La acusación formal que se hizo pública el martes en contra del expresidente Donald Trump incluyó cuatro delitos penales en su contra por sus esfuerzos para mantenerse en el poder después de las elecciones de 2020: asociación delictuosa para violar los derechos civiles, asociación delictuosa para defraudar al gobierno, obstrucción corrupta de un procedimiento oficial y asociación delictuosa para llevar a cabo dicha obstrucción.
A continuación, examinaremos más a fondo los cargos.
Uno de esos cargos, conspiración para violar derechos, es el Artículo 241 del Título 18 del Código de Estados Unidos. Una condena por este cargo se castiga con hasta cinco años de prisión.
El Congreso aprobó el Artículo 241 vigente en este momento después de la Guerra de Secesión para perseguir a los blancos del sur, incluidos los miembros del Ku Klux Klan, que utilizaban el terrorismo para impedir que los afroestadounidenses que antes eran esclavos votaran. Pero en una serie de casos del siglo XX, la Corte Suprema confirmó la ampliación del uso de la ley a la asociación delictuosa para cometer fraude electoral, como el relleno de urnas.
Al invocar esta ley, la acusación formal la enmarca como “asociación delictuosa contra el derecho al voto y al recuento de votos”. En esencia, el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de intentar amañar el resultado de las elecciones para atribuirse falsamente la victoria.
“El propósito de la asociación delictuosa fue anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 mediante el uso de reclamaciones falsas a sabiendas de fraude electoral para obstruir la función del gobierno federal mediante la cual se recogen, cuentan y certifican esos resultados”, dice la acusación.
La acusación cita cinco medios mediante los cuales Trump y los demás coacusados de cometer el delito de asociación delictuosa buscaron revertir los resultados de las elecciones, incluyendo presionar a los legisladores estatales y funcionarios electorales para cambiar los votos electorales ganados por su oponente, Joe Biden, a favor de Trump.
“Es decir, usando como pretexto reclamos de fraude sin fundamentos, el acusado presionó a los funcionarios en ciertos estados para que ignoraran el voto popular, privaran del derecho a voto a millones de votantes, descartaran a los electores legítimos y, en última instancia, provocaran la determinación y la votación de los electores ilegítimos a favor del acusado”, decía la acusación.
La acusación también menciona el reclutamiento de electores falsos en los estados pendulares que ganó Biden, con la intención de ejercer el poder del Departamento de Justicia para alimentar mentiras sobre la conspiración electoral y presionar al vicepresidente Mike Pence para retrasar la certificación de las elecciones o rechazar a los electores legítimos.
La acusación agrega que, cuando todo lo anterior falló, Trump y sus cómplices “explotaron” la disrupción violenta ocasionada por el ataque del 6 de enero de 2021, “redoblando los esfuerzos para plantear falsas afirmaciones de fraude electoral y convencer a los miembros del Congreso de retrasar aún más la certificación con base en esas afirmaciones”.
La acusación, que relata cada uno de esos episodios en detalle, se basa en los mismos hechos básicos para los otros cargos contra Trump.
Uno de ellos, asociación delictuosa para defraudar a Estados Unidos, se relaciona con el Artículo 371. Cualquier condena por este cargo también se castiga con hasta cinco años de prisión.
La posibilidad de este cargo forma parte desde hace tiempo del debate público sobre la investigación. Por ejemplo, en marzo de 2022, un juez federal dictaminó que los correos electrónicos de John Eastman, un abogado que asesoró a Trump en la iniciativa, tal vez estaban relacionados con ese delito y, por tanto, podían acogerse a una exención del privilegio abogado-cliente.
Y la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero recomendó en su informe final de diciembre que el Departamento de Justicia imputara a Trump y a otras personas por este delito.
Los cargos tercero y cuarto están muy relacionados: obstrucción corrupta de un procedimiento oficial y asociación delictuosa para cometer ese delito. Ambos son disposiciones del Artículo 1512. Cualquier condena en virtud de ese estatuto se castiga con hasta 20 años de prisión.
Los fiscales ya han utilizado esta ley para acusar a cientos de personas que participaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero, acusándolas de obstruir la sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria de Biden.
En abril, un tribunal federal de apelaciones confirmó la viabilidad de aplicar esa acusación en relación con el ataque al Capitolio, pero utilizarla contra Trump puede plantear cuestiones diferentes, ya que él no participó personalmente en el motín.
Una turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump ataca el Capitolio en Washington, el 6 de enero de 2021. (Jason Andrew/The New York Times)
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