StrikesLopez Obrador, Andres ManuelSheinbaum, ClaudiaMexicoCourts and the Judiciary
El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los jueces sean electos, no nombrados. Los trabajadores de los tribunales ya se han declarado en huelga para protestar contra su plan.
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Los jueces federales votaron el lunes por la noche para ir a paro en todo México, en protesta por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar el sistema judicial del país. Los jueces se unirán a los miles de empleados judiciales que a primera hora del día se declararon en huelga indefinida por los polémicos cambios.
Las medidas reflejan las crecientes tensiones en torno a la propuesta de López Obrador de introducir los cambios más radicales en el sistema judicial mexicano en décadas. Tanto él como sus partidarios quieren que miles de jueces mexicanos, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean elegidos en vez de ser nombrados en función de sus capacidades y formación especializada.
López Obrador ha defendido el plan, argumentando que el objetivo final es librar al poder judicial "de la corrupción y de los privilegios". Los críticos dicen que el cambio podría originar que personas con mínima experiencia jurídica sean elegidas para ocupar cargos judiciales.
El presidente "ha enloquecido", dijo Juana Fuentes, directora nacional de la Asociación Mexicana de Jueces y Magistrados Federales, que organizó la votación de la huelga. "Si pasa esta reforma vamos a generar un régimen de un poder absoluto y concentrado en una sola persona".
La votación significa que el miércoles, más de 1400 jueces y magistrados se unirán a los trabajadores de los tribunales federales que abandonaron el trabajo el lunes.
López Obrador espera sacar adelante sus medidas en septiembre, su último mes en el cargo, cuando el Congreso vuelva a reunirse. Con la combinación de legisladores de su partido Morena y legisladores aliados, se espera que el mandatario tenga una amplia mayoría en el Congreso.
Sin embargo, aunque parece contar con los votos necesarios en el Congreso para aprobar los cambios políticos, en las últimas semanas han surgido numerosos focos de resistencia.
Los críticos de López Obrador argumentan que las propuestas equivalen a una toma de poder, destinada a erosionar los controles sobre el poder ejecutivo, después de que la Suprema Corte se convirtiera en un bastión de la oposición al presidente. Si se modifica el sistema, los 11 jueces de la Suprema Corte, así como miles de otros jueces federales y estatales, podrían verse obligados a dimitir.
"Llevamos un esfuerzo de 10, 15, 20 años para ser jueces o magistrados. Y, de repente, nos dicen pues que esos años que invertimos ya no van a servir", dijo Víctor Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Toluca, ciudad del centro de México. La elección de magistrados por voto popular, agregó, ya no garantizaría que personas que han construido su carrera en el Poder Judicial puedan convertirse en jueces.
Los trabajadores judiciales, incluyendo secretarios y otro personal de apoyo, decidieron organizar su huelga nacional después de enterarse de que las propuestas de López Obrador no sufrirían cambios significativos antes de ser discutidas el próximo mes en el Congreso. El año pasado, cientos de empleados judiciales hicieron una huelga de 13 días contra los recortes presupuestarios propuestos, incluidos en la iniciativa del gobierno, que afectarían negativamente las prestaciones de los empleados.
Se espera que casi la totalidad de los 55.000 trabajadores de los tribunales federales se sumen a la huelga en los próximos días, dijo Flores, lo que significa que cientos de juzgados y tribunales de todo el país permanecerán cerrados. En el Estado de México, donde Flores está radicado, unas 1500 personas ya se han sumado a la huelga, y algunos han cerrado las entradas a sus lugares de trabajo con cadenas.
"Si los trabajadores no se presentan a laborar pues obviamente que los jueces y magistrados no pueden emitir resoluciones", añadió Flores. Sin embargo, se harán excepciones para permitir resoluciones sobre "asuntos urgentes", incluidos los casos en los que la vida de las personas esté en peligro, dijo Fuentes.
Los jueces y trabajadores judiciales en huelga esperan llamar la atención sobre la propuesta de reforma que, según los críticos, implicaría un retroceso de décadas de esfuerzos para reforzar la independencia judicial en México.
"Se siente un ambiente de incertidumbre, de tristeza, de decepción", dijo Anallely Reyes, una funcionaria federal que se unió a la huelga en Naucalpan, un centro industrial en el Estado de México. "Se va a afectar al país entero poniendo gente que no conoce de estos temas. A nosotros nos ha costado años conocer las leyes, conocer la forma en cómo deben aplicarse".
Muchos expertos judiciales reconocen que el sistema jurídico mexicano tiene problemas, como la lentitud de los casos y la ineptitud de las investigaciones, que permiten que muchos delitos queden impunes. Pero los críticos sostienen que la revisión de López Obrador haría poco para enfrentar esos problemas sistémicos, o incluso podría empeorarlos al politizar vastos sectores del sistema judicial.
"Desde mi punto de vista, primero es una venganza", dijo Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México, refiriéndose a los frecuentes ataques de López Obrador contra el poder judicial. "Es regresar a tener el control político de la justicia".
Los críticos dicen que si la reforma se aprueba en su forma actual, los candidatos alineados con López Obrador y su protegida, Claudia Sheinbaum --que fue elegida presidenta en una aplastante victoria en junio y asume el cargo en octubre-- tienen más probabilidades de ganar las elecciones judiciales que las que tendrían los críticos del gobierno.
"Lo que queremos es que haya un verdadero sistema de justicia en el país", dijo Sheinbaum a los periodistas el lunes cuando se le preguntó por la huelga. "Ahora va a tener mas autonomía el poder judicial cuando se elijan a los jueces, a los magistrados y a los ministros. ¿Por qué? Porque a un juez lo va a elegir el pueblo, igual que a la presidenta".
Sin embargo, expertos en México y en el extranjero han advertido que los cambios propuestos amenazarían la independencia judicial, violarían las normas jurídicas internacionales y socavarían el Estado de derecho.
Simon Romero es corresponsal del Times y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Está afincado en Ciudad de México. Más de Simon Romero
Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times radicado en Ciudad de México, y cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más de Emiliano Rodríguez Mega
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