El presidente de México es investigado por revelar el número telefónico de una periodista del Times

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México (INAI) informó el jueves que iniciará una investigación sobre la revelación del número telefónico personal de una periodista de The New York Times por parte del presidente de México.

La investigación se centra en una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia de prensa televisada el jueves que dejó atónitos a muchos en México, uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas. Al menos 128 reporteros han sido asesinados en México desde 2006, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador leyó en voz alta un correo electrónico de Natalie Kitroeff, jefa de corresponsales del Times para México, Centroamérica y el Caribe. Kitroeff había solicitado comentarios para un artículo en el que se revelaba que las fuerzas de seguridad estadounidenses habían investigado durante años las denuncias de que algunos aliados de López Obrador tuvieron reuniones con cárteles de la droga y habían recibido millones de dólares de ellos.

Además de despotricar contra Kitroeff e identificarla por su nombre, López Obrador dijo públicamente su número de teléfono.

"Esto es equivalente al 'doxxing', ilegal según las leyes mexicanas de privacidad y pone en riesgo a los reporteros", dijo Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, en X, la plataforma de redes sociales antes conocida como Twitter.

El INAI señaló en un comunicado que su investigación trataría de establecer si López Obrador había violado la legislación mexicana que protege los datos personales. El instituto gestiona el sistema de libertad de información de México, creado hace más de dos décadas para hacer más transparentes las operaciones gubernamentales y frenar los abusos de poder.

López Obrador, cuyo mandato de seis años finaliza este 2024, mantiene desde hace tiempo una relación de confrontación con los medios de comunicación y ataca regularmente a los periodistas mencionándolos durante sus conferencias de prensa matutinas.

La medida contra una periodista del Times sucede luego de semanas de ataques contra un reportero de ProPublica, que el mes pasado publicó un reportaje detallando otra investigación sobre las acusaciones de que los cárteles de la droga habían donado millones a la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. El mandatario calificó al reportero, Tim Golden, de "peón" y "mercenario al servicio" de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés).

El artículo del Times del jueves reveló una investigación más reciente durante la presidencia de López Obrador, que comenzó en 2018. Funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley pasaron años investigando las denuncias de que colaboradores de López Obrador habían recibido millones de dólares de los cárteles de la droga mientras gobernaba el país, reveló el artículo.

Pero en vez de hablar con el Times sobre la investigación estadounidense, el presidente decidió divulgar el número de teléfono de Kitroeff en la televisión nacional, una táctica particularmente amenazante en un país donde tantos periodistas son acosados y asesinados.

"Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial, en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento", declaró el Times en un comunicado el jueves.

Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador, informó el Times, y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación después de concluir que el gobierno de Estados Unidos tenía poco interés en investigar acusaciones contra el líder de un aliado clave del país.

Durante su investigación, los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los aliados y asesores de López Obrador después de que asumiera el cargo, pero no encontraron ningún vínculo directo entre el propio presidente y los grupos criminales.