Denuncian abusos laborales en una fábrica de Caterpillar en México

En los últimos años, a medida que los principales fabricantes anuncian planes para aumentar su producción en México, los sindicatos han expresado su preocupación por la posibilidad de que se envíen empleos estadounidenses al extranjero.

Ahora, estas preocupaciones motivaron al sindicato United Auto Workers (UAW, por su sigla en inglés), uno de los principales apoyos del presidente Joe Biden, a criticar la decisión de su gobierno de no investigar las acusaciones de abusos laborales por parte de una subsidiaria mexicana de Caterpillar, fabricante de maquinaria agrícola.

A fines de junio, el gobierno informó a un grupo de sindicatos que no investigaría una denuncia relacionada con las represalias que tomó una de sus subsidiarias en contra de los miembros del sindicato en huelga, pues les obstaculizó la búsqueda de otro empleo, lo que constituye una forma de inclusión en listas negras.

La capacidad del gobierno para castigar estas infracciones, en virtud de una disposición del T-MEC, el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pretende reducir el incentivo de los empresarios estadounidenses para trasladar puestos de trabajo a México en busca de una menor protección laboral. El UAW argumenta que, al negarse a hacer uso de su autoridad en virtud del acuerdo comercial en este caso, el gobierno de Biden podría estar animando a las empresas a reubicar los puestos de trabajo.

Los trabajadores de Caterpillar en México "enfrentan acoso y que se les ponga en listas negras por atreverse a manifestar su descontento, sin ninguna protección del T-MEC", comentó Shawn Fain, presidente del UAW en una declaración. El UAW fue uno de los varios grupos sindicales que presentaron la denuncia.

El gobierno de Biden se abstuvo de comentar la denuncia, pero se refirió a otras dos docenas de casos abiertos en el marco del acuerdo comercial. Caterpillar no respondió a las peticiones de comentarios.

El tira y afloja se produce en plena campaña electoral estadounidense, en la que la protección y la creación de empleos en el sector manufacturero podrían volver a ocupar un lugar preponderante.

Cuando Donald Trump contendió a la presidencia en 2016, se abrió paso en Míchigan, Wisconsin y Pensilvania con críticas a la pérdida de empleo en el sector manufacturero en favor de otros países. Cuatro años después, la promesa de Biden de reactivar la industria manufacturera estadounidense le ayudó a ganar en esos estados.

Según los archivos financieros, el número de trabajadores de Caterpillar en América Latina aumentó a poco más de 20.000 el año pasado, de alrededor de 11.000 en 2016. El número de empleos de Caterpillar en Estados Unidos ha aumentado una cantidad similar, a cerca de 50.000, durante el mismo periodo, aunque ese aumento es mucho menor en términos porcentuales. Los datos no diferencian entre trabajadores de producción y administrativos.

CNH, otro fabricante de maquinaria con gran presencia en Estados Unidos, comunicó hace poco al UAW que trasladaría a México más de 200 puestos de trabajo que tenía en Racine, Wisconsin. Un tercer fabricante, John Deere, está construyendo una nueva planta en México y acaba de anunciar despidos que afectarán a cientos de trabajadores de Iowa e Illinois.

Richard Glowacki, quien está a cargo del comité negociador del contrato colectivo del UAW en la localidad que representa a los trabajadores de la planta de CNH en Racine, afirmó que la deslocalización había puesto a sus miembros en una situación imposible.

"Los trabajadores estadounidenses siempre llevan las de perder, dado que tienen que hacer concesiones para competir con un país que no tiene los mismos estándares que nosotros", comentó Glowacki.

Un portavoz de CNH dijo que la empresa estaba "redistribuyendo actividades manufactureras que no eran centrales para la producción de tractores en Racine". Un vocero de Deere aseguró que los despidos del fabricante estaban relacionados con "los costos más bajos de las materias primas, menores volúmenes de pedidos y un mercado de la construcción más laxo".

Los trabajadores por hora suelen ganar salarios bajos en México en comparación con los de países de riqueza similar. Muchos economistas culpan a los sindicatos establecidos en el país, que a menudo colaboraron con la dirección para negociar contratos que suprimen los salarios y las prestaciones.

En virtud del llamado mecanismo de respuesta rápida que permite a Estados Unidos instruir causas laborales en México, los trabajadores o los sindicatos pueden denunciar violaciones de derechos presentando peticiones al gobierno estadounidense, que debe investigar las acusaciones en un plazo de 30 días.

Si Estados Unidos encuentra pruebas suficientes y creíbles de una violación, pedirá al gobierno mexicano que lleve a cabo su propia revisión, y ambas partes pueden llegar a un acuerdo. Estados Unidos puede recurrir a un panel multinacional si considera insuficiente la respuesta mexicana.

El gobierno de Biden investigó con éxito un caso de lista negra conforme al mecanismo de respuesta rápida cuando una empresa discriminó a candidatos a un puesto de trabajo que habían participado en actividades sindicales.

Otro caso condujo a un acuerdo para readmitir a Víctor Manuel Vergara García, un trabajador de la planta de Caterpillar que fue despedido en abril de 2023 después de ayudar a que sus compañeros se afiliaran a un sindicato independiente.

Joyce Sadka, economista experta en las instituciones laborales mexicanas, afirma que el mecanismo de respuesta rápida: "En general, tiene una retroalimentación positiva" y señala que muchos empleadores se han vuelto más cuidadosos en el cumplimiento de la ley laboral desde que se creó el mecanismo.

Pero, agregó, "solo estamos ante lo superficial".

Según Sadka, en México proliferan los abusos laborales, como los despidos por represalia de simpatizantes sindicales, y que, en comparación, las medidas de cumplimiento son escasas, en parte porque muchos trabajadores mexicanos desconocen sus derechos laborales.

Pero el caso de Caterpillar muestra cómo las impugnaciones de prácticas laborales abusivas pueden llegar a un punto muerto incluso cuando los trabajadores se afilian a sindicatos y presentan denuncias.

Los trabajadores de la subsidiaria de Caterpillar, que se encuentra en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, votaron a favor de formar parte de un sindicato independiente en junio de 2023 y se declararon en huelga en septiembre para exigir un aumento de sueldo. En aquel momento, la mayor categoría de trabajadores de la planta ganaba unos 18,70 dólares al día, por debajo del salario mínimo legal de la zona.

La última oferta de la empresa es de alrededor de 21,70 dólares diarios, mientras que la demanda más reciente del sindicato es de 24,60 dólares. El sindicato también reclama los salarios atrasados de los trabajadores en huelga.