México pone en pausa la relación diplomática con EE. UU. por críticas a su propuesta judicial

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El presidente López Obrador impulsa cambios al poder judicial que han causado fricciones con Estados Unidos a semanas de concluir su sexenio.

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Durante meses se han ido acumulando tensiones en México en torno a los planes para replantear ampliamente el poder judicial, lo que ha generado roces en los vínculos diplomáticos con Estados Unidos y conmocionado al sistema político.

Esta semana, las tensiones han estallado de manera abierta.

El presidente de México dijo el martes que su gobierno estaba poniendo "pausa" a las relaciones con la embajada de Estados Unidos en respuesta a las críticas del embajador de EE. UU. en torno a la última cruzada de su sexenio presidencial.

"Ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a hacer respetuosos de la independencia de México", dijo Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina. "Mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa con la embajada".

"Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo", añadió López Obrador, y dijo que la pausa también se extendería al Departamento de Estado de EE. UU. En un posible intento de amortiguar las preocupaciones sobre el posible impacto en el comercio, López Obrador también dijo que las relaciones generales entre EE. UU. y México no se verían afectadas.

La embajada de EE. UU. en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondieron inicialmente a un pedido de comentarios.

López Obrador también anunció una pausa en las relaciones con la embajada de Canadá, que había expresado la preocupación de los inversionistas canadienses por la propuesta de cambios en el poder judicial.

En un comunicado, varios miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. expresaron su "profunda preocupación" por el hecho de que las modificaciones propuestas pudieran contradecir los compromisos adquiridos por México en el acuerdo comercial de 2020 con Canadá y México.

La pausa de las relaciones diplomáticas con la embajada de Estados Unidos del presidente sucede luego de que, la semana pasada, el embajador estadounidense, Ken Salazar, calificó las propuestas de cambios al poder judicial como "un riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México". Salazar afirmó que las medidas podrían poner en riesgo la relación comercial con EE. UU. al erosionar la confianza en el marco legal de México y al envalentonar a los cárteles de la droga para que "se aprovecharan de jueces inexpertos y con motivaciones políticas".

La legislatura del Congreso de México, electa recientemente, podría empezar a votar la próxima semana sobre los cambios propuestos por López Obrador. Si se aprueban, todo el poder judicial pasaría de un sistema de nombramiento basado en gran medida en la formación y las cualificaciones especializadas a uno en el que prácticamente cualquier persona con una licenciatura en derecho y algunos años de experiencia podría presentarse a elecciones para convertirse en juez.

La medida podría obligar a más de 5000 jueces a abandonar sus puestos, desde los integrantes de la Suprema Corte de Justicia hasta los encargados de los tribunales de distrito locales.

Miles de jueces federales y trabajadores del poder judicial ya se han sumado a paros nacionales, y cientos de manifestantes salieron a las calles en más de 20 ciudades del país el domingo, con la esperanza de llamar la atención sobre lo que calificaron de ataque contra el poder judicial.

López Obrador dice que los cambios son necesarios para evitar la impunidad y las sentencias que permiten que los narcotraficantes salgan libres. Pese a que el sexenio presidencial termina en octubre, el nuevo Congreso --en el que el partido gobernante, Morena, y sus aliados obtuvieron mayoría en ambas cámaras-- todavía tiene un plazo de un mes, mientras López Obrador siga en el cargo, para aprobar la decena de cambios constitucionales propuestos, entre ellos el plan del presidente de elegir a los jueces y magistrados por votación popular.

López Obrador ha dicho que cambiar la forma en la que se selecciona a los jueces y magistrados eliminaría la corrupción del poder judicial y garantizaría que todos, no solo los ricos, tuvieran acceso a la justicia. Y --como él mismo ha admitido-- permitiría que los proyectos de su gobierno no fueran desafiados por la Suprema Corte de México.

"No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido", dijo en mayo del año pasado, cuando presentó por primera vez sus ideas para implementar los cambios. "Está completamente al servicio del bloque conservador".

Pero otras personas, citando los ataques del presidente contra jueces que han fallado en contra de algunos de sus proyectos, dicen que las medidas son un pretexto apenas velado para erosionar la independencia judicial y aumentar el poder del movimiento político nacionalista del López Obrador.

"Pretenden desaparecernos como institución", dijo José Fernando Miguez, portavoz de los trabajadores en paro y funcionario judicial en Ciudad de México. "Pretenden desaparecer a personas que han estado su vida entera trabajando como jueces y magistrados con una amplia experiencia".

Hasta ahora, Claudia Sheinbaum, presidenta electa y protegida de López Obrador, ha adoptado plenamente su iniciativa. Después de que Salazar, el embajador estadounidense, expresara sus preocupaciones, Sheinbaum dijo a los periodistas: "Siempre ha habido diálogo, pero hay cosas que le corresponden a los mexicanos y a las mexicanas".

[Esta nota está en desarrollo y se actualizará en breve]

Simon Romero es corresponsal del Times y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Está afincado en Ciudad de México. Más de Simon Romero

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times radicado en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega