Luisiana exige que todas las aulas públicas exhiban los diez mandamientos

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La ley firmada el miércoles por el gobernador Jeff Landry convierte al estado en el único con este mandato. Los críticos han prometido presentar un recurso de inconstitucionalidad.

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El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, firmó el miércoles una ley que exige la exhibición de los diez mandamientos en todas las aulas públicas del estado, lo que lo convierte en el único con un mandato de este tipo y reaviva el debate sobre cuán permisiva debería ser la frontera entre Iglesia y Estado.

Los críticos, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles y la Fundación para la Libertad de Religión, prometieron una lucha legal contra la ley que consideraron "descaradamente inconstitucional". Se trata de una batalla para la que los defensores están preparados, y en muchos sentidos, deseosos, de emprender.

"No puedo esperar a que me demanden", dijo Landry el sábado en un acto republicano de recaudación de fondos celebrado en Nashville, según The Tennessean. Y el miércoles, mientras firmaba la medida, argumentó que los diez mandamientos contenían valiosas lecciones para los estudiantes.

"Si quieren respetar el Estado de derecho", dijo, "tienen que empezar por el dador original de la ley, que fue Moisés".

La legislación forma parte de una campaña más amllia de grupos cristianos conservadores para amplificar las expresiones públicas de fe y provocar demandas que podrían llegar a la Corte Suprema, donde esperan una acogida más amistosa que en años anteriores. Esa presunción se basa en sentencias recientes, en particular una de 2022 en la que el tribunal se puso de parte de un entrenador de fútbol americano de un instituto que argumentaba que tenía derecho constitucional a rezar en la línea de 50 yardas después de los partidos de su equipo.

"El clima es ciertamente mejor", dijo Charles Haynes, investigador del Freedom Forum y experto en libertad religiosa y discurso civil, refiriéndose al punto de vista de quienes apoyan la legislación.

Sin embargo, Haynes considera injustificado el entusiasmo que suscitan la ley de Luisiana y otras iniciativas. "Creo que se están extralimitando", dijo, y añadió que "incluso a este tribunal le costará justificar" lo que han concebido los legisladores.

La medida de Luisiana exige que los mandamientos se expongan en todas las aulas de las escuelas públicas de primaria, secundaria y bachillerato, así como en las aulas de las universidades públicas. Los carteles no deben ser menores de 27 por 35 centímetros y los mandamientos deben ser "el foco central del cartel" y "en un tipo de letra grande y fácilmente legible".

También incluirá una declaración de tres párrafos en la que se afirme que los diez mandamientos fueron una "parte destacada de la educación pública estadounidense durante casi tres siglos".

Esto refleja la afirmación de los partidarios de que los diez mandamientos no son un texto puramente religioso, sino también un documento histórico, argumentando que las instrucciones transmitidas por Dios a Moisés en el libro del Éxodo son una gran influencia en la legislación de Estados Unidos.

"Los diez mandamientos están ahí, una y otra vez, como base y fundamento del sistema sobre el que se construyó Estados Unidos", dijo Matt Krause, abogado del First Liberty Institute, una organización jurídica sin fines de lucro que defiende la expresión religiosa.

Sin embargo, mientras los legisladores debatían la medida, sus partidarios argumentaron que una exhibición tan visible era algo más que compartir la historia legal.

"Debido a toda la basura a la que están expuestos nuestros hijos en las aulas hoy en día, es imperativo que volvamos a poner los diez mandamientos en un lugar destacado", dijo la representante estatal Dodie Horton, patrocinadora republicana de la legislación.

La medida permite que "nuestros hijos miren hacia arriba y vean lo que Dios dice que está bien y lo que dice que está mal", dijo Horton a sus colegas. "No predica una religión determinada, pero sin duda muestra cuál es el código moral por el que todos debemos regirnos".

Los críticos dijeron que la legislación era una clara violación constitucional. En una declaración conjunta, grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles de Luisiana, Estadounidenses Unidos por la Separación de Iglesia y Estado y el Southern Poverty Law Center argumentaron que la ley "viola el derecho fundamental de los estudiantes y las familias a la libertad religiosa."

"Nuestras escuelas públicas no son escuelas dominicales", decía el comunicado, "y los estudiantes de todas las creencias, o sin fe, deben sentirse bienvenidos en ellas".

La ley es producto de una temporada legislativa en la que los legisladores republicanos que se habían sentido asfixiados durante ocho años bajo un gobernador demócrata, John Bel Edwards, trataron de avanzar una ráfaga de legislación conservadora con Landry, su sucesor republicano.

En una sesión especial de este año, los legisladores dieron marcha atrás en una revisión anterior del sistema de justicia penal y aprobaron proyectos de ley para alargar las condenas por algunos delitos, limitar estrictamente el acceso a la libertad condicional, procesar como adultos a los jóvenes de 17 años acusados de cualquier delito y permitir métodos de ejecución distintos de la inyección letal.

Los legisladores también impulsaron medidas pioneras en el país, como la designación de las píldoras abortivas como sustancias controladas peligrosas y la autorización a los jueces para ordenar la castración quirúrgica de los agresores sexuales de menores.

Luisiana es el primer estado que promulga la obligación de exhibir los diez mandamientos en las escuelas desde que la Corte Suprema anuló en 1980 una ley de Kentucky que contenía una directiva similar. En ese caso, Stone contra Graham, el tribunal consideró que la ley violaba la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda.

Pero la Corte Suprema se ha vuelto más proclive a fallar a favor de los derechos religiosos bajo la presidencia del juez John Roberts Jr.

Tal vez la señal más clara, según abogados y activistas conservadores, fue la sentencia de 2022 que declaró que Joseph Kennedy, entrenador asistente de fútbol americano en un instituto público cerca de Seattle, estaba protegido por la Primera Enmienda cuando rezaba después de los partidos, a menudo acompañado por estudiantes.

Con ese fallo, la mayoría descartó un precedente de larga data conocido como la prueba Lemon, que se aplicaba a casos relacionados con la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda. La cláusula tiene por objeto "impedir que el gobierno promueva (es decir, establezca) u obstaculice la religión, prefiriendo una religión sobre otras o favoreciendo la religión sobre la no religión", dijo Haynes.

La prueba exigía que los tribunales consideraran si la práctica gubernamental impugnada tenía una finalidad laica, si su principal efecto era promover o impedir la religión y si fomentaba una excesiva implicación del gobierno en la religión.

La sentencia fue "una especie de punto de inflexión", dijo Krause. Y añadió: "Creo que cualquier decisión basada únicamente en la prueba Lemon está abierta a un nuevo escrutinio, ya se trate de oraciones de graduación o pesebres en terrenos públicos o los diez mandamientos".

La legislación de Luisiana --y el litigio que esencialmente garantiza-- brinda la oportunidad de aplicar ese escrutinio a las exhibiciones públicas de los diez mandamientos.

Los esfuerzos legislativos en otros estados han tenido un camino lleno de baches. Propuestas similares fracasaron recientemente en Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas. Una propuesta presentada este año en Utah quedó reducida a una medida que añadiría los diez mandamientos a una lista de documentos y principios que podrían incluirse en los currículos escolares.

Haynes, del Freedom Forum, cree que los tribunales --incluida la Corte Suprema, si el caso llega tan alto-- verán más allá de las declaraciones sobre el contexto histórico y reconocerán que la motivación es introducir la enseñanza religiosa en las aulas públicas.

Si los tribunales no estuvieran de acuerdo, dijo, el resultado sería una erosión catastrófica de las divisiones entre gobierno y religión.

"Eso cambiaría quiénes somos como país, ir en esa dirección y no tener ninguna barrera para el enredo del gobierno con la religión", dijo Haynes. "¿Qué quedaría? ¿Qué no podría hacer el gobierno?".

Michael Levenson y Sarah Mervosh colaboraron con reportería.

Rick Rojas es corresponsal nacional en el sur de Estados Unidos. Es reportero para el Times desde 2014. Más de Rick Rojas

Michael Levenson y Sarah Mervosh colaboraron con reportería.