México rehace todo su sistema judicial: los estados respaldan una amplia modificación

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El plan, impulsado por el presidente de México, prevé que los votantes elijan a los jueces de todos los niveles, restructurando drásticamente el tercer poder del Estado.

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Los estados de México se apresuraron a rehacer todo el sistema judicial del país el jueves, aprobando una enmienda a la Constitución que sería la reestructuración judicial de mayor alcance jamás intentada por una gran democracia.

La medida, que reemplazaría el actual sistema basado en nombramientos por uno en el que los votantes eligen a los jueces, pondría a México en un rumbo inédito cuyas consecuencias para los tribunales y el país son casi imposibles de predecir.

Los defensores del plan argumentan que busca reducir la corrupción y les otorgaría a los votantes un papel más importante en un sistema de justicia que es ampliamente criticado. Los críticos de la medida acusan al gobierno mexicano, que propuso e impulsó los cambios, de poner en peligro el Estado de derecho al politizar los tribunales, darle al partido gobernante de México un mayor control sobre los jueces y erosionar los controles y equilibrios del país.

Los cambios podrían implicar la destitución de miles de jueces, desde los de los juzgados locales hasta el presidente de la Suprema Corte. Y restructuraría de manera drástica un importante poder del Estado que se encarga de impartir justicia en el tercer país más poblado de América.

Sin embargo, la logística es desalentadora: el país tendría que organizar nuevas elecciones para miles de jueces a partir del año que viene.

El jueves por la mañana, la mayoría de las legislaturas estatales habían aprobado la medida, lo que garantizaba que llegaría a la mesa del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Desde hace tiempo, López Obrador ha defendido la medida, que durante semanas ha generado manifestaciones con miles de personas en las calles, tanto en oposición como en apoyo, y ha suscitado advertencias de los embajadores de Estados Unidos y Canadá y de expertos jurídicos.

El Senado de México aprobó la enmienda el miércoles, y una vez aprobada por la mayoría de las 32 legislaturas estatales el jueves (20 la han aprobado hasta ahora), López Obrador dijo que la publicaría el domingo, víspera del Día de la Independencia de México. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el presidente convierte la medida en ley.

"Es una reforma importantísima", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina el jueves. "Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes; que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano".

La reestructuración, que no entraría en vigor inmediatamente, reorganizará los tribunales a todos los niveles.

En junio de 2025, los votantes elegirían a todos los miembros de la Suprema Corte, a los miembros de un tribunal de control y a aproximadamente la mitad del total de 7000 jueces de México. El resto se elegiría en los comicios de 2027.

Durante semanas, diversos grupos, entre ellos más de 50.000 jueces y trabajadores de los tribunales, han organizado protestas y huelgas en oposición al plan.

Esta semana, algunos manifestantes irrumpieron en el Senado, exigiendo a los legisladores que bloquearan la medida y obligándoles a suspender temporalmente el debate sobre la enmienda. Al final, la policía dispersó las manifestaciones con extintores, y el Senado reanudó la discusión en una polémica sesión, en la que los legisladores se llamaban "mentirosos" y "traidores".

La medida fue aprobada con facilidad por la Cámara de Diputados del Congreso, en la que el partido del presidente, Morena, tiene una supermayoría.

En los próximos meses, después de que López Obrador convierta la medida en ley, el Senado emitirá una convocatoria de candidatos y el organismo electoral de México empezará a organizar las elecciones judiciales.

En otros países, como Suiza y Estados Unidos, los votantes eligen a los jueces en cierta medida, pero el plan de México tiene un alcance tan amplio que ha suscitado advertencias.

"Las democracias no pueden funcionar sin un Poder Judicial fuerte, independiente y sin corrupción", declaró a la prensa Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, el mes pasado. "Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a las condiciones de la política".

Salazar añadió que la reestructuración podría implicar un "riesgo" para la democracia de México, y "hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas".

López Obrador dijo que las relaciones con la embajada de Estados Unidos se pusieron en "pausa" tras las declaraciones del embajador.

Muchos mexicanos han expresado su apoyo a la medida, diciendo que les daría influencia en un sistema judicial en el que pocos confían.

Según encuestas del gobierno, el 66 por ciento de los mexicanos percibe que los jueces son corruptos, y los analistas afirman que el nepotismo es muy común. Un diagnóstico reciente reveló que alrededor del 37 por ciento de los funcionarios judiciales tienen al menos un familiar trabajando en la judicatura.

El plan también eliminaría el poder judicial y su órgano de supervisión, el Consejo de la Judicatura Federal.

En la actualidad, el jefe de ese consejo --que, entre otras funciones, nombra a los jueces federales y también los disciplina-- es el presidente de la Suprema Corte. Una investigación reciente descubrió que, a lo largo de dos décadas, el consejo impuso sanciones a unos 400 de los 1500 jueces y magistrados federales que supervisa, quienes habían sido acusados de todo tipo de delitos, desde acoso sexual hasta contratación de familiares. Solo 30 fueron despedidos.

"No se puedes ser juez y parte", dijo Layla Manilla, una estudiante que apoya la reestructuración. "Esta acción implicaría justo una mejor vigilancia respecto a los casos de corrupción, nepotismo y negligencia".

Pero la medida no afectaría a otras partes del sistema judicial que también se consideran defectuosas y corruptas, como la fiscalía y la policía local. Según diversos estudios, menos del 4 por ciento de las investigaciones penales se resuelven en México.

Los críticos del plan dicen que eliminaría las largas listas de requisitos para ser juez, especialmente a nivel federal, abriendo el camino para que se postulen personas que tengan una licenciatura en Derecho y pocos años de experiencia jurídica.

"Afecta sin duda la independencia judicial y también seriamente estará en contra de la profesión legal", dijo Víctor Oléa, presidente del Colegio Nacional de Abogados de México, quien calificó la enmienda de "una erosion a la separación de poderes".

La mera celebración de las nuevas elecciones podría implicar un reto costoso e importante, según los expertos.

"La geografía judicial no es igual a la electoral, las boletas electorales nunca contienen tantos nombres", dijo Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral.

En ambos bandos, algunos dicen que el debate al menos ha convertido al sistema de justicia --a menudo considerado como una fuerza distante-- en un tema de discusión para muchos mexicanos.

"Se está hablando de justicia en este país", dijo Juan Jesús Garza Onofre, investigador de derecho constitucional. "Es una discusión muy buena y bien importante".

Y estas conversaciones, según algunos expertos, le dan al país la oportunidad de hacerse las preguntas correctas.

"Cómo hacemos para tener mejores árbitros de la democracia? ¿Cómo hacemos para que sean más independientes? ¿Cómo lo hacemos para que sean más sólidos? ¿Cómo lo hacemos para que puedan resolver más rápido los conflictos?", dijo Javier Martín Reyes, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times radicado en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega

James Wagner cubre América Latina, incluidos los deportes, y está radicado en Ciudad de México. Es nicaragüense-estadounidense originario del área de Washington y su lengua materna es el español. Más de James Wagner