El Tribunal Constitucional de Perú declara que el indulto de Alberto Fujimori es procedente

Especial para Infobae de The New York Times.

La máxima corte del país emitió un fallo para liberar a Fujimori de una pena de prisión de 25 años por abusos a los derechos humanos. El expresidente ha cumplido con menos de 15 años de la sentencia.

LIMA — La corte máxima de Perú falló el jueves a favor de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien ha servido menos de 15 años en prisión de una sentencia de 25 años por abusos de derechos humanos durante su dictadura en los años noventa.

En un fallo de 4 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Constitucional de Perú restauró el controversial indulto de 2017 que una corte inferior había anulado bajo el argumento de que se concedió de forma ilegal. La decisión es, para muchos, un recordatorio de la influencia de la familia Fujimori en Perú en tanto ha moldeado la política del país en las últimas tres décadas.

Aníbal Torres, el primer ministro de Perú, dijo que el gobierno respetaría la decisión del tribunal, pero criticó el fallo.

“Lamentablemente, el Tribunal Constitucional se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes”, dijo Torres en una entrevista con Exitosa, un medio local. “Siempre me he pronunciado porque este organismo en el Perú debe desaparecer”.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, hizo eco de la crítica al tuitear: “los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”.

Esta semana, Fujimori, de 83 años, volvió a su celda de prisión luego de pasar más de una semana en una clínica privada, donde su familia dijo que recibía tratamiento por afecciones cardiacas y fibrosis pulmonar, una enfermedad incurable.

Fujimori, una figura muy controversial en Perú, es visto por algunos como un dictador corrupto y cruel mientras que otros le atribuyen poner fin a una dolorosa crisis económica y acabar con las insurgencias violentas de izquierda durante un conflicto interno de dos décadas.

Los medios en Perú mostraron grupos de seguidores de Fujimori que celebraban el fallo y mostraban afiches que decían: “Fujimori salvó al Perú”. Se planeaba una protesta la noche del jueves en el centro de Lima para manifestar rechazo a la decisión.

César Nakazaki, abogado de Fujimori, dijo a Radio Programas del Perú que esperaba que su representado fuera liberado en uno o dos días.

Sus opositores dijeron que el fallo era un insulto a las víctimas y un golpe a los esfuerzos para acabar con la impunidad de los poderosos en Perú, un país donde cuatro expresidentes enfrentan procesos por corrupción o lavado de dinero que podría llevarlos a prisión durante varios años.

“Una vez más aquí en nuestro país el derecho a la justicia de las víctimas no se está cumpliendo”, dijo Gisela Ortiz, una exministra de Cultura y hermana de un hombre que fue asesinado en 1992 por un escuadrón de la muerte. “Tenemos que seguir insistiendo”, dijo Ortiz en una entrevista con Radio Programas del Perú.

La decisión es la más reciente de los reveses en el destino de Fujimori, un exprofesor de ingeniería agrícola que llegó al poder en 1990 con una plataforma populista y, una década más tarde, renunció al poder por fax desde Japón, el país de sus padres, cuando enfrentaba amplias protestas por acusaciones de corrupción y fraude electoral.

Fujimori fue detenido en 2005 durante una visita al vecino Chile y extraditado a Perú en 2007. Dos años después, fue condenado por violaciones a los derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales de 25 civiles a manos de escuadrones de la muerte durante la campaña contrainsurgente de su gobierno. La corte dijo entonces que sus condenas constituían crímenes de lesa humanidad, lo que, según sus opositores, debería impedirle recibir cualquier tipo de indulto.

Fujimori también ha sido condenado por secuestro y corrupción política, y todavía está a la espera de juicios relacionados con otra masacre y la presunta esterilización forzada de mujeres indígenas mientras estaba en el poder.

En la Nochebuena de 2017, el expresidente de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski le concedió a Fujimori un indulto humanitario después de llegar a un acuerdo con una facción de los partidarios de Fujimori en el Congreso que lo ayudó a evitar un juicio político. Sin embargo, al cabo de un año, un juez de la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto y ordenó su reingreso a prisión, al considerar que se había concedido por razones políticas y no médicas, como exige la ley.

El indulto desencadenó manifestaciones grandes a nivel nacional y le costó a Kuczynski un apoyo político clave que contribuyó a su renuncia en 2018. Kuczynski está ahora en arresto domiciliario a la espera de un juicio por acusaciones de corrupción, que él niega.

Un abogado que representa a las víctimas de Fujimori, Carlos Rivera, dijo el jueves que han pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intervenga, como lo hizo en 2018, cuando ordenó a los tribunales peruanos revisar la legalidad del indulto.

Omar Cairo, abogado constitucionalista, dijo que la Corte Interamericana podría hallar que la decisión es ilegal y ordenar que Perú anule el indulto una vez más. Perú es signatario de una convención regional de derechos humanos y está sujeto al organismo. El gobierno del presidente Castillo podría responder a una posible decisión de la corte regional y o bien ordenar la captura de Fujimori o concederle su propio indulto con base en sus afecciones médicas actuales, dijo Cairo.

Sin embargo, la decisión de la corte de derechos humanos podría tomar varias semanas.

No estaba claro el jueves en dónde viviría Fujimori después de dejar la celda de la prisión, que fue construida para él en una base naval en las afueras de Lima. Después del indulto en 2017, Fujimori se mudó a una amplia casa en un distrito residencial en la capital que, al parecer, fue pagada por sus partidarios y pidió a los peruanos que lo perdonaran.

Sin embargo, Fujimori no ha reconocido su culpa en ninguna de sus condenas y no ha pagado ninguno de los millones de dólares que debe al Estado peruano como reparación civil.

Más de dos décadas después de su huida de Perú, el movimiento populista de derecha que Fujimori construyó durante su década en el poder sigue siendo influyente en el país.

Su hija, Keiko Fujimori, de 46 años, es líder de la oposición y estuvo cerca de ganar la presidencia en las últimas tres elecciones. Su partido ahora cuenta con 24 escaños en el Congreso actual de 130 legisladores, que votará el 28 de marzo una propuesta para abrirle un juicio político a Castillo.

El habeas corpus que el Tribunal Constitucional concedió a favor de Fujimori el jueves es una de tres apelaciones que buscaban su liberación ante el tribunal, y se produjo después de la muerte de un juez que se consideraba que inclinaba la balanza en contra de la liberación del expresidente, comentó Rivera.