Si el ex presidente Donald Trump ganara la presidencia incluso cuando hubiera acusaciones penales en su contra, habría una serie de complicaciones extraordinarias.
La acusación del martes sobre cargos federales derivados de su intento por permanecer en el poder después de que perdiera las elecciones de 2020 se sumó a la amenaza judicial cada vez mayor que enfrenta Trump, el puntero del Partido Republicano, mientras hace campaña para un segundo periodo en la Casa Blanca.
En Nueva York, se le acusa de falsificar registros empresariales relacionados con el pago para comprar silencio mientras el fiscal especial Jack Smith también lo acusó con anterioridad de un manejo indebido de secretos de seguridad nacional.
Si hubiese algún caso federal pendiente el día de su toma de posesión, Trump sencillamente podría usar su poder para obligar al Departamento de Justicia a descartar el asunto, como insinuó que podría hacerlo.
(Todavía no se sabe bien cuándo iniciará un juicio por su intento de anular las elecciones de 2020. El caso de los documentos clasificados, el cual se procesará en Florida, está programado para mayo, pero eso podría cambiar dependiendo de cómo se desarrollen los argumentos preliminares).
Pero la Constitución no les concede a los presidentes autoridad supervisora sobre los fiscales estatales, así que eso no funcionaría en el caso de las investigaciones estatales en Nueva York y Georgia, donde la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha señalado que está a punto de llegar a una decisión acerca de los cargos en su propia investigación relacionada con la interferencia en las elecciones.
Quizás lo más que pueda hacer Trump sería intentar retrasar un proceso sobre cualquier acusación estatal que estuviera pendiente. Anteriormente, el Departamento de Justicia ha adoptado la postura de que los procedimientos penales contra un presidente mientras está en funciones serían inconstitucionales porque afectarían su capacidad de desempeñar sus deberes.
No hay ningún fallo definitivo de la Corte Suprema acerca del asunto debido a que nunca antes se había presentado este problema. En 1997, la Corte Suprema autorizó una demanda federal contra el presidente Bill Clinton cuando estaba en funciones, pero se trataba de una demanda civil, no penal.
El juicio de Trump en Nueva York por las acusaciones de fraude contable está programado para iniciar en marzo; la fecha de algún juicio en Georgia sigue abierta.
Si Trump fuera hallado culpable en uno o más casos, lo más seguro es que presente apelaciones, con lo cual se retrasaría cualquier sentencia y garantizaría que no estuviera encarcelado el día de la toma de posesión. Luego, surgiría la pregunta de qué ocurriría si asumiera el cargo por un segundo periodo.
Si fuera declarado culpable en un caso federal, probablemente procedería a otorgarse el indulto, una facultad que, en 2018, afirmó tener el “derecho absoluto” de ejercer. No está claro si un autoindulto sería legítimo.
En ningún lugar de la Constitución dice que está prohibido que un presidente haga esto. Pero en 1974, el Departamento de Justicia emitió un dictamen jurídico conciso que decía que el presidente Richard Nixon, al parecer, no tenía la facultad para indultarse a sí mismo “según la norma fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso”.
Pero el dictamen no explicaba lo que transformaba ese principio en un límite no escrito al poder que la Constitución confiere a los presidentes. Los juristas no están de acuerdo en ese tema, pero ningún presidente jamás ha afirmado que se estuviera indultando a sí mismo, así que esto nunca ha sido probado ante el tribunal.
En un escenario así, Trump está casi seguro de ejercer su control del Departamento de Justicia para garantizar que esté de su lado con respecto a si un autoindulto es legítimo. Si los fiscales no cuestionan un autoindulto, no queda claro quién más tendría capacidad legal para ocuparse del asunto.
Si hallaran culpable a Trump en Nueva York o Georgia, no se otorgaría el indulto porque la Constitución no le confiere al presidente el poder de perdonar delitos estatales, sino que es una facultad que ejercen los gobernadores. Si el gobernador correspondiente no lo indulta, podría solicitar, por razones constitucionales, una orden judicial federal para retrasar cualquier encarcelamiento (o que requiera su excarcelación) mientras sea el presidente en funciones.
Otra posibilidad es que, si lo encarcelaran, podría ser destituido de su cargo al principio de su segundo periodo, según la enmienda 25, por ser “incapaz de ejercer las facultades y deberes de su cargo”.
Pero ese desenlace requeriría que la mayor parte del gabinete del presidente, junto con el vicepresidente, tomaran esa determinación. Una de las preguntas que plantearía esa posibilidad es quién calificaría como un miembro del gabinete si el Senado no hubiese confirmado ningún candidato político nuevo de Trump.
© The New York Times 2023
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