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Los fiscales guatemaltecos, que tienen un historial de persecución contra grupos sin fines de lucro, dijeron que estaban investigando denuncias de abusos a menores, que la organización benéfica ha negado.
Las autoridades guatemaltecas registraron las oficinas de Save the Children, dijo el jueves la organización benéfica internacional, en el marco de una investigación sobre denuncias de abuso infantil que fue ampliamente percibida como un ataque político en un país con un historial de ataques contra grupos sin fines de lucro y organizaciones de derechos humanos.
El Ministerio Público de Guatemala dijo en un comunicado el jueves que había registrado la sede de una organización "en seguimiento a una investigación de carácter transnacional" sobre posibles abusos contra niños guatemaltecos. Las autoridades no mencionaron el nombre de la organización.
Save the Children, que opera en Guatemala desde 1976, dijo que su oficina había sido registrada. Negó las afirmaciones y dijo que no había sido notificada previamente de una investigación.
Rafael Curruchiche, quien dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dijo en un video publicado en las redes sociales que el registro había implicado el "registro y secuestro de evidencias" en coordinación con la policía nacional.
Curruchiche, a quien Estados Unidos incluyó en una lista de sanciones a funcionarios corruptos por obstruir las investigaciones sobre corrupción y socavar la democracia, dijo que el registro se produjo tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Guatemala tiene un historial de represión de la labor anticorrupción y de defensa de los derechos humanos. Alejandro Giammattei, quien fue presidente de 2020 a 2024, atacó rutinariamente a las organizaciones sin fines de lucro durante su mandato. En 2021, una nueva ley otorgó a las autoridades amplios poderes para disolver organizaciones no gubernamentales después de que los legisladores argumentaron que los grupos que reciben financiación extranjera violaban la soberanía de Guatemala. Organismos internacionales han dicho que la legislación suprimía la libertad de reunión y expresión.
El presidente Bernardo Arévalo, que se ha presentado como defensor de la lucha contra la corrupción, fue elegido el año pasado y tomó posesión de su cargo a principios de este año, a pesar de la firme resistencia de sus oponentes en el gobierno. Pero la clase política conservadora, incluidos los fiscales que se oponen a Arévalo, le han dificultado la aplicación de su programa.
La denuncia contra Save the Children fue presentada por una persona que declaró que se estaba abusando de niños guatemaltecos en refugios de Texas donde trabajaban organizaciones no gubernamentales, según Juan Luis Pantaleón, portavoz del Ministerio Público.
El fiscal Curruchiche dijo que las autoridades habían pedido ayuda en la investigación a la fiscalía de Texas. En una carta a Ken Paxton, procurador general de Texas, verificada por el Ministerio Público de Guatemala, Ángel Pineda, secretario general del ministerio, acusó a Save the Children de enviar niños a Texas de forma ilícita. Pineda también ha sido incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos.
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, un grupo político guatemalteco de lucha contra la corrupción, descartó la idea de que los fiscales guatemaltecos se preocuparan repentinamente por la seguridad de los niños en el país.
"Es lo más probable, y lo casi seguro: que tengan motivaciones políticas", dijo en una entrevista.
Guatemala, donde uno de cada dos niños está desnutrido, también ha sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo por la salud y las condiciones de la infancia. Los niños guatemaltecos han huido de la violencia y la pobreza, a menudo en busca de seguridad en Estados Unidos. Pero un número cada vez mayor de ellos ha sido devuelto. Las adopciones a familias de Estados Unidos se han estancado debido a las denuncias de secuestros y venta de bebés.
Save the Children defendió su labor en un comunicado el jueves, afirmando: "No facilitamos --y nunca lo hemos hecho-- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala". En cambio, dijo que apoyaba programas de salud y nutrición, acceso a la educación y alimentación en el sistema escolar público y asistencia durante emergencias.
"Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala", dijo el grupo. "No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida".
La semana pasada, la organización benéfica dijo que tenía conocimiento de denuncias sobre el bienestar de los niños migrantes con los que trabajaba. Afirmó que no había pruebas que respaldaran esas alegaciones, y añadió que se tomaba en serio todas las denuncias sobre conductas indebidas contra los niños y que disponía de mecanismos de investigación independientes para examinarlas.
John Yoon es un reportero del Times afincado en Seúl que cubre noticias de última hora y de tendencia. Más de John Yoon
James Wagner cubre América Latina, incluidos los deportes, y está radicado en Ciudad de México. Es nicaragüense-estadounidense originario del área de Washington y su lengua materna es el español. Más de James Wagner
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-El Ministerio Público de Guatemala dijo en uncomunicado el jueves que había registrado la sede de una organización como "parte de una investigación transnacional en curso" sobre posibles abusos contra niños guatemaltecos.
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