Se acumulan los pedidos de asilo en Estados Unidos: hay dos millones de casos que esperan resolución

Con el presidente Joe Biden, la Patrulla Fronteriza ha arrestado a más personas por cruzar la frontera sur e ingresar al país de manera ilegal que en ningún otro periodo desde que el gobierno comenzó a hacer un recuento en 1960.

Su mandato coincide con un movimiento migratorio mundial impulsado por decenas de millones de personas desplazadas a causa de la guerra, la persecución, el cambio climático, la violencia y las violaciones de los derechos humanos, según las Naciones Unidas.

Cada vez más estadounidenses que no viven cerca de la frontera son testigos de esta tendencia a medida que los migrantes se dirigen a ciudades de todo el país. A la mayoría de estos migrantes se les ha dicho que comparezcan ante el tribunal de inmigración, a menudo dentro de años. Algunos solicitan asilo con el objetivo de quedarse en el país de manera permanente.

Los republicanos llevan mucho tiempo utilizando la inmigración como arma contra los demócratas. Ahora, funcionarios demócratas de algunas zonas del país piden al gobierno de Biden que haga más para ayudar a los cientos de miles de inmigrantes que llegan a sus ciudades sin nada.

Esto lleva nuestra atención a un sistema migratorio que lleva décadas sometido a escasez. El Congreso no ha actualizado las leyes diseñadas para hacer frente a la economía estadounidense y a las tendencias migratorias de hace 30 años. Y el sistema de asilo, con escasez crónica de personal y fondos, tiene un retraso de 2 millones de casos que algunos consideran insuperable.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron todos esos arrestos de febrero de 2021 a fines de septiembre de este año. Durante ese tiempo, los agentes fronterizos liberaron con celeridad a más de 1,7 millones de personas para que permanecieran de manera provisional en el país. Miles más fueron trasladados a un centro de detención de inmigrantes y liberados para hacer lo mismo.

Las personas tienen un año desde el día en que entran en Estados Unidos para presentar una solicitud de asilo. No hay datos públicos sobre el porcentaje de personas que cruzan el país de manera ilegal y acaban solicitando asilo.

Ese es el número de personas que solicitaron asilo el año pasado, que aumentó un 63 por ciento respecto al número de solicitudes presentadas el año previo.

Dado que la gente tiene un año para solicitar asilo, el número de solicitudes que se presentan al mes muchas veces está relacionado con el número de cruces del año anterior. En el ejercicio fiscal de 2022, los agentes fronterizos realizaron 2,3 millones de detenciones, el mayor número de cruces ilegales registrado desde al menos 1960, cuando el gobierno empezó a llevar un recuento de este tipo de entradas al país.

Ese es el número de personas en Estados Unidos que esperan una respuesta del gobierno federal sobre si se les concederá asilo.

Algunos de los migrantes enfrentan la persecución y la tortura en sus países de origen y podrían calificar para el asilo en Estados Unidos. Pero la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos establecidos en una ley de 1980 que el Congreso no ha actualizado.

Durante los periodos de mayor número de cruces en los dos últimos años, al menos la mitad de los migrantes detenidos han obtenido permiso para permanecer en el país y luchar contra las órdenes de deportación en los tribunales de inmigración.

Aunque las cifras varían cada mes, los datos del gobierno estadounidense muestran que más de la mitad de la gente que cruzó la frontera sur de manera ilegal en julio y agosto fue puesta en libertad unos días después con un permiso de estancia provisional.

Hay 659 jueces de inmigración y alrededor de 800 funcionarios de asilo que deciden las solicitudes de asilo. En julio, el gobierno recibió alrededor de nueve solicitudes por cada caso cerrado.

Las solicitudes de asilo se presentan ante dos organismos gubernamentales distintos: el tribunal de inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional.

El tribunal de inmigración suele ser la vía utilizada por quien han cruzado la frontera sur sin documentos. Los migrantes hacen fila para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza y se les abre un procedimiento de deportación. Mientras se resuelven sus casos, pueden solicitar asilo en el tribunal de inmigración.

Eliminar el rezago de casos en los tribunales de inmigración costaría más de 2000 millones de dólares en los próximos cinco años, según los análisis y datos de solicitudes recientes de financiamiento.

Las personas que solicitan asilo a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos suelen ser quienes llegaron al país por la vía legal, por ejemplo a través de un programa de permiso humanitario provisional o con una visa de visitante.

La agencia no ha podido hacer un cálculo de lo que costaría acabar con el rezago en los casos de asilo. Pero los funcionarios afirman que esta carece de fondos suficientes para ponerse al día a corto plazo. Por primera vez, el número de solicitudes de asilo pendientes de tramitarse acaba de superar el millón.

Ese es el tiempo que algunas personas esperan a que el gobierno emita una decisión sobre su solicitud de asilo. Según estimados recientes, la espera promedio es de tres años en los tribunales de inmigración y de 10 años si se presenta una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. A pesar de los recursos adicionales destinados para ayudar a gestionar la abrumadora carga de trabajo, cada año se presentan muchas más solicitudes de asilo de las que el gobierno es capaz de resolver.

Para muchos, la espera de años para obtener una decisión es suficiente beneficio. Los solicitantes de asilo pueden trabajar legalmente y a menudo viven en entornos mucho más seguros que aquellos de los que huyeron. Los encargados de diseñar políticas públicas afirman que este periodo de espera, que tiende a aumentar a medida que crece el rezago, ha sido uno de los mayores impulsores de la inmigración ilegal.

Ese es el número de personas a las que se les ha dicho que deben abandonar el país pero que siguen viviendo en Estados Unidos, según un funcionario familiarizado con los datos internos del Gobierno. Esto incluye a las personas cuyas solicitudes de asilo han sido negadas. Una vez que un juez de inmigración comunica a los inmigrantes que deben abandonar el país, disponen de 90 días para hacerlo. Pero muchos nunca lo hacen.

(c) The New York Times