Los comerciantes en Birmania son encarcelados por subir los salarios

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Para la junta de Birmania, la decisión de los comerciantes perturba "la paz y el orden de la comunidad". El país está sumido en una crisis económica desde que el régimen militar tomó el poder.

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Con la moneda de Birmania desplomándose y la inflación disparándose, el propietario de tres tiendas de teléfonos celulares en Mandalay anunció que iba a dar un aumento a sus empleados. La noticia de su generosidad se difundió rápidamente en Facebook, y sus trabajadores se alegraron de la novedad.

Pero el régimen militar que gobierna Birmania no lo vio así. Soldados y policías detuvieron al propietario, U Pyae Phyo Zaw, cerraron sus tres tiendas y lo acusaron de incitar a los disturbios públicos en virtud de una ley vagamente redactada que suele utilizarse para reprimir la disidencia, según declararon su hermano y un empleado.

Pyae Phyo Zaw es uno de los al menos 10 propietarios de negocios detenidos en las últimas semanas después de que circulara por internet la noticia de que estaban aumentando el salario de sus trabajadores. Aumentar los salarios no está prohibido, pero los empresarios están acusados de socavar el régimen haciendo creer a la gente que la inflación está subiendo, según un experto jurídico. Todos ellos se enfrentan a tres años de prisión.

Los soldados colocaron un aviso frente a una de las tiendas de Pyae Phyo Zaw diciendo que estaba cerrada por perturbar "la paz y el orden de la comunidad".

El portavoz de la junta, el general Zaw Min Tun, declinó responder a las repetidas llamadas de The New York Times.

"Estábamos muy agradecidos por el aumento de sueldo, pero ahora la tienda está cerrada y no me pagan", dijo el empleado, que habló bajo condición de anonimato para evitar ser detenido. "La gente corriente como nosotros está sufriendo por los altos precios, casi hasta la desesperación".

El regreso de los militares al poder en un golpe de 2021 y la consiguiente rebelión popular contra su gobierno han sumido al país en una crisis económica, revirtiendo los avances logrados durante una década de liderazgo cuasi democrático.

La junta se enfrenta a la intensa presión de los rebeldes étnicos armados y de los luchadores prodemocráticos, que controlan más de la mitad del territorio del país y siguen ganando terreno en el campo de batalla, invadiendo numerosas bases y puestos avanzados del ejército.

Mientras combatía a los rebeldes, el ejército quemó aldeas y arrozales en Shwebo, la cuenca arrocera del alto Birmania, destruyendo la cosecha y contribuyendo a una fuerte subida de los precios de los alimentos. Los rebeldes, al apoderarse de los principales pasos fronterizos, han interrumpido el comercio con China, India y Tailandia.

En todo el país --excepto en Naipyidó, la capital de los generales-- la energía eléctrica suele estar disponible menos de cuatro horas al día, lo que restringe la fabricación y extiende la miseria en un lugar donde las temperaturas alcanzan a menudo los 37 centígrados. Al menos 250 personas murieron de insolación en mayo en las regiones de Mandalay y Magway, según un servicio de ambulancias sin fines de lucro que trasladó a los fallecidos.

"La economía de Birmania después de 2021 ha salido de la crisis, ha atravesado el caos y ahora llega a lo que seguramente es su casi colapso como entidad en desarrollo que funciona formalmente", declaró el economista australiano Sean Turnell, antiguo asesor de la derrocada líder civil, Daw Aung San Suu Kyi. Ahora asesora a un grupo dirigente de la oposición, el Gobierno de Unidad Nacional.

El Banco Mundial informó en junio que la producción económica de Birmania se había reducido un 9 por ciento desde 2019, y la pobreza se ha disparado a niveles no vistos desde hace casi una década. Un tercio de la población vive ahora por debajo del umbral de la pobreza.

La fuerza de trabajo ha disminuido a medida que más de 3 millones de personas han huido de los combates para ponerse a salvo en aldeas remotas y campamentos en la selva de Birmania, y muchos hombres y mujeres jóvenes han escapado al extranjero para evitar ser reclutados por el ejército. Muchos miles más han abandonado las ciudades para unirse al ejército de resistencia.

Con las sanciones financieras occidentales contribuyendo a paralizar la economía, el creciente aislamiento de Birmania lo ha dejado hambriento de divisas. La propia moneda del país, el kyat, se ha desplomado en el mercado clandestino a un tercio de su valor anterior al golpe.

El hundimiento del kyat supone una destrucción de riqueza "a escala épica", dijo Turnell, quien estuvo encarcelado 22 meses por el régimen bajo acusaciones falsas.

La política económica de los generales es "una lucha desesperada por conseguir los medios financieros para financiar su guerra", afirmó en una declaración publicada por el Gobierno de Unidad Nacional. Señaló que el régimen ha recortado drásticamente la financiación de la sanidad y la educación, mientras que el gasto militar se ha disparado un 60 por ciento desde el golpe.

Muchas de las armas del régimen proceden del extranjero, y Tailandia se perfila como uno de los principales conductos, según un informe publicado el miércoles por Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Birmania.

Según Andrews, la junta importó el año pasado casi 130 millones de dólares en armas y equipos de proveedores registrados en Tailandia, más del doble que el año anterior. Instó a Tailandia a detener el flujo de armas.

El informe también acusaba a 16 bancos de siete países de ayudar a la junta gobernante de Birmania a eludir las sanciones occidentales. Andrews instó a los bancos a dejar de ayudar a los "crímenes de guerra y de lesa humanidad".

Para financiar su guerra, la junta ha impreso casi 30 billones de kyats desde el golpe, unos 9,2 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial actual, lo que ha provocado una fuerte devaluación de la moneda y ha disparado la inflación.

Para contrarrestar la inflación, la junta congeló los precios de alimentos básicos como el arroz, la carne y el aceite de cocina; restringió la compra de oro y divisas; y trató de frenar el flujo de dinero al extranjero.

En las últimas semanas, las autoridades han detenido a decenas de personas por violar las restricciones de precios y divisas, entre ellas productores de arroz, comerciantes de oro y cambistas. También detuvieron a intermediarios por vender viviendas en Tailandia --una importante salida para las inversiones--, así como a compradores que abrieron cuentas bancarias en Tailandia para facilitar sus operaciones.

El domingo, un medio de comunicación de la junta anunció la detención de otras 11 personas, entre ellas los directores de cuatro grandes cadenas de supermercados y siete grandes productores de arroz, por cobrar más del doble del precio fijado por la junta para el arroz. Uno de los detenidos es un ejecutivo de una cadena de supermercados japonesa, según el informe.

En un mercado de Mandalay, un video captó a un funcionario local utilizando un megáfono para anunciar precios fijos para la carne de cerdo, ternera y cordero. Instó a los clientes a denunciar a quienes cobraran más.

"Detener a los propietarios de las tiendas por el aumento de los precios no se ajusta a ninguna ley", afirmó el abogado de derechos humanos U Kyee Myint. "En Birmania, la ley existe solo de nombre, así que desde un punto de vista legal, todo lo que está haciendo la junta es absurdo".

Para la mayoría de la gente, el arroz es una parte esencial de su dieta, y el aumento de los precios ha afectado especialmente a los pobres.

Una mujer que hace la compra en Mandalay, Daw Nge Nge Tun, dijo que el precio en su mercado se ha triplicado y ya no puede permitirse comprar arroz decente. Ahora compra arroz barato, partido, que suele utilizarse como alimento para pollos.

"Antes podía comprar y comer arroz de buena calidad", dijo. "Ahora que lo pienso, la vida de la gente en Birmania es igual que la de los pollos en la granja que se sientan y esperan su turno para que los maten".

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