En la frontera de Texas, disminuye el apoyo a las medidas represivas de Abbott

EAGLE PASS, Texas — Cuando el gobernador de Texas, Gregg Abbott, anunció hace dos años un plan multimillonario para impedir que los migrantes cruzaran la frontera desde México, la ciudad fronteriza de Eagle Pass veía llegar a 1200 personas diariamente y muchos residentes estuvieron de acuerdo con la ayuda adicional.

Hugo Urbina, propietario de un campo de nogales al lado del río Bravo, se sentía molesto con el constante paso de personas, que en ocasiones rondaban las decenas, por sus tierras. Jessie Fuentes, quien tiene un negocio de canoas y kayaks, no quería que los migrantes pensaran que las fronteras de Estados Unidos estaban abiertas. El alcalde del pueblo, Rolando Salinas Jr., veía que la Patrulla Fronteriza estaba rebasada.

“No pueden llegar miles de personas sin que haya alguna consecuencia”, reclamó Urbina.

Pero con el tiempo, a medida que Abbott ponía a prueba los límites jurídicos de la acción estatal en materia de inmigración (con el envío de la Guardia Nacional y decenas de policías estatales a la frontera, así como la instalación de alambre de púas y barreras flotantes a lo largo del río), parte de ese apoyo popular pareció disminuir.

Los informes recientes de lesiones y al menos dos muertes cerca de la cadena de boyas fluviales de 300 metros han aumentado la preocupación de la ciudadanía. “Han ido demasiado lejos”, dijo Fuentes.

La escalada de tácticas de lo que el estado ha denominado operación “mantener la línea” ha suscitado incluso algunas críticas desde dentro del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Patrulla Fronteriza.

En entrevistas, algunos residentes de Eagle Pass comentaron que habían llegado a sentir como si su propio pueblo estuviera bajo asedio, ya que los soldados están apostados a lo largo de las riberas del río para que quienes intentan cruzar den marcha atrás.

El martes 22 de agosto, en una audiencia en un tribunal federal de Austin, Texas, el Departamento de Justicia solicitó a un juez el retiro de la barrera en el río, que según el departamento viola una ley que le otorga al gobierno federal jurisdicción sobre las vías navegables.

El departamento también argumentó que una porción importante de la barrera se colocó en territorio de México y había suscitado objeciones del gobierno de ese país. Posteriormente, el gobierno informó que Texas envió a un grupo de personas la semana pasada para acercar las boyas a territorio estadounidense.

El Departamento de Seguridad Pública estatal declaró que las medidas de control fronterizo están destinadas a disuadir a los migrantes de cruzar por tramos peligrosos del río e ingresar al país sin autorización para solicitar asilo. Según los funcionarios del departamento, la operación estatal exhorta a los que cruzan la frontera a ingresar de forma más segura por un puerto de entrada legal.

En una carta enviada al presidente Joe Biden en julio, Abbott afirmó que sus funcionarios luchaban contra la amenaza de las drogas ilegales, el tráfico de personas y la violencia de los cárteles en la frontera, además de garantizar que los migrantes cruzaran de forma más segura. “Sus políticas de fronteras abiertas animan a los migrantes a arriesgar su vida cruzando ilegalmente por el agua, en lugar de hacerlo de forma segura y legal por un puerto de entrada”, escribió.

El juez David Ezra, del Tribunal de Distrito de Austin, dijo que esperaría a que los abogados presentaran los argumentos finales por escrito al final de la jornada del viernes antes de tomar una decisión sobre la barrera fluvial “lo más rápido que sea posible”.

Afirmó que su fallo se ceñiría estrictamente a “los hechos y la ley”.

“No estoy aquí para hacer ningún tipo de comentario político relacionado con esta decisión”, declaró.

En Eagle Pass, los funcionarios estatales dejaron claro que tenían la intención de continuar con sus operaciones en la frontera, al menos en la ribera del río, durante todo el tiempo que consideraran necesario.

El teniente Christopher Olivarez, vocero del departamento de seguridad pública, comentó que se esperaba que los propietarios de tierras que habían accedido a cooperar con la iniciativa las prestaran para llevar a cabo la operación hasta que finalizara. Olivares aseveró que los planes para la Operación Estrella Solitaria, como se conoce la operación estatal, son “indefinidos”.

Pero muchos residentes propietarios de terrenos cerca del río Bravo comentaron que las autoridades estatales ya habían abusado de su hospitalidad. Aunque en un principio accedió a cooperar, Urbina dijo que había visto con consternación cómo los soldados estatales se habían “apoderado por completo” de sus tierras.

El refugio de migrantes local reportó que muchos migrantes llegan con laceraciones graves causadas por las barreras de alambre de púas y a Urbina le preocupa que algunos de esos heridos se lesionen en su terreno. “No queremos lastimar a nadie”, aseguró.

Este mes, los residentes locales manifestaron su preocupación ante una delegación de congresistas demócratas y funcionarios electos estatales que viajaron para observar el funcionamiento de la operación. El congresista Joaquín Castro, representante de San Antonio, dijo que le preocupaba oír que el programa de Abbott se estaba realizando de manera indebida en una zona que está bajo jurisdicción federal, utilizando terrenos que pertenecen a particulares.

“Lo que quiere hacer es infundir temor entre los texanos diciendo que muchas personas están cruzando el río para dañarlos”, advirtió Castro.

Los funcionarios municipales tampoco ven con buenos ojos la operación estatal.

Salinas, el alcalde de Eagle Pass, que alguna vez proclamó públicamente su apoyo a la Operación Estrella Solitaria y sigue a favor de que haya una mayor presencia de las fuerzas del orden en la frontera, dijo que se había distanciado de las tácticas más agresivas exhibidas últimamente.

Salinas declaró que, en un principio, accedió a que la policía estatal realizara muchas detenciones de inmigrantes en terrenos propiedad de la ciudad, en Shelby Park. Pero los residentes locales, cansados de no poder usar el parque, presionaron hace poco al Ayuntamiento de Eagle Pass para que revocara ese permiso.

Salinas comentó que no había accedido a una solicitud reciente del estado para construir una puerta en una rampa para botes cerca del río.

“Dijeron: ‘Bueno, solo queríamos preguntar. La vamos a poner de todos modos porque hay una declaración de estado de emergencia del gobernador de por medio. Estamos facultados para hacerlo’”, relató.

Comentó que las decisiones sobre inmigración tienen que venir de Washington, no solo del estado y que se trata de algo más que proveer seguridad adicional en la frontera.

”No tenemos las respuestas a nivel local”, afirmó. “El gobierno federal necesita una reforma migratoria. Llevamos 30 años hablando de eso”.

Como parte de una conmemoración por los migrantes que murieron en fechas recientes en el río Bravo, se arrojan flores, en Eagle Pass, Texas, el 7 de agosto de 2023. (Jordan Vonderhaar/The New York Times)

Migrantes en el río Bravo junto a una cadena de boyas destinadas a disuadir que crucen el río, en Eagle Pass, Texas, el 8 de agosto de 2023. (Jordan Vonderhaar/The New York Times)