¿Cuáles son las pandillas que han invadido la capital de Haití y qué quieren?

Haití, nación del Caribe con una larga historia de turbulencia, está atravesando uno de sus peores periodos de caos.

Las pandillas cerraron el aeropuerto, saquearon puertos marítimos, edificios públicos y tiendas, y han atacado casi una decena de comisarías. Las carreteras están bloqueadas, lo que corta el suministro de alimentos, y 4600 reclusos fueron liberados tras el ataque a las prisiones.

El primer ministro, Ariel Henry, está varado en Puerto Rico mientras los pandilleros causan estragos, exigen su dimisión y asaltan decenas de camiones llenos de provisiones del Programa Mundial de Alimentos.

El estado de emergencia en torno a Puerto Príncipe, la capital, se prorrogó un mes más.

Con el gobierno al borde del colapso, Estados Unidos y los países del Caribe están trabajando para llegar a una resolución —incluido un plan para un gobierno de transición— que restablezca cierta apariencia de orden en la atribulada nación y permita que Henry pueda regresar al país.

Los expertos calculan que en Haití operan hasta 200 pandillas, unas 20 de ellas en Puerto Príncipe. Van desde pequeños grupos de unas pocas decenas de jóvenes que comparten pistolas hasta cuadrillas de unos 1500 hombres con sueldos semanales y armas automáticas que pertenecen a organizaciones jerarquizadas con jefes.

Dos organizaciones principales de pandillas, el G-Pèp y la Familia G-9, controlan muchos de los barrios más pobres de la capital. Los grupos delictivos y sus aliados a veces trabajan en colaboración, pero más a menudo se enfrentan.

Los grupos han estado históricamente vinculados a partidos políticos: el G-9 está afiliado al partido gobernante Haitian Tèt Kale, mientras que el G-Pèp tiende a apoyar a los partidos de la oposición.

El G-9 y sus aliados se han apoderado en gran medida de los puertos y de las carreteras que rodean el principal aeropuerto del país. Ha sido casi imposible conducir desde Puerto Príncipe a las ciudades del norte porque las pandillas han tomado la autopista norte-sur.

Henry abandonó el país la semana pasada para dirigirse a Kenia, donde firmó un acuerdo que allana el camino para que una fuerza multinacional dirigida por esa nación de África Oriental viaje a Haití y se enfrente a las bandas.

En su lugar, en ausencia de Henry, los líderes de las pandillas anunciaron una alianza informal llamada “Vivre Ensemble” o “Vivir Juntos” en español. Lanzaron ataques coordinados contra instituciones estatales con el objetivo de derrocar al gobierno actual e impedir el despliegue de la fuerza internacional.

“Quieren engullir barrios uno a uno”, declaró Nicole Phillips, abogada de derechos humanos especializada en Haití. “Cualquier gobierno que les permita hacerlo, eso es lo que quieren”.

Las bandas también esperan establecer un consejo de gobierno para dirigir el país, y quieren ayudar a elegir a sus miembros para poder ejercer el control, dijo Robert Muggah, quien investiga Haití para varias agencias de la ONU.

Las bandas tienen varios jefes en distintos barrios, pero en los últimos días un jefe llamado Jimmy Chérizier, a quien se conoce como Barbacoa, se ha convertido en la cara pública de la alianza Vivir Juntos.

Exagente de policía conocido por su crueldad, ha sido acusado de dirigir masacres. Su alianza de bandas, el G-9, dirige el centro de Puerto Príncipe y ha sido acusado de atacar barrios aliados con partidos políticos de la oposición, saquear viviendas, violar a mujeres y matar a personas al azar.

La llamó “revolución armada”.

Esta semana trató de adoptar un tono más conciliador, pidiendo disculpas a las personas cuyos hogares habían sido saqueados por las pandillas, incluida su propia alianza, durante los recientes disturbios.

“Nuestro primer paso en la batalla es derrocar al gobierno de Ariel Henry, como siempre hemos dicho, y luego nos aseguraremos de que el país tenga un Estado fuerte con un sistema judicial fuerte para luchar contra los corruptos”, dijo durante una conferencia de prensa. “Vamos a asegurarnos de que tener un sistema de seguridad fuerte que permita a todo el mundo circular a la hora que quiera y regresar cuando quiera”.

“Nuestro objetivo es ver otro Haití”.

Aunque no estaba claro si el enfoque más comedido del jefe de la pandilla era sincero o calculado, Muggah señaló que no dejaba de ser una postura nueva para Chérizier.

“Hemos visto cómo Chérizier y el G-9 han evolucionado en las últimas semanas hacia una retórica más política”, dijo Muggah. “Además de llamar a la rebelión y amenazar con la guerra civil si no se cumplen sus exigencias, están tratando de proponer soluciones en las que mantendrían su poder si, como mínimo, se les absolviera y se les brindara amnistia por todos los crímenes que han cometido.”

Kenia fue uno de los pocos países que respondieron a la petición internacional de ayuda de Haití.

Haití lleva ocho años sin celebrar elecciones. Su presidente fue asesinado hace casi tres años. Henry, primer ministro designado, es considerado en general un gobernante ilegítimo.

El Estado ha perdido credibilidad y poder, y las bandas han intervenido para llenar el vacío.

El año pasado, casi 5000 personas fueron asesinadas y otras 2500 secuestradas, según la ONU, un nivel de violencia que duplicó el del año anterior. Enero fue el mes más violento en dos años, con más de 800 personas asesinadas, según la ONU.

A fines de 2022, Henry pidió a la comunidad internacional que interviniera. Algunas naciones, entre ellas Estados Unidos, manifestaron poco interés, dado el sombrío historial de anteriores intervenciones internacionales en Haití.

Estados Unidos accedió a financiar la mayor parte del despliegue de 1000 agentes de policía kenianos, más otros procedentes de otras naciones, pero se ha retrasado por resoluciones judiciales kenianas.

A medida que las pandillas haitianas han crecido en tamaño y armamento, han ganado más territorio e infraestructuras importantes. Cobran tasas por pasar por determinadas carreteras y por recuperar camiones secuestrados, y exigen rescates para liberar a las víctimas de secuestros.

En los últimos años, los grupos violentos han empezado a extenderse a zonas rurales como Artibonite, a unos 100 km al norte de Puerto Príncipe y una de las principales regiones agrícolas de Haití. Las bandas invaden las granjas y dificultan —si no imposibilitan— que los agricultores viajen y vendan sus productos.

Es una pregunta complicada de responder.

“Ahora utilizamos la palabra ‘pandilla’ porque es práctica, todo el mundo la utiliza y la conoce, pero no capta lo que está ocurriendo”, afirmó Romain Le Cour, quien investiga sobre Haití para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Ginebra.

La mayoría de los miembros de las bandas son hombres de unos 20 años que proceden de barrios urbanos empobrecidos donde escasean las oportunidades. A menudo están alineados con empresarios y políticos de élite que les pagan por todo, desde asegurar la carga hasta reunir manifestantes. Los partidos políticos han utilizado a los miembros de las pandillas en las elecciones para atraer votos o suprimirlos.

“En Haití existe una larga tradición de élites que intentan crear y alimentar grupos paramilitares que, en las últimas décadas, les han ayudado a servir a sus intereses y a utilizar la violencia para mantener el monopolio de algún producto básico o para algunos intereses políticos”, afirmó Diego Da Rin, investigador sobre Haití del International Crisis Group.

En Haití, el concepto de grupos armados irregulares se remonta a décadas atrás y han existido varios tipos de actores violentos en el país.

Durante la dictadura haitiana de François Duvalier, los grupos paramilitares conocidos como Tonton Macoutes eran famosos por su violencia y represión. En 1995, el presidente Jean-Bertrand Aristide ilegalizó los grupos paramilitares y disolvió las fuerzas armadas haitianas.

Antiguos soldados que originalmente formaban parte del movimiento de Aristide crearon más tarde grupos locales de autodefensa conocidos como “baz”, que a menudo seguían a líderes carismáticos y llegaron a gobernar partes de Puerto Príncipe.

Otros grupos paramilitares del pasado son el Frente para el Avance y el Progreso de Haití, de extrema derecha, y los chimères, que estaban afiliados a Aristide.

Ahora bien, la línea que separa a un baz de una banda suele ser borrosa.

Las personas hartas de la violencia de las bandas se han unido a un movimiento conocido como “bwa kale”, que anima a la justicia por mano propia. Han cometido asesinatos extrajudiciales y, en general, persiguen a los delincuentes, a menudo con el apoyo de la comunidad local.

Además, muchos miembros de una brigada ambientalista sancionada por el gobierno, conocida como B-SAP, se han vuelto contra el Estado, con lo que se ha sumado otro grupo de personas armadas.

La Policía Nacional de Haití se ha visto impactada por la salida de unos 3000 de sus 15000 empleados en los últimos dos años. Aunque Estados Unidos ha invertido casi 200 millones de dólares estadounidenses en el departamento, actualmente presenta escasez de armamento y carece de personal. El departamento posee 47 vehículos blindados, pero en una reciente visita de los investigadores de la ONU, menos de la mitad estaban operativos.

Andre Paultre colaboró con reportería desde Puerto Príncipe, Haití.

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