El domingo, Boeing anunció que había aceptado declararse culpable de un cargo penal federal como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia; esto puso fin a una crisis de un año de duración relacionada con uno de sus aviones, el 737 Max.
El acuerdo quizá ayude a Boeing a cerrar un caso federal derivado de dos accidentes mortales del 737 Max en 2018 y 2019, pero no es el punto final de esa saga y podría tener poco impacto en otros problemas, incluidos ciertos cuestionamientos sobre la calidad de producción de la compañía que salieron a la luz cuando un panel se desprendió de un avión Max durante un vuelo en enero.
A continuación, lo que sabemos sobre el acuerdo de Boeing con los fiscales federales y otros problemas que enfrenta la empresa.
¿Qué se espera que pase ahora?
En 2021, Boeing y el Departamento de Justicia concertaron un primer acuerdo relacionado con los dos accidentes, que le permitió a la empresa evitar cargos penales. Sin embargo, este año los fiscales federales dijeron que la compañía había violado los términos de ese acuerdo y propusieron uno nuevo, que se aceptó en principio el domingo.
El acuerdo más reciente prevé que Boeing se declarare culpable de asociación delictuosa para defraudar al gobierno federal. La empresa también debe aceptar un supervisor independiente, tres años de libertad condicional y sanciones económicas adicionales. Esto incluye una multa de 487,2 millones de dólares, la mitad de la cual podría ser condonada por pagos de multas anteriores de Boeing.
Pero el acuerdo todavía no es oficial.
"A veces la gente escucha que llegaron a un acuerdo sobre la declaración de culpabilidad y piensa que con eso se acaba todo, pero eso no es necesariamente cierto", explicó Kya M. Henley, ex abogada de oficio y cofundadora de Saint Park, un bufete de abogados especializado en delitos de cuello blanco.
Se espera que en los próximos días se presente un acuerdo formal ante un tribunal federal y que el juez a cargo del caso revise este acuerdo, al que se oponen rotundamente muchas de las familias de las personas que murieron en ambos accidentes.
Si el juez les da la razón a las familias, Boeing y el Departamento de Justicia tendrán que llegar a un nuevo acuerdo.
De lo contrario, un comité independiente elegirá a un supervisor y la decisión final estará en manos de la subprocuradora general, Lisa Monaco. El Departamento de Justicia ha declarado que, en ese caso, le solicitaría a la ciudadanía proponer nombres de candidatos para ese cargo y consideraría los comentarios de Boeing.
¿Por qué las familias están inconformes y qué pueden hacer?
Las familias han dicho que están muy decepcionadas con la forma en que el Departamento de Justicia ha manejado el caso contra Boeing. A pesar de haber conseguido que la empresa se declarara culpable de una acusación penal, los fiscales no consiguieron responsabilizar a la empresa o sus directivos por la muerte de las 346 personas en los dos accidentes, según los abogados de las familias.
"No creemos que el acuerdo sea adecuado", declaró Erin Applebaum, abogada que representa a 34 de las familias que perdieron a seres queridos en el segundo accidente, en Etiopía. "No creemos que aborde adecuadamente la raíz de los problemas de Boeing".
Applebaum señaló que la única forma de aplicar cambios significativos en Boeing sería tomar medidas que afecten sus utilidades, lo que supondría imponer multas más elevadas y consecuencias más graves. También criticó la decisión de considerar propuestas del público para el supervisor independiente como "nada más que palabrería", pues el Departamento de Justicia le permitiría de cualquier manera a Boeing opinar sobre la decisión.
De momento, las familias esperan convencer al juez de que rechace el acuerdo, con el argumento de que no mejoraría la seguridad pública. Por otra parte, está previsto que a finales de este año arranque el juicio de varias causas civiles presentadas contra Boeing por algunas de las familias.
¿Quién será y qué hará el supervisor?
El Departamento de Justicia nombrará a un supervisor de cumplimiento independiente como parte de los términos de los tres años de libertad condicional de Boeing. Esa persona, que gozará de las mismas facultades que un agente de libertad provisional, presentará informes anuales al gobierno y vigilará que la empresa cumpla las medidas de seguridad.
Los informes del supervisor podrían sugerir cambios en el proceso de producción o el control de calidad de la empresa. En otras empresas, como Apple y Deutsche Bank, se han colocado inspectores similares en el marco de acuerdos con fiscales federales.
No se sabe a quién nombrará el gobierno en ese puesto. Es probable que el supervisor en este caso sea un experto en aviación.
"Nadie quiere un supervisor que ande revisando sus archivos con total libertad", dijo John C. Coffee, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia especializado en gobierno corporativo. "Por eso es probable que la designación de esa persona sea muy delicada".
El alcance de la autoridad del supervisor dependerá de las letras pequeñas del acuerdo final. Quedan por resolver algunas cuestiones importantes, como si el supervisor podrá presentarle directamente al juez sus conclusiones y si el juez podrá imponer una sanción como respuesta. Según Coffee, estas cuestiones deberán abordarse en los términos definitivos.
Veronica Root Martinez, profesora de Derecho de la Universidad de Duke que estudia las faltas y el cumplimiento de las empresas, dijo que es casi seguro que el tribunal vigile al supervisor, ya que su designación se deriva de una declaración de culpabilidad, y que los informes se presenten públicamente en el sumario del tribunal. Es probable que el supervisor se coordine con personal interno de la empresa para redactar recomendaciones y garantizar el cumplimiento del acuerdo.
"No necesariamente es solo un observador pasivo", comentó Martinez.
¿La declaración de culpabilidad de Boeing tiene otras consecuencias?
La declaración de culpabilidad pone en peligro los lucrativos contratos gubernamentales de Boeing. Una empresa condenada por ciertos delitos no puede obtener contratos públicos si no se le otorga una dispensa. Boeing está en conversaciones con el Pentágono sobre el destino de esos contratos gubernamentales, según una persona familiarizada con el asunto.
Según Loren Thompson, un experimentado analista aeroespacial, las consecuencias para el negocio espacial y de defensa de Boeing podrían ser catastróficas. Los contratos con el gobierno suponen más de un tercio de los ingresos de la empresa.
Thompson agregó que los proyectos de defensa de Boeing han disminuido a lo largo de las décadas a medida que otros fabricantes han ido ganando terreno y afirmó que: "Si algo más les impide captar nuevos proyectos de defensa, será muy perjudicial para la cartera de productos de la empresa".
Por el momento, no se sabe si el acuerdo de culpabilidad tendrá algún impacto en otra investigación sobre el vuelo de enero, operado por Alaska Airlines, en el que un panel se desprendió de un jet Max. El FBI, que investiga el incidente, declinó hacer comentarios.
Algunas familias cuyos parientes murieron en accidentes de aviones 737 Max 8 de Boeing protestan en una audiencia del Subcomité Permanente de Investigaciones de Seguridad Nacional del Senado, en el Capitolio, Washington, el 18 de junio de 2024. (Eric Lee/The New York Times)