Revelaron detalles sobre el personal de la ONU acusado de ayudar a Hamas durante el ataque terrorista del 7 de octubre

Funcionarios israelíes han presentado pruebas que, según ellos, vinculan a trabajadores de una agencia de ayuda en Gaza con la violencia del 7 de octubre contra Israel.

A uno se le acusa de secuestrar a una mujer. Otro habría repartido munición. Un tercero fue descrito como participante en la masacre de un kibutz en la que murieron 97 personas. Y se dice que todos eran empleados de la agencia de ayuda de Naciones Unidas que escolariza, alberga y alimenta a cientos de miles de palestinos en la Franja de Gaza.

Las denuncias figuran en un expediente proporcionado al gobierno de Estados Unidos en el que se detallan las acusaciones de Israel contra una decena de empleados del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas que, según afirma, desempeñaron un papel en los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre o durante sus repercusiones.

La ONU dijo el viernes que había despedido a varios empleados tras ser informada de las acusaciones. Pero poco se sabía de las acusaciones hasta que el informe fue examinado el domingo por The New York Times.

Estas acusaciones son las que han llevado a ocho países, entre ellos Estados Unidos, a suspender el pago de parte de la ayuda a la UNRWA, como se conoce al organismo, mientras la guerra sume a los palestinos de Gaza en una situación desesperada. Más de 26.000 personas han muerto allí y casi dos millones han sido desplazadas, según funcionarios gazatíes y de la ONU.

Los trabajadores de la UNRWA han sido acusados de ayudar a Hamas a organizar el ataque que desencadenó la guerra en Gaza, o de prestarle ayuda en los días posteriores. Según las autoridades israelíes, ese día murieron unas 1200 personas en Israel y unas 240 fueron secuestradas y trasladadas a Gaza.

El domingo, el secretario general de la ONU, António Guterres, se describió a sí mismo como “horrorizado por estas acusaciones” y señaló que nueve de los 12 empleados acusados habían sido despedidos. Pero Guterres imploró a las naciones que habían suspendido sus pagos de ayuda que lo reconsideraran. La UNRWA es uno de los mayores empleadores de Gaza, con una plantilla de 13.000 personas, en su mayoría palestinas.

Al preguntársele el domingo por las acusaciones de Israel, la UNRWA dijo que dos de los 12 empleados habían muerto, pero que no podía proporcionar más información en tanto que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU seguía investigando.

Dos funcionarios de países occidentales confirmaron, bajo condición de anonimato, que habían sido informados del contenido del informe en los últimos días, pero dijeron que no habían podido verificar los detalles. Si bien Estados Unidos todavía no ha corroborado por sí mismo las afirmaciones israelíes, los funcionarios estadounidenses afirman que las consideraron lo bastante creíbles como para justificar la suspensión de la ayuda.

El Times verificó la identidad de uno de los 12 empleados, un encargado de almacén, en cuyo perfil de las redes sociales figura como empleado del OOPS y aparece vistiendo ropa con logotipos de la ONU.

El informe israelí, presentado a funcionarios de EEUU el viernes, enumera los nombres y puestos de trabajo de los empleados de la UNRWA y las acusaciones contra ellos.

El informe decía que los agentes de inteligencia israelíes habían establecido los movimientos de seis de los hombres dentro de Israel el 7 de octubre basándose en la localización de sus celulares; otros habían sido vigilados mientras hacían llamadas telefónicas dentro de Gaza durante las cuales, según los israelíes, hablaban de su participación en el atentado contra Hamas.

Otros tres recibieron mensajes de texto en los que se les ordenaba presentarse en los puntos de reunión el 7 de octubre, y a uno se le dijo que llevara granadas propulsadas por cohetes almacenadas en su casa, según el informe.

Los israelíes describieron a 10 de los empleados como integrantes de Hamas, el grupo militante que controlaba Gaza en el momento del atentado del 7 de octubre. Se dijo que otro estaba afiliado a la Yihad Islámica, otro grupo militante.

Sin embargo, se dice que siete de los acusados también eran profesores en escuelas de la UNRWA, e instruían a los alumnos en asignaturas como matemáticas y árabe. Otros dos trabajaban en las escuelas en otros cargos. Los tres restantes fueron descritos como un empleado, un trabajador social y el encargado del almacén.

Las acusaciones más detalladas del informe se referían a un consejero escolar de Khan Younis, en el sur de Gaza, a quien se acusa de colaborar con su hijo para secuestrar a una mujer de Israel.

Un trabajador social de Nuseirat, en el centro de Gaza, está acusado de ayudar a llevar a Gaza el cadáver de un soldado israelí muerto, así como de distribuir munición y coordinar vehículos el día del atentado.

Las acusaciones israelíes se producen en un contexto de fricciones con la UNRWA que duran décadas. Desde 1949, la agencia se ocupa de las familias de palestinos que huyeron o se vieron obligados a abandonar sus hogares durante las guerras que rodearon la creación del Estado de Israel.

La organización proporciona ayuda vital a más de cinco millones de refugiados palestinos dispersos por Medio Oriente, cuyo futuro y estatus nunca se han resuelto a pesar de años de negociaciones.

Pero según sus críticos, entre ellos muchos israelíes, la agencia es un obstáculo para la resolución del conflicto. Su mera existencia, dicen, impide que los refugiados palestinos se integren en nuevas comunidades y aviva sus sueños de regresar algún día a lo que ahora es Israel, un objetivo que Israel dice que nunca permitirá. Y en Gaza, argumenta Israel, la UNRWA ha caído bajo la influencia de Hamas, una afirmación que la agencia rechaza.

No es la primera vez que Estados Unidos recorta dinero a la agencia de la ONU. El gobierno de Donald Trump suspendió la ayuda como parte de sus esfuerzos por presionar a los dirigentes palestinos para que dejaran de exigir que se permitiera a los refugiados regresar a Israel.

Pero la actual amenaza a su financiación se considera la más grave de su historia porque llega en un momento de crisis para Gaza.

En medio de las advertencias de hambruna, el colapso del sistema de salud y el desplazamiento masivo de la población palestina, la labor de la UNRWA se considera más importante que nunca. Ayuda a coordinar la distribución de los suministros de ayuda que --por escasos que sean-- llegan cada día al sur de Gaza, y sus escuelas dan cobijo a más de un millón de gazatíes, según las estadísticas de la agencia.

Las suspensiones de financiación pueden hacerse sentir rápidamente. A diferencia de otras agencias de la ONU, la UNRWA no tiene una reserva financiera estratégica. El domingo, Guterres dijo que podría ser necesario reducir los servicios a partir de febrero.

Un día antes, el comisario general de la agencia, Philippe Lazzarini, advirtió de una catástrofe inminente.

"Sería inmensamente irresponsable sancionar a una agencia y a toda una comunidad a la que sirve por acusaciones de actos delictivos contra algunos individuos, especialmente en un momento de guerra, desplazamientos y crisis políticas en la región", afirmó.

"Las vidas de los habitantes de Gaza dependen de este apoyo, al igual que la estabilidad regional", dijo Lazzarini.

El viernes, el Departamento de Estado de EEUU reconoció el papel humanitario fundamental que desempeña la UNRWA, pero dijo que suspendía su financiamiento mientras evaluaba tanto las acusaciones como la respuesta de la agencia a las mismas.

Los propios funcionarios israelíes expresaron preocupación el domingo por si sus acusaciones podrían al final dificultar su propia posición, según tres funcionarios implicados en el debate. Un colapso en la prestación de servicios a Gaza podría obligar a Israel a asumir un papel más importante en la gestión de la distribución de la ayuda, un papel que no desea.

Los informes sobre las acusaciones contra los trabajadores humanitarios se produjeron el mismo día en que la Corte Internacional de Justicia emitió una sentencia provisional sobre las acusaciones de genocidio formuladas contra Israel por Sudáfrica. El tribunal ordenó a Israel que tomara medidas para impedir actos de genocidio por parte de sus fuerzas en Gaza y que permitiera la entrada de más ayuda en el territorio.

Colaboraron con reportería Johnatan Reiss, Julian E. Barnes, Gabby Sobelman y Myra Noveck.

Ronen Bergman es reportero de The New York Times Magazine y vive en Tel Aviv. Su libro más reciente es Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations, publicado por Random House. Más de Ronen Bergman

Patrick Kingsley es el jefe de la corresponsalía en Jerusalén, que abarca Israel y los territorios ocupados. Ha reportado desde más de 40 países, escrito dos libros y antes cubrió migración y Medio Oriente para The Guardian. Más de Patrick Kingsley

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