“No es bueno que haya COVID-19 en una residencia para adultos mayores”, afirmó Deb Wityk, masajista jubilada de 70 años que vive en una residencia llamada Spurgeon Manor, en la zona rural de Iowa. Se contagió con la enfermedad en dos ocasiones y está ansiosa por recibir la vacuna recién aprobada porque padece leucemia crónica, lo cual debilita su sistema inmunitario.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés) aprobaron la vacuna más reciente hace dos semanas, y las inyecciones nuevas se pusieron a disposición del público en general hace más o menos una semana. No obstante, muchas residencias para ancianos no comenzarán a vacunar hasta bien entrado octubre o incluso noviembre, aunque los contagios entre esta población vulnerable están aumentando, hasta casi el 1% o 9,7 por cada mil residentes a mediados de septiembre, desde un mínimo de 2,2 por cada mil residentes a mediados de junio.
“La distribución de la vacuna nueva contra el COVID-19 no está yendo bien”, señaló Chad Worz, director general de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos Consultores. “Sin duda, los adultos mayores de esos entornos son los más vulnerables y se les debería haber dado prioridad”.
Con el final formal de la emergencia de salud pública en mayo, el gobierno federal dejó de comprar y distribuir vacunas contra el COVID-19. Esto ha añadido nuevas complicaciones a los gestores de residencias de adultos mayores, que durante la pandemia han encontrado resistencia a la hora de persuadir a la gente, en especial a sus empleados, para que se apliquen otra ronda de vacunas.
El coronavirus diezmó las residencias de ancianos durante los dos primeros años de la pandemia, provocando la muerte de más de 200.000 residentes y miembros del personal.
Elizabeth Sobczyk, directora de proyecto Moving Needles, una iniciativa financiada por los CDC para mejorar los índices de vacunación de adultos en centros de cuidados de larga duración, dijo que, sin un acuerdo gubernamental para comprar las vacunas, los fabricantes solo las producirían en grandes cantidades una vez que los expertos de los CDC recomienden su aprobación.
“A continuación, tiene que pasar por una inspección de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) ─porque queremos vacunas seguras─, luego hay que hacer el contrato y distribuirlas”, comentó Sobczyk. “Así que entiendo perfectamente la frustración, pero también por qué la disponibilidad no fue inmediata”.
Incluso una vez que las vacunas estén disponibles, los asilos de adultos mayores se enfrentan a una resistencia continua a las vacunas entre el personal de enfermería y auxiliar. Sin obligaciones estatales para que los trabajadores se vacunen, la mayoría de las residencias de ancianos confían en la persuasión y con frecuencia resulta más difícil.
“La gente quiere que el COVID-19 sea cosa del pasado”, señaló Leslie Eber, directora médica del Orchard Park Health Care Center de Centennial, Colorado. “Este año vamos a tener que recordarle más a la gente que el COVID-19 no es benigno. Quizá sea un resfriado para algunas personas, pero no para la gente a la que cuido”.
Solo el 62% de los habitantes en residencias para adultos mayores tienen un esquema de vacunas actualizado, lo que significa que han recibido el último refuerzo disponible antes de la vacuna más reciente de este mes, según datos federales de mediados de septiembre. Se trata de una mejora con respecto al índice del 38% registrado a principios de octubre de 2022.
No obstante, solo el 25 por ciento de los trabajadores de residencias para ancianos tienen su esquema de vacunación actualizado, lo que se acerca al índice de octubre pasado.
En una declaración escrita, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que estará identificando instalaciones de cuidado a largo plazo con índices de vacunación bajos y ofreciendo su ayuda a fin de asegurar que “se estén implementando medidas comprobadas de prevención y control de contagios para proteger a los adultos mayores.”
Este año, más enfermeros y auxiliares tendrán que vacunarse en farmacias o centros de salud en su tiempo libre, en lugar de hacerlo en el trabajo. Muchas residencias gestionan clínicas, en las que las farmacias de cuidados prolongados suministran la vacuna como hacían antes, pero se enfrentan a problemas burocráticos adicionales a la hora de facturar a las aseguradoras la vacuna tanto para los residentes como para los trabajadores.
Además, las residencias están poniendo en marcha una nueva vacuna contra otro virus peligroso, el virus respiratorio sincitial (VRS), que supondrá una tercera inyección para muchos residentes, junto con las vacunas contra el COVID-19 y la influenza.
El trío de vacunas creará más complejidad administrativa para las residencias de ancianos, porque ahora deben facturar a Medicare para que les reembolse las vacunas. La vacuna contra el COVID-19 se carga a la Parte B de Medicare, que cubre los servicios ambulatorios y médicos, pero la vacuna contra el VRS debe facturarse a la Parte D de Medicare, la prestación de medicamentos con receta.
“Estados Unidos metió la pata hasta el fondo con las vacunas”, afirmó David Nace, director médico de UPMC Senior Communities en Pittsburgh. “¿A quién carambas se le ocurrió esta idea de que algunas están bajo la Parte B y otras bajo la Parte D y algunas pueden ser facturadas por una farmacia?”.
Aunque Medicare pagará las vacunas para la mayoría de los habitantes de residencias para adultos mayores, algunos trabajadores se enfrentarán a la burocracia de los seguros privados y, un pequeño grupo, a gastos que corran por su cuenta.
Leslie Frane, vicepresidenta ejecutiva del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios, que representa a más de 134.000 trabajadores de 1465 residencias para ancianos, dijo que muchas de estas habían dejado de tener clínicas en las instalaciones y les habían indicado a sus trabajadores que fueran a la farmacia a vacunarse. Afirmó que esto provocaría que más empleados dejaran de aplicarse las vacunas.
“Hay muy poco tiempo ya que los trabajadores de las residencias para ancianos tienen varios empleos”, señaló.
Los CDC resolvieron que entre 25 y 30 millones de personas sin seguro médico, o cuyos seguros no cubren los costos de las vacunas, reciban dosis gratuitas en farmacias, centros médicos y consultorios enlistados en www.vaccines.gov. Frane aseveró que el programa no era muy conocido entre los trabajadores y Worz comentó que la distribución favorecía a las grandes cadenas de farmacias, lo que ralentizó el acceso a las vacunas en las comunidades rurales. Los funcionarios federales afirmaron que, de las 19.400 farmacias independientes de Estados Unidos, 627 (muchas en las zonas rurales) se inscribieron al programa y se agregaron cien más.
No obstante, el gran obstáculo sigue siendo la resistencia a la vacunación entre personal de enfermería y asistentes. Al igual que muchos propietarios de instituciones, Avalon Health Care Group, que es dueño o administra más de una decena de residencias para ancianos en los estados del oeste del país, no está vacunando a su personal. Sabine von Preyss-Friedman, directora médica de Avalon, aseveró que trata de atender los motivos con cada trabajador y no dejará de ejercer presión.
Jim Wright, director médico del Centro de Salud Our Lady of Hope y de dos residencias para ancianos en Richmond, Virginia, dijo que las recompensas y la persuasión respetuosa no eran suficientes para convencer a los trabajadores. Añadió que suelen ser veinteañeros o treintañeros y que no les preocupa contagiarse de COVID-19, pues muchos ya lo han padecido.
“Es probable que no lo hagan para proteger a los habitantes de estas residencias o a sí mismos”, explicó. “No sé cuál sea la respuesta”.
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