La Cámara de Diputados en México aprueba en lo general la propuesta del presidente en materia judicial

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Fue el primer paso hacia un sistema en el que casi todos los jueces del país serían elegidos por voto popular. El proyecto pasa ahora al Senado.

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Los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de México aprobaron el miércoles en la madrugada en lo general una amplia propuesta para rediseñar todo el poder judicial, el primer paso para cambiar el país a un sistema en el que casi todos los jueces sean elegidos por voto popular para el cargo.

La votación avanza una de las revisiones judiciales de mayor alcance de las últimas décadas en cualquier gran democracia, lo que eleva las tensiones en México sobre si las medidas mejorarán el funcionamiento de los tribunales del país o politizarán el poder judicial a favor del partido gobernante Morena y sus aliados. En el sistema actual, los jueces se nombran en función de una formación y unas calificaciones especiales.

Ahora, la Cámara de Diputados tendrá que discutir más de 600 detalles del proyecto de ley antes de que pase al Senado, donde al bloque gobernante solo le falta un escaño para alcanzar la mayoría calificada, aunque se espera que la medida sea aprobada.

El martes, cuando los legisladores se reunieron para discutir la propuesta, ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte votaron a favor de suspender las sesiones durante el resto de la semana en apoyo a los empleados judiciales en huelga del alto tribunal, que iniciaron un paro durante la semana, con lo que se sumaron a los cientos de trabajadores judiciales y jueces federales de todo México que iniciaron una huelga indefinida el mes pasado por los cambios propuestos.

Con la esperanza de retrasar la votación, los trabajadores en huelga formaron una cadena humana para bloquear el acceso a la Cámara de Diputados. Pero los legisladores cambiaron de sede y prosiguieron con el debate, que a menudo se convirtió en un tenso intercambio de acusaciones.

Tras una sesión de varias horas que se prolongó hasta entrada la mañana del miércoles, 359 legisladores presentes votaron a favor de la reforma. Solo 135 se opusieron.

Los resultados reflejan la excepcional influencia del partido gobernante, Morena, que obtuvo una aplastante victoria en las elecciones generales de junio.

Los integrantes de Morena se movilizaron para aprobar la propuesta a pedido del mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, que está en el último mes de su sexenio. Su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ha respaldado completamente el plan.

"Fuimos a la calle, fuimos a tocar puertas, fuimos a recorrer pueblos", dijo durante el debate Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, "y les dijimos a la gente que si votaban por nosotros votaríamos las reformas del presidente López Obrador. No los engañamos, a nadie engañamos".

La iniciativa de López Obrador ha suscitado protestas recientemente en todo el país e incluso ha sido motivo de una rencilla diplomática con el embajador estadounidense, Ken Salazar, quien la calificó como "un riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México".

El gobierno dice que las medidas propuestas --que entre otras cosas permitirían que los votantes elijan a prácticamente los 7000 jueces del país a nivel federal, estatal y local-- son necesarias para modernizar el poder judicial e infundir confianza en un sistema aquejado por la corrupción, el tráfico de influencias y el nepotismo.

Muchos críticos del plan concuerdan en que el sistema necesita replantearse. Pero advierten que la propuesta del gobierno poco ayudaría para librar al poder judicial de sus dificultades. Más bien, aseguran que erosionaría la independencia judicial y permitiría al movimiento político de López Obrador concentrar el poder.

"Digámoslo fuerte y digámoslo claro", dijo la diputada Patricia Flores, legisladora del partido opositor Movimiento Ciudadano, durante el debate el martes. "Más que una reforma judicial es un acto de venganza, porque el poder judicial sí ha sido un contrapeso a las decisiones del presidente".

Si bien unos pocos países permiten la elección de jueces por votación popular --entre ellos Estados Unidos, Suiza y Japón-- los expertos dicen que ninguno de ellos lo hacen en una forma tan generalizada como lo harían los cambios propuestos.

El experimento de México, si se aprueba, haría que el poder judicial pasara de un sistema de nombramiento basado en gran medida en la formación y las cualificaciones jurídicas a otro en el que los candidatos con una licenciatura en derecho y relativamente poca experiencia podrían presentarse para ser elegidos jueces.

"Vamos a tener unas muy malas sentencias al inicio", comentó Juan Jesús Garza Onofre, investigador de derecho constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. "Va a haber una curva de aprendizaje que implica retrasar procesos ya en marcha. De la noche a la mañana no van a llegar a tomar las riendas del juzgado". (Cada uno de los más de 1600 jueces a nivel federal atiende, en promedio, 19 casos por semana).

Hamlet García Almaguer, legislador por Morena, dijo que la iniciativa de ley establece la creación de comités para evaluar las habilidades y experiencia de los aspirantes antes de que se les permita postular.

El proyecto de ley crearía un Tribunal de Disciplina Judicial, también elegido por votación popular, con amplios poderes para investigar, penalizar y posiblemente despedir o destituir a jueces, sin incluir a los magistrados de la Suprema Corte. Las decisiones del tribunal serían definitivas e inapelables.

Ese órgano, dijo García Almaguer, es necesario debido a que los mecanismos disciplinarios han tenido pocas repercusiones. "Hay un manto de impunidad engranado con el tema del nepotismo y con las relaciones de grupos que existen ahí", dijo y añadió que cientos de jueces y trabajadores del poder judicial tienen parientes que trabajan en el mismo sector.

No obstante, los críticos de la ley dicen que el tribunal o los líderes del partido podrían presionar a los jueces para que fallen según su voluntad. "Se convertiría en una instancia de persecución política", dijo la jueza Juana Fuentes, integrante del poder judicial federal que se opone a la iniciativa. Podrían decirle a los jueces, añadió: "Tienes que resolver así porque, mira, si no, te destituyo".

Simon Romero es corresponsal del Times y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Está afincado en Ciudad de México. Más de Simon Romero

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times radicado en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega