El dilema de EE. UU. en Guatemala: ¿detener la corrupción o la migración?

Especial para Infobae de The New York Times.

El presidente Joe Biden prometió abordar la corrupción en Centroamérica, un propósito que ha tenido que pasar a segundo plano para lograr un clima de cooperación que reduzca el flujo migratorio.

El testimonio fue explosivo: en junio, un testigo dijo al principal fiscal anticorrupción de Guatemala que había ido a la casa del presidente y había entregado una alfombra enrollada llena de dinero.

La declaración acercó al fiscal, Juan Francisco Sandoval, un paso más hacia un choque frontal con el presidente de Guatemala.

La unidad anticorrupción de Sandoval ya había cateado una casa vinculada al exsecretario del presidente, en busca de información sobre 16 millones de dólares que su equipo había encontrado metidos en maletas. Y en mayo, un testigo le dijo que el presidente había negociado una contribución de campaña por 2,6 millones de dólares a cambio de mantener contratos con el gobierno, según muestran documentos.

El presidente atacó públicamente a Sandoval. Altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Antony Blinken, expresaron su alarma ante los esfuerzos por socavar la labor de la unidad anticorrupción, pero la presión no funcionó.

En julio, Sandoval fue despedido de forma abrupta y, como temía que la investigación se extinguiera, abandonó el país con las pruebas que había reunido.

“El sistema de justicia en Guatemala fue tomado por las mafias que están en el poder”, dijo Sandoval en una entrevista desde Estados Unidos. “Era el último bastión visible que quedaba de esa lucha”, agregó, refiriéndose al combate contra la corrupción.

Esta es la dura realidad a la que se enfrenta el gobierno de Joe Biden mientras lucha contra la crisis migratoria en su frontera sur. La mayoría de las familias y los niños que han sido atrapados cruzando la frontera en los últimos años proceden de Centroamérica, y el aumento se está acelerando. Los cruces fronterizos en julio, cuando las autoridades esperaban una tregua debido al mortífero calor del verano, alcanzaron los niveles más altos en más de dos décadas.

El presidente Biden llegó al cargo con la promesa de atacar frontalmente a la corrupción en Centroamérica, argumentando que la única forma de disuadir a los migrantes consiste en solucionar los problemas profundos que obligan a las personas a abandonar sus hogares en primer lugar.

Eligió a la vicepresidenta Kamala Harris para supervisar un esfuerzo de 4000 millones de dólares para atacar dichas “causas de origen” de la migración, empezando por Guatemala, el país en que los funcionarios creían tener más probabilidades de obtener resultados exitosos. Harris se reunió con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en su primer viaje internacional, y pronunció un discurso en el que prometió “erradicar la corrupción donde sea que exista”.

Pero la gestión Biden también depende de los mismos gobiernos que ha prometido vigilar. La reunión de Harris con el presidente tuvo lugar solo unos días después de su ataque público al fiscal, y las acusaciones de corrupción no han disuadido al gobierno Biden de llegar a acuerdos con Giammattei en materia de migración.

A instancias de Estados Unidos, Guatemala accedió a incrementar el número de tropas y policías en sus fronteras para impedir que la gente huyera hacia el norte y detener las caravanas de migrantes antes de que llegaran a México. Guatemala acabó golpeando a los migrantes de una caravana reciente con porras y rociándolos con gas lacrimógeno. No pasaron de la frontera guatemalteca.

Cautelosa de torpedear la cooperación en materia migratoria, la gestión de Biden a menudo ha actuado con lentitud al respaldar su rechazo a la corrupción con castigos a los malos elementos en las altas esferas. Ahora, el espacio entre los discursos duros y las acciones de Estados Unidos está siendo ocupado por los líderes centroamericanos, que han pasado meses reforzando su poder y atacando sistemáticamente a los opositores que se interponen en su camino.

En los últimos meses, el partido gobernante de El Salvador destituyó al fiscal general y a cinco jueces de la Corte Suprema, impulsó planes para ampliar los límites del mandato presidencial, y adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, en parte para reducir la dependencia del país del dólar estadounidense.

La fiscala general de Guatemala, a quien el presidente ha descrito como su amiga, reemplazó a Sandoval con un fiscal que está siendo investigado por el mal manejo de un casño contra los donantes de campaña de un expresidente. Ahora, los integrantes restantes de la unidad anticorrupción indican que algunos de sus casos más importantes están siendo perjudicados.

En un comunicado, la oficina del presidente negó que Giammattei hubiera aceptado sobornos o participado en actos de corrupción y declaró su “compromiso absoluto” para ayudar a aclarar cualquier confusión en torno a las denuncias.

Y en Nicaragua el gobierno se ha acercado cada vez más a una dictadura, ya que el presidente Daniel Ortega ha encarcelado a casi todos los candidatos que planificaban competir contra él en las elecciones de este año.

“Hay que tener cuidado con la forma en que se cumplen las amenazas“, dijo Tom Shannon, quien fue funcionario de alto nivel del Departamento de Estado en los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, y ahora cabildea para el gobierno de El Salvador.

“Ortega ha decidido que no estamos en condiciones de enfrentarlo”, dijo Shannon, refiriéndose al presidente de Nicaragua. “Así que está parado en medio del camino con ambos dedos del medio extendidos hacia nosotros, y toda la región está mirando”.

El gobierno admite que su presión anticorrupción no ha funcionado lo suficiente, impedida por las poderosas fuerzas en Centroamérica que se resisten al cambio.

“Tenemos que reconocer que lo que hemos hecho hasta ahora no ha logrado demostrar la importancia de manejar esto”, dijo Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Departamento de Estado a la región. “Los que están comprometidos con el statu quo ven los esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción como una amenaza para sus intereses” y “están muy decididos a preservar ese statu quo”.

El retroceso antidemocrático de Centroamérica se aceleró bajo el mandato de Trump, quien mantuvo una relación transaccional con la región: mientras sus líderes trataran de interceptar a los migrantes, él no comentaría sobre sus asuntos internos, dijeron los exfuncionarios. Trump también dejó claro que si se negaban, estaba dispuesto a castigarlos rápidamente, recortando la ayuda o imponiendo aranceles, como hizo con México.

Así que los gobiernos centroamericanos reforzaron la aplicación de la ley en sus fronteras, pero también empezaron a desmantelar las principales unidades anticorrupción que investigaban a los poderosos.

Biden llegó al cargo con menos aliados que nunca en la lucha por la rendición de cuentas en la región, y aunque pocos esperarían que igualara la voluntad de Trump de castigar a las naciones para salirse con la suya, funcionarios y exfuncionarios dicen que la relativa pasividad del gobierno frente a la corrupción le ha costado a Estados Unidos influencia en la región.

Aparte de un puñado de nuevas sanciones y de quitarle las visas a elementos corruptos de la región, la respuesta más contundente de Estados Unidos se ha producido a través de expresiones de enojo en entrevistas con la prensa y publicaciones en Twitter.

“Los tuits son afirmaciones y advertencias que, por supuesto, tienen que ser respaldadas muy rápidamente por medidas concretas o, de lo contrario, no serán tomadas en cuenta”, dijo Stephen McFarland, exembajador estadounidense en Guatemala de 2008 a 2011.

“Es como cuando le dices a tu hijo: ‘No hagas algo’, pero cuando lo hace, no hay consecuencias”, dijo Damian Merlo, un lobista que representa al gobierno de El Salvador. “Con Trump”, añadió, “habría consecuencias”.

Tras el despido de Sandoval, la gestión está tratando de tomar una línea más dura en Guatemala, diciendo que dejaría de colaborar con la oficina de la procuraduría general. Pero el gobierno aún trabaja con el presidente guatemalteco, Giammattei: en julio, Estados Unidos reanudó la expulsión de migrantes poniéndolos en vuelos directamente de regreso a Guatemala, una medida que se ha merecido las críticas de los grupos de derechos humanos.

“Su prioridad es la migración, y están sacrificando a la justicia”, dijo Helen Mack Chang, activista guatemalteca de derechos humanos. “Están haciendo lo mismo que Trump”.

En las semanas previas a su despido, Sandoval y su equipo trabajaron intensamente para recopilar pruebas que corroborasen la declaración del testigo que afirmaba haber dejado una alfombra llena de dinero en efectivo en la casa del presidente.

Determinaron que el testigo probablemente había dado con un plan de una empresa minera respaldada por Rusia para sobornar a Giammattei por el derecho de operar parte de un puerto guatemalteco. Tras entregar la alfombra rellena de dinero, el testigo escuchó a uno de los hombres decir que acababan de garantizar “puerta libre en la Portuaria”, según su declaración.

En julio, apenas unas semanas después de iniciada la investigación, María Consuelo Porras, la fiscala general y aliada cercana del presidente, despidió a Sandoval, alegando que no había cumplido órdenes. Sandoval estaba seguro de que ella acabaría con la investigación, así que se marchó con todos los documentos y al huir a Washington los entregó a funcionarios del orden público estadounidenses.

El Departamento de Justicia está estudiando ahora las acusaciones, según un funcionario estadounidense.

Porras prometió que no se obstruiría el trabajo de la unidad anticorrupción que antes dirigía Sandoval. Pero dos fiscales de esa unidad, que hablaron en condición de anonimato por miedo a represalias, dijeron en entrevistas que ella ya está socavando sus investigaciones.

“Las investigaciones están en manos de los corruptos”, dijo Sandoval. “Sin que nadie los detenga”.

Jody García colaboró con reportería desde Ciudad de Guatemala.

Jody García colaboró con reportería desde Ciudad de Guatemala.