Una masacre en Perú, atribuida a Sendero Luminoso, revive el fantasma de la violencia

Especial para Infobae de The New York Times.

La matanza, que se produce semanas antes de las elecciones presidenciales, es una de las peores atrocidades cometidas en el país durante las últimas décadas. Las autoridades señalan al grupo insurgente maoísta.

Catorce personas, entre hombres, mujeres y niños, murieron en una masacre sucedida en una región cocalera remota de Perú, dijo el Ministerio de Defensa, lo que revivió los recuerdos de la brutal insurgencia de izquierda del país apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales, que se desarrollan en medio de un conflicto ideológico.

Los asesinatos, una de las peores atrocidades cometidas en Perú en décadas, se produjeron en la localidad de San Miguel del Ene, dijeron las autoridades en un comunicado el lunes. El comandante general de la Policía Nacional de Perú dijo el lunes temprano que murieron 18 personas, y agregó que sus oficiales todavía estaban trasladándose a la remota localidad para investigar.

Las autoridades han culpado del ataque a una facción disidente de Sendero Luminoso, un grupo rebelde maoísta que aterrorizó al país antes de ser reprimido de manera brutal por el líder autoritario Alberto Fujimori en la década de 1990. Medios locales informaron que junto a los cuerpos se encontraron panfletos que se le atribuyen al grupo terrorista.

“Estamos regresando a una situación que pensamos que habíamos superado”, dijo Pedro Yaranga, un consultor de seguridad peruano, quien aseguró haber obtenido copias y verificado los panfletos de Sendero Luminoso que se dejaron en la escena del crimen. “En Perú, la mayoría de las personas pensaba que Sendero Luminoso ya no existía. Esta tragedia muestra que este no es el caso”.

Se cree que la región montañosa que rodea a San Miguel del Ene, una zona boscosa escasamente poblada y conocida por la producción y el tráfico de cocaína, es la última zona de operaciones importante de lo que queda de Sendero Luminoso.

La masacre podría sacudir el panorama político de Perú a solo dos semanas de una reñida votación presidencial, en la que se enfrentan Keiko Fujimori —la hija del ahora encarcelado Alberto Fujimori— y Pedro Castillo, un maestro y líder sindical de izquierda.

Personas de ambos bandos han tratado de presentar la elección como la repetición de las batallas ideológicas de la turbulenta década de los años noventa, cuando las políticas de mano dura de Fujimori condujeron a la paz a costa de la supresión de la democracia y los derechos civiles.

Los opositores de Castillo han tratado de presentarlo como un simpatizante de Sendero Luminoso que volvería a sumir al país en el caos de la insurgencia. Castillo niega las acusaciones y trató de restar importancia a las propuestas económicas marxistas de su partido desde que se convirtió en el candidato favorito en abril.

“Condenamos el uso político que hace el fujimorismo sobre la desgracia acaecida”, escribió en Twitter Betssy Chávez, congresista electa de Perú Libre, el partido de Castillo.

Las últimas encuestas muestran que Castillo sigue ligeramente por delante en la contienda, aunque su ventaja se ha ido reduciendo en las últimas semanas, lo que ha puesto a Fujimori a poca distancia de la victoria en la mayoría de las encuestas nacionales.

Según los informes, los panfletos encontrados entre las víctimas de la masacre pedían a los residentes que boicotearan la votación y se refieren a los partidarios de Fujimori como traidores.

Yaranga dijo que el país podría experimentar un aumento de la violencia si Fujimori gana la contienda. Los integrantes que quedan de Sendero Luminoso podrían intensificar los ataques contra la hija de su némesis, dijo, y Keiko Fujimori podría intensificar las operaciones antiterroristas.

El trauma de la guerra de Sendero Luminoso contra el Estado peruano ha dejado cicatrices en la nación andina incluso décadas después de terminar. Fundada en 1980 por Abimael Guzmán, un académico maoísta de la zona rural, la insurgencia desató un conflicto interno que cobró la vida de unas 69.000 personas. Las atrocidades cometidas conmocionaron incluso a una región familiarizada con las revueltas marxistas y la opresión estatal.

Guzmán les ordenó a sus seguidores que dejaran las armas después de su captura en 1992, pero un remanente de rebeldes permaneció en áreas remotas de la selva, donde su ideología revolucionaria fue suplantada de manera gradual por el narcotráfico y ataques ocasionales a las fuerzas de seguridad.