CIUDAD DE MÉXICO — Todos los días que Vélina Élysée Charlier conduce su automóvil, pasa por barrios bloqueados con barreras y, según relató, con frecuencia ve en la calle cuerpos sin vida: el saldo de constantes ajustes de cuentas entre pandillas y grupos justicieros en la capital de Haití.
Después de que anochece, nunca sale de su casa por temor a que la asesinen o secuestren. Según relató Charlier, cuando a su hija de 8 años le dio apendicitis una noche, la familia esperó hasta la mañana siguiente para buscar atención médica, pues de ninguna manera iban a conducir a esas horas a un hospital.
“Estos días, Puerto Príncipe parece un área infernal”, comentó Charlier, de 42 años, una prominente activista anticorrupción de la ciudad y madre de cuatro que vive en una ladera cerca de la capital.
En vista del control que estaban ganando las pandillas en una parte tras otra de la capital de Haití, el frágil gobierno del país solicitó hace casi 12 meses la ayuda de fuerzas militares extranjeras para poner orden en la nación caribeña atormentada por la crisis. En respuesta a ese llamado desesperado, un grupo dirigido por Kenia por fin parece estar a punto de materializar por primera vez una misión de este tipo encabezada por un país africano en uno de los lugares más inestables de América.
Pero en vista de que las condiciones de seguridad en Haití se salen cada vez más de control, lo cual es evidente en el creciente número de asesinatos en las inmediaciones de Puerto Príncipe, a medida que varias pandillas bien armadas intentan reprimir un movimiento justiciero iniciado por los ciudadanos, muchas personas en el país han comenzado a criticar el plan, al que consideran insuficiente y tardío. Las críticas resaltan ansiedades arraigadas en Haití respecto a las intervenciones extranjeras, así como la falta de confianza en las fuerzas de seguridad kenianas por su historial de abusos de derechos humanos y corrupción.
Charlier dijo dudar que el grupo dirigido por los kenianos tenga suficientes integrantes como para lograr avances contra las pandillas, que se piensa controlan alrededor del 80 por ciento de la capital. El plan es enviar a 1000 policías kenianos y varios cientos de oficiales o soldados de países caribeños.
“Para combatir a las pandillas tendrán que ir a los barrios bajos y los cerros, terreno que es necesario conocer muy bien”, explicó Charlier. Indicó que, en vez de invertir dinero en fuerzas extranjeras, sería mejor fortalecer a la policía de Haití que se ha visto menguada.
Antes de que los soldados kenianos siquiera obtengan la autorización necesaria para emprender la misión de parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la magnitud de la crisis en Haití ya genera dudas sobre lo que pueden lograr los kenianos.
El plan de un equipo de menos de 1500 soldados es similar al aplicado en 1994, cuando intervino un grupo integrado por 21.000 soldados, encabezado por Estados Unidos, y otro más, enviado por Brasil aproximadamente una década más tarde, que llegó a estar conformado por hasta 13.000 soldados.
Estados Unidos y Brasil, los dos países más grandes del continente americano, se rehúsan a que sus fuerzas participen en una intervención. Esa cautela refleja las dudas que causa enviar un número considerable de soldados dos años después del retiro de Estados Unidos de Afganistán y lo fatigados que están muchos gobiernos del hemisferio por las crisis casi perpetuas en Haití, en especial después de que el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 creó un vacío de poder en esa nación ya de por sí volátil.
Las escenas de violencia anárquica tienen a muchos habitantes de Puerto Príncipe en vilo. A finales de agosto, algunos miembros de pandillas abrieron fuego contra manifestantes organizados por el dirigente de una iglesia evangélica y causaron la muerte de por lo menos siete personas; a principios de este mismo mes, algunos pandilleros quemaron vivas a siete personas de la misma familia, al parecer en represalia porque un pariente apoyaba un movimiento de autodefensa ciudadana.
Entre los estallidos más recientes de violencia pandillera, Estados Unidos instó a sus ciudadanos en repetidas ocasiones durante el verano a salir de Haití lo más pronto posible. Entre abril y junio, por lo menos 238 sospechosos de pertenecer a pandillas, incluidos algunos retirados de custodia policiaca, fueron asesinados en linchamientos, según las Naciones Unidas. Algunos fueron apedreados, mutilados o quemados vivos.
El gobierno de Biden apoya el plan de los kenianos. Las conversaciones en torno a la oferta de Kenia de enviar una fuerza policiaca multinacional a Haití arrancaron hace unos dos años, pero apenas comenzaron a concretarse este año, según informó el secretario del Gabinete para Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua.
Este año, tanto Estados Unidos como Bahamas le preguntaron a la nación del este de África si consideraría encabezar un grupo operativo para ayudar a restablecer el orden. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, le reiteró una solicitud similar al presidente de Kenia en una reunión independiente sostenida durante la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en París en junio.
Otra motivación para Kenia fue inspirar unidad panafricana y mostrar solidaridad con el pueblo de Haití, donde los esclavos organizaron la revolución para liberarse de los franceses, señaló Mutua.
Si bien todavía falta concretar acciones específicas de operación, el secretario indicó que prevé que la policía de Kenia entrene a sus homólogos haitianos, patrulle con ellos y proteja “instalaciones clave”. Afirmó que espera que los oficiales kenianos lleguen a Haití para finales de año.
“No está en duda que vayamos a Haití… sin duda, vamos a ir”, declaró Mutua en una entrevista. “Estamos convencidos”.
Las fuerzas de seguridad de Kenia desde hace tiempo han participado en despliegues militares en el extranjero; han prestado servicios en países como Líbano, Sierra Leona y Sudán del Sur. Kenia tiene 445 miembros de su personal en misiones de paz de las Naciones Unidas, según datos de la ONU. Algunos soldados kenianos también participaron en otra misión de paz de la Unión Africana en Somalia y en un nuevo grupo operativo regional desplegado en la volátil región este del Congo.
Pero, tanto al interior como en el exterior, las fuerzas de seguridad de Kenia están bajo la lupa por sus acciones.
En Somalia, se ha acusado al Ejército de Kenia, aliado clave de las Naciones Unidas en la lucha contra el extremismo islámico, de facilitar y aprovechar exportaciones ilícitas de carbón de leña y azúcar.
Los agentes de policía kenianos también han sido condenados por grupos defensores de derechos, que los acusan de utilizar fuerza excesiva, cometer asesinatos extrajudiciales y realizar detenciones arbitrarias. Estas acciones se constataron durante la pandemia, cuando se acusó a su fuerza policiaca de matar a decenas de personas para hacer cumplir los confinamientos. La policía de Kenia también asesinó por lo menos a 30 personas que participaban en manifestaciones contra el gobierno este año, según Amnistía Internacional.
En vista de este historial, tanto activistas como grupos defensores de los derechos humanos en Kenia y otros países han criticado la decisión de enviar a la policía de Kenia a Haití. Muchos le han expresado su preocupación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como al gobierno de Estados Unidos y otros más, y han instado a estos organismos a dejar de apoyar el plan.
Algunas autoridades estadounidenses afirman que su principal interés es no repetir los mismos errores que en previas misiones de estabilización en Haití. La administración de Biden no quiere que la fuerza multinacional participe en enfrentamientos constantes con las pandillas, sino que garantice que se pueda enviar ayuda humanitaria con seguridad a la nación, según comentaron dos funcionarios estadounidenses enterados del asunto, pero que no están autorizados para hacer declaraciones públicas.
De cualquier manera, muchos haitianos hacen eco de las preocupaciones de los grupos kenianos defensores de derechos y resaltan las intervenciones recientes como prueba del daño que le causan al país. La confianza en las Naciones Unidas se fue a pique en Haití después de que ciertas investigaciones demostraron que la falta de aseo de las fuerzas de paz de ese organismo, enviadas a Haití tras el terremoto de 2010, causó uno de los brotes más mortíferos de cólera en la era moderna, con un saldo de por lo menos 10.000 personas.
Gédéon Jean, director ejecutivo del Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos, organización independiente de Haití, hizo notar que la misión de paz de las Naciones Unidas, que concluyó en 2017, llegó a gastar cientos de millones de dólares al año en sus operaciones.
Jean se lamentó de que, al partir, “dejó una fuerza policiaca que ni siquiera contaba con un helicóptero o buen equipo antibalas”.
Dada la talla propuesta de las fuerzas kenianas, otra preocupación es que no estén mejor armadas que las pandillas. “Esta gente tiene rifles calibre 50 montados en camionetas”, señaló Daniel Foote, antiguo enviado especial del gobierno de Biden a Haití, que renunció en 2021 por la deportación de migrantes haitianos, acerca de las pandillas que ya esperan a los kenianos. “No se puede hacer con gente sin la preparación necesaria; no hay manera de solucionar la situación si vienen principiantes”.