RÍO DE JANEIRO -- Las autoridades brasileñas buscan demandar por millones de dólares en daños y perjuicios y sancionar a la procesadora de carne más grande del mundo, JBS, y a tres mataderos más pequeños, según documentos judiciales que los acusan de comprar ganado criado en tierras deforestadas de manera ilegal en la selva amazónica.
Las demandas llegan cuando JBS busca cotizar en la Bolsa de Nueva York, lo que le daría a la empresa un mayor acceso a capital. Se espera que aumente la presión sobre la compañía, la cual hace poco fue objeto de una audiencia en el Senado estadounidense debido a los vínculos de su cadena de suministro con la deforestación. Estados Unidos es el principal mercado de JBS.
Según las diecisiete demandas, presentadas por el estado de Rondônia, al oeste del país, las empresas han comprado ganado criado en una de las zonas protegidas más devastadas de la Amazonía, la Reserva Extractiva de Jaci Paraná, que ha perdido el 77 por ciento de la masa forestal desde su creación en 1996. Decenas de miembros de las comunidades tradicionales de la zona se han ido por miedo a los usurpadores de tierras y ganaderos que se han apoderado de la mayor parte de la reserva.
JBS es el principal comprador de ganado de la selva amazónica y, según los expertos, la ganadería es el principal motor de la deforestación ahí. La destrucción forestal, sumada al cambio climático, ya está transformando ecosistemas húmedos que almacenan cantidades inmensas de gases que calientan el planeta en zonas más secas que, a su vez, liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera. El resultado es un doble golpe contra las iniciativas para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
En 2021, una investigación de The New York Times descubrió que el cuero del ganado criado en Jaci Paraná había acabado en los asientos de camionetas "pick-up", vehículos utilitarios deportivos y otros autos que venden algunas de las principales automotrices del mundo. JBS era un proveedor clave del cuero. En aquel momento, negó las acusaciones de haber comprado ganado criado en tierras deforestadas de manera ilegal.
En un comunicado emitido el miércoles, JBS afirmó que maneja un sistema sólido de monitoreo en Brasil que cubre una superficie tres veces mayor que la del Reino Unido para garantizar que sus proveedores no ocupen ninguna zona de manera ilegal. "JBS está comprometida con una cadena de suministro sostenible de carne de res", señaló la empresa.
Tres de las diecisiete demandas, de las que informaron primero The Associated Press y Agência Pública, son en contra de JBS y un grupo de ganaderos a los que se les acusa de venderle ganado criado en granjas de la reserva a la empresa. Las otras demandas son contra tres pequeñas procesadoras de carne acusadas de comprar cientos de reses criadas en la reserva.
Según las autoridades del estado de Rondônia, los ganaderos les vendieron a JBS 227 reses criadas en unas 400 hectáreas de tierras deforestadas de manera ilegal entre 2019 y 2021. El estado busca que la empresa y los ganaderos le paguen una indemnización por daños y perjuicios de casi 3,5 millones de dólares. También le está imponiendo multas de más de 400,000 dólares a JBS, aunque estas podrían ser impugnadas en los tribunales. Los abogados del estado no respondieron a la solicitud para ofrecer comentarios.
En años recientes, JBS ha progresado un poco en el tema del cumplimiento, después de que los fiscales federales del estado de Pará presentaron demandas por daños al medioambiente contra un grupo de procesadoras de carne en 2009. Los fiscales no ganaron el caso, pero crearon un programa que audita las compras de ganado.
Una auditoría de las compras de ganado de JBS en Pará reveló que el seis por ciento provenía de los llamados ranchos irregulares, una caída dramática en comparación con 2020, cuando una auditoría descubrió que el 32 por ciento de los animales tenía orígenes irregulares. La misma auditoría en Rondônia este año encontró que el 12 por ciento de las compras de ganado que había realizado JBS no cumplían con la ley.
Durante el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en los últimos 12 meses, los índices de deforestación en la parte brasileña de la selva han caído a su nivel más bajo en cinco años.
"Hay señales de que las cosas están mejorando", comentó Paulo Barreto, investigador especializado en ganadería de Imazon, una organización de investigación sin fines de lucro con sede en Belém, Brasil. Sin embargo, agregó que el cambio no se está produciendo con la rapidez suficiente.
Barreto señaló que los gobiernos van y vienen, así que "este compromiso más firme de las empresas es muy importante para avisarles a los políticos que las cosas no volverán a ser como antes".
Las demandas que buscan responsabilizar a las procesadoras de carne de la deforestación son poco frecuentes, mencionó Barreto. Esto se debe en parte a que las compras de ganado criado en tierras deforestadas de manera ilegal a menudo son difíciles de rastrear; pasan por intermediarios que presentan documentos que certifican falsamente que los animales proceden de granjas legales, según una investigación del Times en 2021.
Daniel Azeredo, fiscal federal que lleva más de una década investigando la ganadería, señaló que los juicios de Rondônia "refuerzan la necesidad de que el país mejore la trazabilidad". Agregó que sin eso "seguiremos teniendo los mismos problemas".
Un juez de Rondônia, Pedro Sillas Carvalho, expresó sus dudas sobre las demandas que presentó el estado, según un documento de la semana pasada. Sillas Carvalho escribió que los abogados del estado debían considerar los efectos económicos de sus acciones, pues la salida de los agricultores ilegales de la reserva podría causar "pérdida de ingresos". El Times no pudo ponerse en contacto con Sillas Carvalho para que ofreciera comentarios.
Un rancho ganadero que se expande hacia una zona boscosa de la reserva de Jaci Paraná, en el estado de Rondônia, Brasil, el 11 de julio de 2021. (Victor Moriyama/The New York Times)
Una operación ganadera ilegal en la reserva de Jaci Paraná, en el estado de Rondônia, Brasil, el 14 de julio de 2021. (Victor Moriyama/The New York Times)