Genaro García Luna se reunió con frecuencia con autoridades de EE. UU., según documentos legales

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En su solicitud de nuevo juicio, el exsecretario de Seguridad de México condenado por corrupción, asegura que la CIA y la DEA verificaron sus antecedentes de manera exhaustiva.

Incluso luego de que Genero García Luna, quien alguna vez fuera el arquitecto de la guerra de México contra las drogas, fue hallado culpable el invierno pasado de recibir millones de dólares de los narcotraficantes que debía perseguir, de su juicio se desprendía una duda sobre la cercanía de sus interacciones con funcionarios de EE. UU. en el momento en que supuestamente recibía los sobornos.

El viernes, sus abogados ofrecieron una respuesta.

Presentaron documentos judiciales que aseguran que García Luna se reunió con altos diplomáticos estadounidenses, oficiales de la ley y el orden así como funcionarios de inteligencia en más de 180 ocasiones entre 2007 y 2012, un periodo en el que, según determinó un jurado de Nueva York, estuvo cometiendo delitos de carácter federal.

Los documentos indican que, mientras ocupaba un cargo en los círculos más altos del aparato de seguridad nacional de México, García Luna se reunió en 24 ocasiones con embajadores de Estados Unidos, ocho veces con el fiscal general, 15 veces con funcionarios de la CIA y casi 50 con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), en su mayoría con el director general de la agencia.

Tanto la DEA como la CIA, dicen los documentos, llevaron a cabo minuciosas revisiones de antecedentes a García Luna e integrantes de su personal sin encontrar pruebas de corrupción.

"El señor García Luna y su equipo fueron ampliamente investigados y eximidos de cualquier irregularidad por el gobierno de Estados Unidos", escribió César de Castro, el abogado.

Y, como añadió De Castro, "sin duda Estados Unidos no habría compartido inteligencia sensible ni información de seguridad nacional durante años con alguien en quien no confiaban".

Los documentos, que fueron presentados en la Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, eran parte de una solicitud de De Castro para que se realice un nuevo juicio a su cliente con fundamento en lo que, asegura, eran pruebas recién descubiertas. Luego de que en febrero García Luna fue hallado culpable, varios testigos se presentaron para apoyar su defensa, incluidos algunos de México que durante el juicio habían permanecido en silencio "por temor a represalias", escribió De Castro.

Entre las nuevas pruebas que obtuvo la defensa, dijo, estaban las agendas diarias que llevaban los ayudantes de García Luna cuando fungía como secretario de Seguridad Pública de México, un poderoso cargo a nivel de gabinete.

De Castro dijo que también había logrado conseguir registros oficiales firmados por un alto funcionario de la DEA y el procurador general de México que documentaban que "Estados Unidos llevó a cabo exhaustivas investigaciones de antecedentes" a García Luna y su personal, incluidos pruebas de polígrafo.

Además, indicó De Castro, la defensa encontró registros que mostraban que 25 funcionarios al mando de García Luna fueron investigados y aprobados por la CIA y recibieron capacitación en Washington, entre otros lugares, a fin de monitorear y analizar las actividades de los cárteles de la droga y compartir sus hallazgos con las autoridades estadounidenses.

"Al contar con integrantes de su departamento investigado y trabajando para la CIA se explica por qué el gobierno de Estados Unidos confió a García Luna información delicada y responsabilidades, a pesar de los rumores de corrupción en el gobierno de México", decía el expediente.

De Castro argumenta que los fiscales retuvieron indebidamente algunos de estos registros a pesar de haberlos solicitado específicamente al gobierno nueve meses antes de que se llevara a cabo el juicio. "Estos materiales habrían sido clave para la defensa y habrían podido lograr un resultado distinto", escribió.

Durante el juicio García Luna sostuvo que era inocente.

La propuesta de obtener un nuevo juicio es difícil, en gran medida porque los jueces por lo general son cautos para revertir el veredicto de un jurado. Es probable que De Castro enfrente dificultades para persuadir al juez Brian M. Cogan, quien supervisó el juicio a García Luna, de que le otorgue un nuevo proceso, incluso a pesar de que los documentos judiciales que presentó aseguraban que algunos de los testigos de la fiscalía habían mentido en el tribunal la primera vez.

La condena a García Luna, el funcionario mexicano de más alto rango en ser procesado por cargos vinculados a las drogas en Estados Unidos, fue un momento insigne en la historia de la guerra transfronteriza contra los cárteles del narcotráfico. En México, fue vista como un espectáculo catártico en el que un alto funcionario gubernamental al fin rendía cuentas por muchos años de corrupción.

Desde hace mucho tiempo, los mexicanos han sospechado que quienes operan en las más altas esferas del poder están en contubernio con los mismos mafiosos que durante décadas han infligido dolor y sufrimiento a su país. La amargura y la decepción han sido agravadas por el hecho de que la violencia en México ha alcanzado niveles altos en años recientes, a pesar de miles de millones de dólares y décadas de esfuerzos de las autoridades de seguridad en ambos lados de la frontera.

En un inicio, el proceso a García Luna parecía que iba a aclarar el misterio de cómo un hombre que "fue colmado de elogios en cada esquina de las comunidades políticas y de seguridad de Estados Unidos", como escribió De Castro, podía haber estado recibiendo sobornos ingentes de los operadores del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos de México.

Pero incluso a pesar de que entre los testigos que se presentaron en Brooklyn hubo exoperadores del cártel, exoficiales de policía e incluso un hombre que alguna vez fungió como embajador de Estados Unidos en México, en general quedó sin resolverse la duda sobre lo que los funcionarios estadounidenses sabían sobre los vínculos de García Luna con los cárteles.

Los fiscales tendrán que responder ahora a las denuncias presentadas por De Castro. Luego, el juez Cogan decidirá si otorga o no un nuevo juicio en un procedimiento que podría demorar varias semanas.

Alan Feuer cubre el extremismo y la violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el expresidente Donald Trump. Más sobre Alan Feuer