Drug Abuse and TrafficPolitics and GovernmentEthics and Official MisconductBribery and KickbacksDecisions and VerdictsCastel, P KevinHernandez, Juan AntonioHernandez, Juan OrlandoRivera Maradiaga, Devis LeonelFinancial District (Manhattan, NY)Honduras
El exmandatario fue condenado por conspirar para importar cocaína en Estados Unidos y poseer y conspirar para poseer "artefactos destructivos", incluidas ametralladoras.
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Durante los ocho años que Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras, el pequeño país centroamericano fue zona de tránsito para cientos de toneladas de cocaína que fluían hacia el norte con destino a Estados Unidos.
La fortuna política de Hernández estaba ligada a las bandas que transportaban esas drogas, según los fiscales federales de Manhattan. Los traficantes impulsaron su ascenso, subvencionando las campañas de Hernández a cambio de promesas de protección, incluso cuando el presidente se presentaba como un aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, según los fiscales.
Ahora Hernández pasará 45 años en prisión. Fue condenado el miércoles en la Corte Federal de Distrito de Manhattan tras ser declarado culpable en marzo de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer y conspirar para poseer "artefactos destructivos", incluidas ametralladoras.
El juez P. Kevin Castel calificó a Hernández como un "político de dos caras hambriento de poder" que se había hecho pasar por un aliado antidroga mientras colaboraba con los traficantes. Dijo que la sentencia enviaría un mensaje a quienes creían que su "buena apariencia y elegantes modales" podrían protegerles.
"Deseo que las víctimas de los delitos de este caso tengan un cierre", añadió el juez.
Justo antes de ser condenado, Hernández habló durante casi una hora, insistiendo en que había sido objeto de una conspiración.
"Es como si me hubieran arrojado a un río profundo con las manos atadas", dijo. Y añadió: "Ha sido una persecución política".
La defensa había pedido que Hernández, de 55 años, recibiera la pena mínima de 40 años, alegando que sería efectivamente una cadena perpetua.
Pero los fiscales pidieron al juez que Hernández muriera entre rejas, citando su abuso de poder, sus conexiones con traficantes violentos y "la insondable destrucción" ocasionada por la cocaína.
La sentencia del miércoles fue una de las varias que se derivan de los cargos que se remontan a 2015, que describen una conspiración en expansión.
En 2021, el hermano de Hernández, Juan Antonio Hernández, exdiputado hondureño acusado de intermediar en sobornos para su hermano, fue condenado a cadena perpetua. Al año siguiente, se impuso la misma condena a Geovanny Fuentes Ramírez, traficante acusado de sobornar a políticos y de torturar y asesinar a un funcionario de las fuerzas de seguridad.
Algunos testigos del gobierno que declararon durante el juicio del expresidente Hernández reconocieron haberse comportado con la misma brutalidad.
Uno de ellos, Amílcar Alexander Ardón Soriano, traficante y exalcalde del municipio de El Paraíso, declaró que había participado en torturas y asesinado a dos personas, y que era responsable de la muerte de más de 50 personas.
Otro, Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de una banda hondureña, admitió estar implicado en la muerte de 78 personas, entre ellas dos periodistas y el zar antidroga del país.
Los abogados defensores sugirieron que esos testigos habían mentido sobre Hernández para eludir largas penas de prisión y como represalia por lo que, según la defensa, había sido su enérgica persecución de los traficantes mientras ocupaba el cargo. Hernández se dirigió directamente al juez en una carta en la que citaba a Edmund Burke, Martin Luther King Jr. y la Biblia.
Los fiscales replicaron que los argumentos de Hernández "reflejan una realidad alternativa". Escribían que había protegido "a sus cómplices en el narcotráfico de la persecución y la extradición, dando cobijo seguro a violentos y masivos traficantes de cocaína mientras utilizaban Honduras como trampolín para bombear cocaína hacia Estados Unidos".
El veredicto se produjo tras semanas de pruebas de que había recibido millones de dólares de organizaciones de narcotraficantes de Honduras, México y otros lugares. Además de las declaraciones de antiguos traficantes, esas pruebas incluían el testimonio de un investigador hondureño y cuadernos con las iniciales de Hernández que, según los fiscales, detallaban las transacciones de drogas.
A principios de 2022, cuando Hernández fue detenido en Honduras menos de un mes después de dejar el cargo, se había hecho muy impopular en el país. Su sucesora en la presidencia, Xiomara Castro, le acusó de convertir a la nación en una "narcodictadura" y funcionarios estadounidenses afirmaron que Hernández había utilizado dinero procedente del narcotráfico durante sus dos campañas presidenciales para sobornar a funcionarios electorales y manipular los votos.
Muchos hondureños lo culpaban de los altos índices de delincuencia y violencia del país y de una economía tambaleante que había provocado la huida de miles de personas, muchas de las cuales emigraron a Estados Unidos.
El juicio en Manhattan sirvió como una especie de proceso remoto para decenas de hondureños expatriados que dijeron que ojalá hubiera sido posible que Hernández se enfrentara a la justicia en su país de origen. Asistieron todos los días, llenando los bancos del juzgado y de una sala cercana donde se retransmitían los testimonios en una gran pantalla.
Algunos de los presentes se burlaron cuando Hernández, vestido con un traje oscuro, declaró en su defensa. En un momento dado negó su relación con narcotraficantes, incluso cuando los fiscales mostraron una fotografía suya posando en un partido de fútbol de la Copa del Mundo en Sudáfrica con un conocido capo del narcotráfico.
Tras la condena de Hernández, una multitud de hondureños lo celebró a las puertas del tribunal, coreando cánticos en español y mostrando un mono de presidiario naranja con las esposas unidas por una larga cadena. Una mujer levantó un cartel en el que se leía: "No a la clemencia para la narcopolítica".
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