial de abusos contra los derechos humanos, una responsabilidad mucho mayor en materia de seguridad pública, y le confió la gestión de los puertos y aduanas del país, la construcción de una línea ferroviaria de 1.000 millas e incluso la distribución de medicamentos.

“Es una estrategia que deslegitima la labor de la administración pública, genera dependencia a largo plazo y bolsas de poder que luego son difíciles de desmantelar, comenta Fernando Nieto Morales, profesor especializado en gobierno y administración pública en el Colegio de México, sobre la responsabilidad otorgada a los militares.

La apuesta de López Obrador por reformar el sistema judicial expuso a la economía mexicana a réplicas marcadas por un desplome del 16% desde principios de junio en el valor de la moneda, el peso. A muchos inversores les preocupa cómo la medida podría afectar a la imparcialidad judicial necesaria para resolver las disputas entre las empresas y el Gobierno.

La economía mexicana también suscita inquietud. La enorme apuesta de López Obrador por los combustibles fósiles transformó a Pemex, el gigante petrolero controlado por el Estado, en la empresa petrolera más endeudada del mundo, suscitando temores que podrían desencadenar un caos económico en caso de impago, a menos que siga recibiendo rescates multimillonarios.

Y aunque México se benefició de la deslocalización de los fabricantes chinos en un boom de “near-shoring”, el crecimiento económico del país promedió tan sólo un 0,9% anual bajo el mandato de López Obrador, el resultado más débil de cualquier presidente en los últimos 30 años.

En una de sus tácticas más astutas, López Obrador ofreció conferencias de prensa televisadas a diario, aprovechando su carisma y su don de comunicación para reforzar una conexión personal con sus seguidores. También utilizó el foro para dirigir la narrativa política, a menudo distorsionando los hechos para adaptarlos a su agenda, como por ejemplo la falsa declaración de que México no produce fentanilo. En ocasiones intimidó a periodistas, grupos de derechos humanos y políticos, a veces revelando sus datos financieros o de contacto, lo que provocó el acoso de sus partidarios.

Carlos Loret de Mola, conocido periodista mexicano, provocó la ira de López Obrador tras informar sobre sus hijos, incluida la historia de una mansión ocupada por el hijo de López Obrador en Houston. El Sr. López Obrador reveló públicamente los ingresos de Loret de Mola y presentó fotos de su casa, mientras que una unidad especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México comenzó a investigar a LatinUS, donde labora Loret de Mola, por presuntos delitos de blanqueo de dinero y corrupción. No se han presentado cargos hasta el momento.

“Envía un mensaje a otros periodistas o a cualquiera que se atreva a cuestionarlo: ‘Ahora ya saben lo que les pasa a los que se meten conmigo’”, declaró Loret de Mola.

El Sr. López Obrador tuvo menos éxito en otras áreas, especialmente en la lucha contra el crimen. En 2018, se comprometió a revisar el enfoque del país sobre la inseguridad, con un énfasis en abordar la pobreza que impulsa a los jóvenes a unirse a las pandillas, en lugar de enfrentar agresivamente a los cárteles en las calles.

El plan, al que denominó “abrazos, no balazos”, coincidió con un descenso de los asesinatos masivos provocados por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados, aunque reportes recientes muestran que ha habido excepciones.

Los homicidios disminuyeron modestamente y las encuestas muestran que los habitantes de las ciudades se sienten más seguros.

Pero los cárteles de la droga siguen dominando amplias zonas de México, marcadas por desplazamientos masivos de mexicanos expulsados de sus pueblos, una temporada electoral en la que decenas de aspirantes a cargos públicos fueron asesinados y el resistente flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Tan sólo en la última semana, las luchas territoriales entre cárteles convirtieron a ciertas áreas de los estados de Michoacán y Sinaloa en lo que parecen ser zonas de guerra.

La violencia en curso pone de relieve una percepción sombría de que algunas cosas nunca parecen cambiar, especialmente para quienes lloran la pérdida de seres queridos en la crisis de desapariciones, con cerca de 100.000 personas aún desaparecidas.

Esta cifra incluye a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fueron agredidos por la policía, obligados a subir a patrullas y entregados a un cártel de la droga hace una década en el sur de México en 2014, un caso que sacudió al país y se convirtió en emblema de la impunidad duradera.

Cuando hizo campaña para la presidencia en 2018, López Obrador prometió resolver el caso y dar un cierre a las familias.

“Estaba lleno de esperanza, me dije: ‘Este es, este es nuestro hombre, él viene del pueblo, va a resolver lo que les pasó a nuestros muchachos’”, dijo Clemente Rodríguez, de 56 años, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

Esa esperanza pronto se desvaneció. Una década después, las familias de los 43 estudiantes siguen recibiendo pocas respuestas.

“Nos ha fallado y estoy totalmente decepcionado”, dijo el Sr. Rodríguez.