Su barrio de Palm Springs se quemó hace más de 50 años y ahora quieren una indemnización

PALM SPRINGS, California. -- Los espectaculares se elevan más allá del valle desértico, para anunciar a los millones de visitantes un capítulo casi olvidado de la historia de Palm Springs. "Sepa antes de ir. Palm Springs, Sección 14", dice uno de ellos. "Olimos el humo, vimos nuestras casas en llamas".

En la década de 1960, en Palm Springs, un destino turístico bañado por el sol en el sur de California, un barrio de familias en su mayoría negras y latinas fue arrasado con el propósito de hacer espacio para un desarrollo comercial. Un informe de 1968 del fiscal general del estado lo calificó de "un holocausto organizado por la ciudad".

Hoy, hay pocos remanentes físicos de la comunidad llamada Sección 14, además del terreno vacío y los restos de los cimientos de losas de concreto donde alguna vez hubo viviendas. Un centro de convenciones, hoteles y un casino dominan ahora el paisaje.

El grupo de Sobrevivientes de la Sección 14 de Palm Springs, formado por antiguos residentes y descendientes, pide una indemnización por la pérdida de sus casas y bienes personales, además de daños y perjuicios por el trauma racial. La ciudad se disculpó por su actuación y dijo que se comprometía a poner en marcha un programa de reparaciones. Pero las negociaciones no habían llegado a nada.

Hasta ahora.

California está a la vanguardia del movimiento para compensar a los afroestadounidenses que se han visto perjudicados por el racismo sistémico y el legado de la esclavitud, pero la experiencia de Palm Springs pone de manifiesto los retos que supone extender el apoyo, en gran medida simbólico, a acciones concretas. El año pasado, un panel estatal recomendó decenas de cambios políticos y miles de millones de dólares en reparaciones para los residentes negros del estado. Los legisladores estatales han seguido algunas de esas recomendaciones, pero no han propuesto ningún pago directo en efectivo.

En abril, tras meses de intensas negociaciones, Palm Springs ofreció cerca de 4,3 millones de dólares por hasta 145 propiedades para resolver la demanda --una fracción minúscula de lo que el grupo de la Sección 14 había propuesto-- junto con la construcción de viviendas asequibles y otros proyectos comunitarios.

Areva Martin, abogada de derechos civiles de Los Ángeles que representa al grupo, consideró que la promesa de la ciudad era un primer paso en las negociaciones. Pero añadió que la oferta "se basa en datos defectuosos y análisis inadecuados".

"Esperamos continuar el diálogo con la ciudad", dijo, "y una oportunidad para llegar a un consenso con base en un análisis más exacto y realista".

Al mismo tiempo, un pequeño grupo de residentes de Palm Springs ha estado en contra de llegar a cualquier acuerdo sin una evaluación independiente de lo que sucedió, una condición que el Ayuntamiento local declaró de manera pública que se cumpliría. Los residentes dicen que la ciudad y su alcalde en aquel entonces, Frank Bogert, fueron culpados de manera injusta por la destrucción.

Para complicar la situación, los terrenos donde se encontraba la Sección 14 pertenecen a una tribu nativa americana, la Banda Agua Caliente de los indios cahuilla.

"Muchos elementos hacen que este asunto sea tan complejo: se encuentra en la intersección de la raza, la riqueza y el poder", afirmó el reverendo Daniel Kline de la Iglesia de San Pedro en el Desierto, quien apoya a los sobrevivientes y siente que su búsqueda es una oportunidad para un debate más amplio sobre la raza en Palm Springs. "Lo que hace que este caso sea aún más complejo que otros en el país es que hay tierras tribales involucradas".

En Palm Springs hay desacuerdos sobre quién fue el responsable de los desalojos forzosos y sobre si los desalojos se hicieron con la debida antelación. No hay duda de que se incendiaron casas. Los registros municipales sugieren que, en algunos casos, se notificó a las familias que tenían que mudarse. Pero los antiguos residentes denuncian que no se les avisó, que perdieron sus pertenencias en las llamas y que no recibieron ninguna ayuda del ayuntamiento para reubicarse.

Los afroestadounidenses --algunos de los cuales huían del Sur de Jim Crow-- junto con mexicanos construyeron y rentaron viviendas sobre terrenos arrendados en la Sección 14, conformada por 2,5 kilómetros cuadrados de terreno cerca del centro de Palm Springs. También vivían allí algunos filipinos, nativos americanos y estadounidenses blancos.

La tribu de Agua Caliente poseía cerca de 2711 hectáreas en Palm Springs incluida la Sección 14, pero la renta del terreno estuvo restringida hasta 1959, año en el cual una ley federal permitió que los arrendamientos se extendieran hasta por 99 años. Este cambio hizo la tierra más atractiva para los promotores inmobiliarios y le permitió a la tribu hacerse de fortuna económica.

Varias entidades estuvieron involucradas en el desalojo del barrio. De 1965 a 1967, 235 estructuras en la Sección 14 fueron demolidas e incendiadas por el Departamento de Bomberos de la ciudad, según los registros municipales. La investigación estatal subsiguiente, que señaló que unos 1000 residentes se vieron afectados, concluyó que no había pruebas de que se hubiera cometido un delito en las demoliciones, pero que la ciudad había mostrado un "desprecio civil" por los derechos de sus residentes minoritarios.

La tribu no ha hecho ninguna declaración oficial sobre los desalojos ni sobre la cuestión de las indemnizaciones. Un vocero de la tribu no respondió a varios mensajes telefónicos y de correo electrónico.

En 2021, la ciudad emitió una disculpa formal por su participación en los desalojos forzados. Y en el verano de 2022, retiró la estatua de Bogert, el alcalde durante los desalojos, que estaba frente al Ayuntamiento.

Meses después, el grupo de la Sección 14 presentó una demanda enmendada contra la ciudad bajo el argumento de que los desalojos eran ilegales y constituían un ataque por motivos raciales.

"Se trata de personas que han visto sus vidas trastocadas, que han visto sufrir a sus padres, que perdieron su trabajo y su casa, personas que han sufrido traumas psicológicos", declaró Martin. "Queremos que la Sección 14 vuelva a la memoria de esta comunidad".

Norm King, quien fungió como administrador municipal de Palm Springs, forma parte de un grupo llamado Amigos de Frank Bogert. Declaró que aunque el grupo se centraba en restablecer la reputación de Bogert, le gustaría que hubiera una evaluación objetiva de un tercero sobre la historia de la Sección 14 --como anunció la ciudad-- antes de que se tomaran decisiones definitivas sobre los pagos directos.

King dijo que los documentos publicados el año pasado mostraban que la ciudad no había tomado la decisión de desalojar a la gente, sino que había trabajado a instancias de la tribu para demoler las casas y había sido reembolsada por el gobierno federal. Lo más importante, dijo, es que los terrenos se limpiaron porque la tribu tenía derecho a urbanizarlos.

Martin comentó que los registros representaban solo una fracción de la historia y que el número de casas incendiadas por la ciudad era una cifra mucho mayor que el recuento oficial. Además, dijo, la ciudad no protegió a sus propios ciudadanos.

En abril, Jeffrey Bernstein, el actual alcalde de Palm Springs, anunció varios pasos para "atender las desigualdades del pasado", entre ellas muchas de las cuestiones que aparecen en el pliego petitorio del grupo de la Sección 14. Ahí figura contribuir a un fondo comunitario de terrenos para construir viviendas asequibles y estudiar la construcción de un centro cultural o de sanación dedicado a la Sección 14.

La propuesta también incluyó el pago de "daños monetarios" de alrededor de 29.500 dólares por viviendas y bienes personales --de hasta 145 propiedades-- que ascienden a un total de unos 4,3 millones de dólares. El dinero se pagaría a los antiguos inquilinos o descendientes que pudieran ser verificados.

El grupo de la Sección 14 solicitó entre 187 y 366 millones, según un correo electrónico del abogado de la ciudad compartido con The New York Times. La brecha se basa en desacuerdos sobre el número y el valor de las propiedades afectadas, aunado al valor de la propiedad personal. En el correo electrónico, el grupo propone 350 viviendas con un valor actual de entre 490.000 y 1 millón de dólares, así como un valor actual de 45.000 dólares para los bienes personales por hogar.

"Mis colegas y yo reconocemos que los fondos de la ciudad se utilizaron para limpiar terrenos que albergaban a personas y familias que eran inquilinos de la propiedad, incluidos grupos minoritarios", afirmó Bernstein en una declaración. "Sabemos que, como ciudad, tenemos que corregir ese error".

El Marquis Villas Resort en Palm Springs, California, el 30 de julio de 2023. (Carlos Jaramillo/The New York Times)

Algunos miembros del grupo de supervivientes de la Sección 14, en Palm Springs, California, el 30 de julio de 2023. (Carlos Jaramillo/The New York Times)