Un estudiante chino de la Universidad de Nueva York posee una criptomina de 6 millones de dólares, pero su secreto ya salió a la luz

Jerry Yu reúne las características de lo que los chinos llaman un rico de segunda generación. Estudió en una primaria privada de Connecticut. Vive en un condominio de Manhattan que le vendió Jeffrey R. Immelt, ex director ejecutivo de General Electric, en 8 millones de dólares. Y es el dueño mayoritario de una mina de bitcoin en Texas, que fue adquirida el año pasado por más de 6 millones de dólares.

Yu, un estudiante de 23 años de la Universidad de Nueva York, también se ha convertido —sin querer— en un caso de estudio sobre cómo los ciudadanos chinos pueden mover dinero de China a Estados Unidos sin llamar la atención de las autoridades de ninguno de los dos países.

El sitio de Texas, un gran centro de cómputo, no se compró con dólares. En cambio, se compró con criptomonedas, las cuales ofrecen anonimato, y la transacción ocurrió por medio de una bolsa extraterritorial, por eso nadie conoce el origen del financiamiento.

Este secretismo permite que los inversionistas chinos eviten el sistema bancario estadounidense y la supervisión concomitante de los reguladores federales, así como las restricciones chinas a la salida de dinero de ese país. En una transacción más tradicional, un banco que recibe los fondos sabría de dónde proceden y estaría obligado por ley a informar de cualquier actividad sospechosa al Tesoro de Estados Unidos.

Nada de esto se habría sabido si la empresa de Yu —BitRush Inc., también conocida como BytesRush— no hubiera tenido problemas en la diminuta localidad de 281 habitantes de Channing, ubicada en el área conocida como el mango de Texas, donde los contratistas aseguran que no se les pagó el total del trabajo que realizaron en la mina de Yu.

Una avalancha de demandas por el trabajo ha revelado documentos sueltos que sacan a la luz transacciones que no se suelen hacer públicas, pues los inversionistas chinos han inundado Estados Unidos con gastos de cientos de millones de dólares en la construcción o gestión de criptominas, después de que el gobierno chino prohibió esas operaciones en 2021.

Las minas son un medio para que los inversionistas chinos generen criptomonedas, principalmente bitcoin, las cuales pueden cambiar por dólares estadounidenses en bolsas. La mina de Channing, construida en un campo abierto, consta de varias decenas de edificios diseñados para albergar 6000 computadoras especializadas que pueden estar activas día y noche intentando adivinar la secuencia correcta de números que generan nuevos bitcoines, que en la actualidad valen más de 40.000 dólares cada uno. Estos sitios pueden ser una carga para la red eléctrica del país, según ha informado The New York Times, y sus dueños chinos han atraído el escrutinio de la seguridad nacional.

En una de las demandas que involucra a Yu —de nacionalidad china y residente en Estados Unidos—, Crypton Mining Solutions, con sede en Texas, alega que los inversionistas en la mina de Channing “no solo son ciudadanos chinos, sino ciudadanos con cargos políticos y empresariales muy influyentes”.

La demanda no ofrece evidencias concluyentes de esos vínculos y el rastro del dinero público conduce a Binance, una bolsa de criptomonedas. Al utilizar una criptomoneda llamada tether y enviarla a través de la bolsa extraterritorial de Binance, los inversionistas de Yu hicieron imposible que se conociera el origen de los fondos. En el momento de la transacción, las operaciones extraterritoriales de Binance no cumplían con las normas bancarias estadounidenses, según el gobierno de Estados Unidos.

El mes pasado, Binance se declaró culpable de violar las normas contra el lavado de dinero y aceptó pagar más de 4.300 millones de dólares en multas y pérdidas de derechos. En el centro del caso federal estaba el incumplimiento de Binance de leyes como la Ley de secreto bancario, la cual obliga a los acreditantes a verificar la identidad de los clientes y señalar las transferencias sospechosas de dinero.

Yu remitió preguntas a Gavin Clarkson, abogado de BitRush, quien señaló en un correo electrónico que la empresa “cumple con todas las leyes y normativas federales, estatales y locales requeridas, incluidas las leyes y normativas bancarias”. Clarkson mencionó que las afirmaciones de Crypton, incluida la que se refiere al incumplimiento de pago por los servicios en la mina, eran “infundadas y sin mérito”.

“A BitRush se le debe dinero, no al revés”, afirmó. En una demanda contra Crypton, BitRush alega “negligencia grave” y pide 750.000 dólares por daños y perjuicios.

Documentos que compartió David Huang, abogado de Crypton, con The New York Times revelan cómo BitRush planeaba comprar el sitio de Texas: el vendedor, Outlaw Mining, iba a recibir 6,33 millones de dólares en tether. El uso de tether, cuyo precio está fijado en 1 dólar, ofrecía el anonimato de otras criptodivisas sin la volatilidad de precios de algunas de ellas. En el acuerdo de compra había una dirección de cartera —una secuencia alfanumérica de 42 caracteres— a la que iban a llegar los fondos.

Los registros especificaban que 5.077.000 dólares debían ser presentados al cierre y los registros de transacciones disponibles al público muestran que la cartera, registrada a nombre de una empresa de corretaje de criptomonedas llamada FalconX, aceptó 5.077.146 dólares en tether alrededor de esa fecha el año pasado. Los documentos decían que ya se habían pagado 500.000 dólares en tether como depósito y que los 750.000 dólares restantes iban a llegar —también a pagarse en tether— después de que BitRush tomara posesión de los equipos, suministros y materiales en el sitio.

Sin embargo, no se hizo un registro público de la fuente de los fondos y solo la conoce Binance, la bolsa que gestionó la transacción. El acuerdo nunca especificó con exactitud quién realizaría el pago y Clarkson señaló que la propia BitRush nunca envió ni recibió dinero por medio de Binance.

FalconX “no tuvo visibilidad del origen de los fondos”, afirmó en un comunicado Purvi Maniar, abogada general adjunta de la empresa. “Esto ilustra por qué cada vez es más vital que los intermediarios centralizados sean regulados en la industria de las criptomonedas”.

Un documento que compartió Huang identificaba a algunos de los accionistas de BitRush al momento de la compra en Channing. Después de Yu, el mayor accionista era un inversionista de IMO Ventures, una firma de capital de riesgo dedicada a China en San Mateo, California. Otro accionista fue identificado en el documento como “Lao Yu”, que puede traducirse como “Viejo Yu”.

Las dos personas que firmaron los documentos de la hipoteca del apartamento de Yu en Manhattan, Yu Hao y Sun Xiaoying, coinciden con los nombres de un matrimonio chino que posee participaciones en empresas valoradas en más de 100 millones de dólares, según los registros de WireScreen, una empresa que brinda información empresarial china. Una persona llamada Sun Xiaoying también aparece como directora de BitRush.

Clarkson, el abogado de Yu, no quiso confirmar la identidad de los accionistas de BitRush ni la posible relación de Yu con cualquiera de ellos.

El fundador de Outlaw Mining, Josey Parks, mencionó en una llamada telefónica que no podía ofrecer comentarios sobre su acuerdo financiero con BitRush porque estaba sujeto a un acuerdo de confidencialidad.

“Jerry es un estudiante universitario en Estados Unidos con una familia muy rica, por lo que me han dicho”, comentó Parks más tarde en un mensaje de texto. “No conozco a ninguno de sus inversionistas ni sus relaciones con entidades extranjeras”.

© The New York Times 2023