Nueva investigación vincula a las fuerzas de seguridad de Venezuela con la muerte de al menos 6 manifestantes

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Un informe de Human Rights Watch es el primer esfuerzo de una importante organización internacional por verificar algunas de las dos decenas de muertes registradas en las protestas desde las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela.

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Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados afines al Gobierno cometieron actos de violencia generalizados contra manifestantes y mataron a algunos de ellos tras las disputadas elecciones presidenciales del país, según un informe publicado el miércoles por Human Rights Watch.

Organizaciones y medios de comunicación venezolanos denunciaron 24 asesinatos durante las manifestaciones, pero el reporte es el primer esfuerzo de una organización internacional por verificar algunos de ellos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enfrentado una amplia condena nacional e internacional por su afirmación de que ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, y la consiguiente represión violenta de las manifestaciones de protesta contra esa afirmación.

El gobierno aún no ha publicado ningún recuento de votos que demuestre la victoria de Maduro. Los recuentos de los observadores electorales publicados por la oposición muestran que perdió de manera contundente.

El informe de Human Rights Watch, una organización de investigación y defensa sin fines de lucro con sede en Nueva York, detalla los casos de seis personas que murieron durante las protestas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o de lo que parecían ser grupos de milicias armadas llamados colectivos.

Los investigadores de la organización dijeron en el reporte que también verificaron de manera independiente 11 de las 24 muertes denunciadas mediante la revisión de fotos, videos y certificados de defunción. La organización también entrevistó a 20 fuentes, entre familiares, testigos, periodistas y otros grupos de derechos humanos.

El grupo dijo que había recibido "reportes creíbles" de los 24 homicidios, pero que muchos familiares y testigos se negaron a ser entrevistados por temor a represalias del gobierno.

La organización verificó 39 videos y dos fotografías analizando los datos de subida del material para determinar la hora del día y cotejándolas con las sombras y las condiciones meteorológicas. También consultaron a expertos en armamento y patólogos forenses para evaluar las heridas y las armas denunciadas.

Las fuerzas de seguridad venezolanas, incluidas la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, estaban implicadas en algunos de los asesinatos, según las "pruebas creíbles" recabadas por Human Rights Watch.

Parece que las fuerzas estatales y los colectivos se coordinaban para reprimir a los manifestantes, según el informe.

Las fuerzas de seguridad levantaron barricadas, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a manifestantes para contener o dispersar las protestas. Si la manifestación continuaba, en algunos casos llegaban miembros de los colectivos y utilizaban armas de fuego contra los manifestantes.

Un video verificado por Human Rights Watch fue subido a TikTok el 29 de julio y mostraba al menos a tres hombres vestidos de civil disparando pistolas al aire durante más de un minuto. Los hombres estaban ubicados detrás de una fila de agentes de seguridad del Estado uniformados, mientras los manifestantes huían.

Los agentes no trataron de detener o arrestar a los hombres armados.

Uno de los manifestantes fallecidos fue Aníbal Romero, de 24 años, un trabajador de la construcción que se unió a una protesta el 29 de julio en un barrio pobre de Caracas, la capital. Human Rights Watch analizó un video en el que los agentes de policía parecen disparar armas contra los manifestantes.

Romero recibió un impacto de bala en la frente alrededor de las 7:00 p. m., según dos videos, una fotografía y un mensaje de audio enviado por un testigo, que fueron verificados por la organización.

El testigo dijo que, en un primer momento, los agentes de policía no permitieron que los manifestantes se llevaran a Romero a un hospital. Un video grabado al anochecer lo mostraba tendido y herido en la parte trasera de una camioneta inmóvil. Los manifestantes pudieron finalmente llevarlo al hospital, donde murió, según el mensaje de audio.

Dos días después, Maduro calificó la muerte de Romero de "noticia falsa". Como prueba, mostró un video de un hombre confesando haber simulado su propia muerte.

Human Rights Watch calificó esta afirmación de "manifiestamente falsa" y dijo que el hombre que aparece en el video utilizó un nombre y una ubicación que no coincidían con los datos de Romero, y afirmó que una organización local que ayudó a la familia de Romero también confirmó que la persona del video no era la víctima.

Otra muerte verificada por Human Rights Watch fue la de Olinger Montaño, de 23 años, un barbero que murió de una herida causada por un arma de fuego, según su certificado de defunción. En tres videos filmados cerca del lugar donde protestaba, y que fueron verificados por Human Rights Watch, se ve a miembros de la Guardia Nacional lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra una multitud de manifestantes.

La madre de Montaño lloró sobre su ataúd en el funeral, al que asistió The New York Times.

El gobierno venezolano ha dicho que más de 2400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Un grupo local de derechos humanos ha declarado que el gobierno ha detenido a casi 1600 personas durante ese mismo periodo (funcionarios de Estados Unidos dijeron el miércoles que un miembro de la Marina estadounidense había sido detenido en Venezuela, pero no proporcionaron más detalles).

Funcionarios gubernamentales han afirmado que quienes fueron detenidos eran responsables de terrorismo u otros delitos violentos. Pero Human Rights Watch dijo que encontró un patrón de arrestos solo por criticar al gobierno o participar en manifestaciones pacíficas.

También identificó un patrón de personas que han sido detenidas y se les ha negado el contacto con sus familias o abogados durante semanas y la representación por un abogado de su elección, incluso cuando ellos o sus familias solicitaron explícitamente uno.

El informe también decía que a menudo se ha presentado a los detenidos en grupos en juicios virtuales, lo que dificulta la administración adecuada de justicia para cada persona.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.