La policía allana la casa de la presidenta de Perú en busca de relojes Rolex

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Dina Boluarte ha sido captada con relojes de lujo y una pulsera de 50.000 dólares y está siendo investigada en relación con las leyes de enriquecimiento ilícito y de declaración de bienes del país.

La policía y la fiscalía de Perú llevaron a cabo un allanamiento sorpresa en la casa de la presidenta Dina Boluarte y en el palacio de gobierno a primera hora del sábado, como parte de una investigación por "enriquecimiento ilícito" tras las noticias de que se la había visto llevando relojes Rolex desde que asumió el cargo.

El allanamiento, que se produjo cuando los peruanos celebraban el feriado de Semana Santa, conmocionó a mucha gente, incluso en un país que se ha acostumbrado en las últimas dos décadas a que los políticos sean investigados por presunta corrupción.

Antes de la medianoche del Viernes Santo, la policía utilizó una comba para entrar por la fuerza en la casa de Boluarte en Lima, según la cobertura en directo de Latina Noticias. Los fiscales y la policía registraron a continuación el despacho de Boluarte y su residencia en el palacio de gobierno.

La presidenta no se había presentado esta semana a una cita programada con los fiscales para mostrarles tres relojes Rolex que ha usado y explicar su procedencia. También se negó a permitirles entrar en su casa para ejecutar una orden de registro, según el fiscal general Juan Villena, quien dijo a los legisladores que su negativa era "un claro indicador de rebeldía".

La investigación a Boluarte comenzó el 18 de marzo, después de que el programa de noticias por internet La Encerrona reveló que la mandataria había empezado a llevar relojes cada vez más caros, entre ellos al menos un Rolex, desde que asumió el cargo en diciembre de 2022. Los fiscales sospechan que ha violado las leyes del país contra el enriquecimiento ilícito y no ha declarado bienes de lujo. En Perú, las autoridades electas deben informar al gobierno de cualquier activo cuyo valor supere los 10.300 soles, unos 2774 dólares, y consignar cualquier regalo recibido de terceros.

Los medios de comunicación locales han informado desde entonces que Boluarte ha llevado otros tres relojes Rolex, así como una pulsera Cartier de 50.000 dólares, y que las autoridades bancarias han detectado unos 300.000 dólares en depósitos de origen desconocido realizados en sus cuentas personales antes de que asumiera el cargo.

Según La Encerrona, los modelos de relojes Rolex que ha llevado cuestan al menos 14.000 dólares.

Boluarte ha negado haber cometido irregularidades, pero también se ha rehusado a explicar públicamente el origen de los Rolex, limitándose a decir que el primer reloj Rolex que llamó la atención era un artículo "de antaño". "En mi ADN está no ser corrupta", declaró a los periodistas. "Lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo".

En un discurso televisado el sábado, Boluarte, flanqueada por los ministros de su gabinete, culpó a los medios de comunicación de crear "cortinas de humo" que alimentan el "caos" y la "incertidumbre".

"Soy una mujer honesta. Entré a palacio de gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026", dijo. "Hoy marchemos por la verdad, por la idoneidad, por abrazarnos todos en un solo corazón".

Los subordinados de Boluarte han sugerido otras explicaciones. Hania Pérez de Cuéllar, su ministra de Vivienda y exdirectora de la institución que protege la propiedad intelectual, sugirió que el Rolex podría ser falso y admitió haber comprado ella misma una réplica de un reloj de lujo en un viaje a China. Un abogado de Boluarte dijo a primera hora del sábado que podría haber recibido los relojes de un "fan" que quería permanecer en el anonimato.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, calificó la medida de los allanamientos de "inconstitucional" y "desproporcionada" y pidió a los legisladores y a la ciudadanía "unidad" ante lo que describió como un intento de desestabilizar al Gobierno.

"Se ha politizado la justicia", dijo en rueda de prensa junto a otros ministros. "Estos hechos tienen un propósito de resquebrajar el Gobierno, resquebrajar la democracia y resquebrajar la institucionalidad". Declinó responder a las preguntas de los periodistas.

No estaba claro si la polémica del Rolex le costaría a Boluarte un apoyo clave.

El Ministerio del Interior, que controla la Policía Nacional, expresó su apoyo a Boluarte, diciendo en un post en X que rechazaba "actos que afectan el desarrollo del país, encubiertos en cuestionables disposiciones judiciales".

"Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por el orden interno del país", escribió el ministerio.

Algunos de los aliados de Boluarte en la derecha la culparon de dejar que la situación se agravara. Y los medios de comunicación, alguna vez afines, han adoptado por una postura más crítica, señal de que la paciencia puede estar agotándose entre sus partidarios.

La polémica sobre los relojes Rolex se produce en un momento en el que la economía flaquea y el hambre crece en Perú, un país que se ganó el elogio internacional por consolidar su democracia y aprovechar el auge de las materias primas impulsado por la minería para sacar a millones de sus ciudadanos de la pobreza. El programa de noticias de investigación Cuarto Poder informó que Boluarte lució un modelo de Rolex valorado en más de 18.000 dólares durante un acto celebrado en febrero para abordar la pobreza en poblaciones vulnerables.

Algunos analistas políticos dijeron que el escándalo podría abrir la puerta a una nueva ronda de agitación política en un país que ha tenido seis presidentes en los últimos seis años.

Todas las salidas a la crisis actual parecían conducir a "un callejón sin salida", dijo en una entrevista el politólogo peruano Gonzalo Banda. Si seguía en el cargo, era probable que la confianza en la democracia disminuyera aún más, con consecuencias impredecibles, dijo.

"En Perú, hay una clase política que ya no responde a los ciudadanos, por lo que los ciudadanos están cada vez más alejados de la política, más descontentos con la política, más hartos de la política, lo que no significa que no presten atención", dijo Banda. "Todo ese descontento se va a desatar en las nuevas elecciones".

Según una encuesta realizada en enero, Boluarte es la presidenta menos popular de América Latina, con un índice de aprobación de solo el 9 por ciento.

Antigua funcionaria convertida en política de un partido marxista, fue vicepresidenta del presidente Pedro Castillo. Le sucedió después de que este fuera destituido en 2022 y arrestado por anunciar que iba a tomar el control del Congreso y del sistema judicial.

La decisión de Boluarte de sustituir a Castillo en lugar de renunciar --como prometió en una ocasión que haría para dar paso a nuevas elecciones-- desencadenó violentas protestas contra su gobierno a finales de 2022 y principios de 2023, con 49 civiles muertos en represiones policiales y militares. Actualmente está siendo investigada por la fiscalía nacional de derechos humanos.

Boluarte es también coautora de un libro sobre legislación de derechos humanos que está siendo investigado por plagio.

Antes de asumir el cargo, Boluarte ganaba 1100 dólares al mes como funcionaria de la institución estatal que elabora los documentos de identidad. Como ministra, ganaba unos 8000 dólares al mes, y como presidenta gana algo más de 4000 dólares al mes.

Mientras las autoridades retiraban cajas de las residencias de Boluarte, un legislador anunció que su antiguo partido de izquierda había conseguido apoyo suficiente para una moción de vacancia en el Congreso, donde Boluarte se ha apoyado en una coalición de partidos de derecha y de centro para sobrevivir.

Aunque solo se requieren 26 votos para una moción de vacancia, se necesitan 87 votos --o dos tercios de los legisladores-- para su aprobación.

Desde 2016, cuando los escándalos de corrupción consecutivos comenzaron a alimentar batallas políticas de alto riesgo en Perú, dos presidentes, Castillo y Martín Vizcarra, han sido destituidos. Uno de ellos, Pedro Pablo Kuczynski, dimitió para evitar la destitución. Todos los expresidentes peruanos vivos, excepto uno, Francisco Sagasti, que gobernó desde finales de 2020 hasta mediados de 2021, han sido investigados por corrupción o abusos de los derechos humanos. En 2019, el expresidente Alan García se suicidó para evitar ser detenido.

El congresista Alejandro Muñante, del partido de extrema derecha Renovación Popular, dijo en X que Boluarte no se había hecho ningún favor con su silencio en las últimas semanas.

"Callar le ha costado mucho a la presidenta y le seguirá costando si sigue optando por esta pésima estrategia de defensa", dijo Muñante. "Boluarte aún está a tiempo de aclararlo. Si no lo hace, una nueva sucesión no sería nada descabellada".