Ansiedad, cambios de humor y noches sin dormir: la vida cerca de una mina de bitcoin

Una sofocante tarde de julio, el estruendo de miles de computadoras que minaban bitcoines perforaba la noche. Cerca de allí, Matt Brown, miembro del Congreso de Arkansas, vigilaba el ruido junto a un magistrado local.

Mientras los dos hombres investigaban quejas sobre la operación, comentó Brown, un guardia de seguridad de la mina cargó balas en un rifle de asalto estilo AR-15 que tenía guardado en un auto.

"Quería asegurarse de que supiéramos que tenía esa arma, de que supiéramos que estaba cargada", dijo Brown, republicano, en una entrevista.

El centro de bitcoines, a 45 minutos al norte de Little Rock, es uno de los tres centros de Arkansas que pertenecen a una red de empresas envueltas en tensas disputas con los residentes, quienes afirman que el ruido generado por las computadoras que realizan billones de cálculos por segundo arruina vidas, reduce el valor de las propiedades y ahuyenta a la fauna silvestre.

En los últimos años han aparecido decenas de operaciones de este tipo por todo Estados Unidos. Cuando una computadora de minería da con números que el algoritmo de bitcoin acepta, el pago asciende actualmente a unos 250.000 dólares. Cuantas más computadoras tenga una operación, más posibilidades tendrá de obtener el pago.

A menudo se critica a esta industria por su enorme consumo de energía, que suele beneficiar al sector de los combustibles fósiles, y el ruido es una queja habitual. Aunque algunos servidores públicos electos como Brown y otros operadores de bitcoin en Arkansas han expresado su apoyo a los atribulados residentes, una nueva ley estatal les da a las empresas una importante ventaja.

La Ley de Centros de Datos de Arkansas, conocida popularmente como la Ley del Derecho a Minar, ofrece a los mineros de bitcoines protección legal frente a las comunidades que no quieren que operen cerca. Aprobada apenas ocho días después de su presentación, la ley fue redactada en parte por el Satoshi Action Fund, un grupo de defensa sin fines de lucro con sede en Misisipi cuyo cofundador trabajó en el gobierno de Trump revirtiendo las políticas climáticas de la era de Obama.

"El estado de Arkansas logró una sorprendente victoria y se convirtió en el primero del país en aprobar el proyecto de ley de 'derecho a minar' #Bitcoin tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado", publicó en las redes sociales Dennis Porter, director ejecutivo del fondo, cuando se aprobó la ley el pasado mes de abril.

En mayo del año pasado, en Montana, se aprobó un proyecto de ley similar, y el grupo declaró que espera lograr que su exitosa fórmula se convierta en ley en decenas de estados más. El mes pasado, se presentaron en varios estados proyectos de ley escritos en colaboración con el grupo, entre los cuales figuran Indiana, Misuri, Nebraska y Virginia.

El grupo, que se fundó hace cinco años como el Energy 45 Fund, buscaba promocionar la agenda energética y medioambiental de Donald Trump y "defender al mejor presidente de la historia moderna". Su fundadora, Mandy Gunasekara, había pasado los dos años anteriores en la Agencia de Protección Ambiental, donde desempeñó un papel clave en la decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París y ayudó a derogar el Plan de Energía Limpia, que tenía como objetivo reducir las emisiones de las centrales eléctricas de carbón.

Este grupo es muy querido por la comunidad bitcoin, tanto por su labor legislativa como por su postura combativa frente a los críticos del sector. Pero el enfoque agresivo del fondo ha irritado a otros miembros de la comunidad del bitcoin, que dicen preferir el consenso en torno a las operaciones con criptomonedas.

Los conflictos en Arkansas reflejan los desacuerdos en todo Estados Unidos, donde la minería de bitcoin ha crecido a pasos agigantados. Los activistas medioambientales, preocupados por el consumo de electricidad de la industria y la contaminación resultante, piden que se regule a nivel federal, mientras que los defensores de las operaciones afirman que, muchas veces, las minas ayudan a estabilizar redes eléctricas vulnerables y proporcionan puestos de trabajo en zonas rurales.

La preocupación por las minas de Arkansas ha pasado de las quejas iniciales sobre el ruido hasta sus conexiones con ciudadanos chinos. Según informó The New York Times en octubre, estas operaciones están relacionadas con una mayor afluencia de propietarios chinos en Estados Unidos, algunos de los cuales han atraído el escrutinio de la seguridad nacional.

Una red de empresas fantasma conecta a los operadores de Arkansas con una empresa multimillonaria cuyo propietario es en parte el gobierno chino, según los registros públicos obtenidos por residentes que se oponen a las operaciones. En noviembre, la oficina del fiscal general de Arkansas abrió una investigación contra estos operadores por la posible violación de una ley estatal que prohíbe a las empresas controladas por ciudadanos chinos poseer tierras.

Un abogado que representa a las operaciones dijo que un contratista de seguridad independiente fue el responsable del incidente cerca de Greenbrier y que la empresa nunca autorizó a ningún guardia a "sacar un arma de fuego". También afirmó que la investigación del fiscal general se basaba en un "malentendido" y que están legalmente autorizados a realizar su actividad.

A pesar de los esfuerzos para generar apoyo bipartidista, el fondo Satoshi ha tenido éxito sobre todo en los estados republicanos. Pero en Arkansas, donde la mayoría de los congresistas son republicanos, son los conservadores quienes han liderado los llamados para derogar la ley, incluido el senador Bryan King, un avicultor cuyo distrito incluye una propiedad adquirida por una de las empresas vinculadas al gobierno chino. Dijo que no era justo que los operadores de bitcoin recibieran protecciones especiales en virtud de la ley, que los protege de "regulaciones e impuestos discriminatorios específicos de la industria", como las ordenanzas sobre ruido y las restricciones de zonificación.

"Pertenecen a una clase protegida, más que cualquier otra industria", afirmó King.

A medida que fracasan las restricciones propuestas en el Congreso, los estados y las ciudades intervienen para llenar el vacío. Pero, como ha demostrado Arkansas, los resultados insatisfactorios pueden hacer que los residentes se sientan traicionados.

'Es agotador'

"Un infierno", así es como Gladys Anderson describe la vida desde que una operación de bitcoin inició cerca de Greenbrier en mayo pasado, a menos de 100 metros de su casa.

Ella afirma que las computadoras trabajan casi las veinticuatro horas del día y generan tanto ruido (dado que requieren refrigeración constante mediante ruidosos ventiladores) que su hijo ya no sale a la calle. "Nos mudamos aquí para alejarnos de la gente y del ruido", explicó.

Su hijo, quien requiere cuidados de tiempo completo dado que tiene autismo, también se ha vuelto más inquieto y agresivo. "Es agotador mental, emocional y físicamente", comentó Anderson.

En julio, ella y casi dos docenas de vecinos presentaron una demanda en contra de los propietarios, NewRays One, a quienes acusan de causarles diversos problemas de salud, como aumento de la tensión arterial, ansiedad, dificultades para dormir y cambios de humor.

La demanda también sugiere que la mina ha depreciado el valor de las propiedades.

"¿Quién querría comprar una propiedad cerca de un lugar ruidoso?", escribió en una declaración jurada Rebecca Edwards, una de las residentes. "En resumidas cuentas: nadie".

Los abogados que representan a NewRays quieren que se desestime el caso; se basan, entre otros argumentos, en la ley sobre el derecho a la minería. Hace poco, el mismo juez de instrucción determinó en un caso aparte que una ordenanza local que restringía el ruido en una operación relacionada podía considerarse discriminatoria porque violaba la ley estatal.

Un abogado de NewRays rebatió los alegatos de Anderson y los demás residentes y declaró al Times que la empresa esperaba defenderse en los tribunales. En cuanto a la demanda en la operación relacionada, de la que NewRays es socio, el abogado dijo que la mina sería un "vecino responsable" y esperaba encontrar formas adicionales "para retribuir a la comunidad".

Después de que la gobernadora Sarah Huckabee Sanders promulgó la ley en abril y antes de que entrara en vigor en agosto, 49 de los 76 condados del estado promulgaron ordenanzas que limitan los niveles de ruido en los centros de datos, incluidas las operaciones de minería de criptomonedas, según la Asociación de Condados de Arkansas. La legalidad de esas ordenanzas y la incapacidad de los gobiernos locales para regular la industria son ahora el centro de la lucha entre los residentes y los operadores de bitcoin, ya que algunos funcionarios electos que votaron a favor de la ley estatal ahora se oponen a ella.

"Lo que no se explicó fue la naturaleza de esas minas de criptomonedas y cómo pueden causar un ruido intolerable sin tener en cuenta a los vecinos o la vida silvestre", dijo en un correo electrónico el representante Jeremiah Moore, un republicano cuyo distrito incluye una operación de bitcoin.

Moore afirmó que a los legisladores se les había dicho de manera falsa que el proyecto de ley de minería protegía una industria que crearía empleos y beneficiaría a las comunidades aledañas. Hace poco, trabajó junto con otros congresistas para redactar una propuesta de prohibición estatal de la minería de criptomoneda a nivel industrial.

El senador republicano Joshua Bryant, también promotor de la legislación a favor de la minería, dijo en una entrevista que la ley tenía como objetivo proteger los derechos de propiedad de los mineros de bitcoines y que creía que parte importante del rechazo se debía a un sentimiento de repudio mal encauzado hacia la comunidad china.

Bryant dijo que estaba explorando la posibilidad de una ordenanza estatal sobre el ruido "para abordar los posibles daños a la salud y la seguridad de los ciudadanos del estado" y que "en última instancia, tenemos que seguir averiguando cómo convivir con nuestros vecinos".

El principal promotor de la ley, Rick McClure, también republicano, no respondió a solicitudes de comentarios de The New York Times.

Cryptic Farms, una empresa de criptomonedas liderada por Cameron Baker, de Arkansas, fue una de las principales impulsoras de la ley. Baker afirmó que su empresa no anticipaba que "malos actores" pudieran aprovecharse de la ley.

"En realidad no figuraba en nuestro radar que, justo después de aprobada esta ley, alguien fuera a convertirse en el villano perfecto que lo hace todo mal", dijo en una entrevista.

Tom Harford, un ejecutivo de Cryptic Farms quien dirige el Arkansas Blockchain Council, un grupo de la industria, dijo que lamentaba poner a los residentes en una posición "en la que no tenían recursos" y que "ninguna ley es perfecta".

En Greenbrier, a medida que la demanda se alarga, Anderson dijo que ella y sus vecinos han tenido problemas para pagarle a su abogado. En octubre, la comunidad se reunió para recaudar fondos, pero la recaudación sirvió de muy poco para reducir la deuda. Aun así, mientras puedan permitírselo, seguirán luchando contra la mina.

"No quiero que me echen de mi casa", declaró.

Vista aérea de una mina de bitcoin que se construyó al lado de la propiedad de Gladys Anderson, a la derecha, en Greenbrier, Arkansas, el 4 de octubre de 2023. (Rory Doyle/The New York Times)

Vista aérea de una mina de bitcoin que se construyó a menos de 100 metros de la propiedad de Gladys Anderson en Greenbrier, Arkansas, el 4 de octubre de 2023. (Rory Doyle/The New York Times)